Editorial
Este jueves, 29 diputados de las fracciones del Partido Acción Ciudadana (PAC), Partido Liberación Nacional (PLN) y Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), agrupaciones a favor de la reforma fiscal, enviaron a la Sala IV una segunda consulta facultativa, con el fin de que se aclare si la iniciativa en cuestión ocupa 38 votos para un segundo debate.
A ellos se unieron el diputado independiente Eric Rodríguez y el Republicano Otto Roberto Vargas.
Como se había anunciado a inicios de semana, estas bancadas tenían interés en presentar la consulta para que la Sala Constitucional aclare si los puntos que la Corte Plena cuestionó sobre el expediente 20.580 afectan o no la organización e independencia del Poder Judicial.
En el análisis que la Corte Plena realizó sobre el expediente, 11 magistrados votaron para señalar que sí existe una afectación para este Poder de la República.
¿Qué ven como amenaza? Primero que el Mideplan tenga una rectoría en materia de empleo público sobre el Poder Judicial, y esto va más allá de los salarios, pues se relaciona con organización y estructura de puestos.
El segundo punto es darle un carácter vinculante y obligatorio al Servicio Civil en materia de evaluación de desempeño.
Un tercer apartado consiste en que las transferencias previstas a nivel constitucional y legal se vean afectadas por la regla fiscal que propone la reforma, porque se trata de dineros para la lucha contra el crimen organizado, la defensa pública en materia laboral y la protección de víctimas y testigos.
Y la última objeción es en el tema del componente salarial, ya que la reforma toca las particularidades que tiene el Poder Judicial en cuanto a carrera judicial y las distintas funciones que ejercen funcionarios judiciales, como los agentes del OIJ y los jueces.
PETICIÓN
Estas fracciones esperan que la Sala: “Aclare que la normativa legal objeto de consulta facultativa no equivale a disposiciones relativas a la organización y funcionamiento del Poder Judicial, de acuerdo con los límites de la correcta interpretación del artículo 167 de la Constitución Política, al menos en los términos en que han sido dimensionados hasta la fecha por la jurisprudencia constitucional temática”.
Asimismo, que: “Aclare si el texto normativo contenido en el expediente legislativo 20.580, es conforme con el bloque de legalidad constitucional, en el sentido que no riñe con la independencia judicial, ni mucho menos infringe el principio constitucional de separación de poderes”.
En otras palabras, esperan que los magistrados de la Sala Constitucional se aparten del criterio que tuvo la Corte Plena y con ello no necesitar 38 para un segundo debate.
Cabe recordar que, si la Sala IV confirma lo dicho por la Corte Plena, ya el proyecto no podría tramitarse por la vía rápida y requeriría mayoría calificada (38 votos), que a hoy no existe.
“Es una consulta de asuntos de fondo, que se concentra en las objeciones que hizo la Corte Plena, y que la Sala Constitucional revise y a su juicio las quejas de los magistrados son constitucionales o no”, explicó el jefe de fracción liberacionista, Carlos Ricardo Benavides.
Su homólogo socialcristiano, Erwen Masís, también reiteró que el objetivo consiste en aclarar el futuro de la votación y argumenta que ellos creen que el proyecto no requiere una mayoría calificada.
La consulta fue recibida en el Poder Judicial, el cual informó que se le asignó el expediente 18-016883-0007-CO.
