Las agrupaciones sindicales del sector salud y los costarricenses están totalmente en contra del oficio de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) DJ-2290-2018 del 27 de abril de este año, que pretende cobrar a médicos los medicamentos que recetan sin estar incluidos en las listas oficiales de la institución.

Esto cuando se proceda con la interposición de un recurso de amparo para recibir el tratamiento respectivo, y que sea declarado sin lugar.

La medida se considera como una amenaza para los médicos, quienes podrían inhibirse de recetar tratamientos que no formen parte de la CCSS con el fin de evitar conflictos, a pesar de que el paciente realmente lo necesite.

El oficio de la CCSS se emitió tras conocer el criterio de la Dirección Jurídica.

Esto no hace más que pararle la peluca a personas que tienen ciertos padecimientos, pues de no ser efectivos si tuvieran que recetarles un medicamento que no está en los listados de la Caja los médicos lo van a pensar dos veces, pues si se determina que no era necesario entonces el doctor tendría el deber de pagar el valor del tratamiento prescrito, sin lugar a dudas esto los limita a la hora de enviarle medicinas a ciertos pacientes.

DIRECTRIZ SUSPENDIDA

La directriz se encuentra suspendida mientras la Sala Constitucional hace el correspondiente análisis del caso, luego de recibir el recurso de amparo número 18-13753-0007-CO en contra del oficio de la Caja.

En la Sala IV manifestaron que, hasta el momento, ese cobro está suspendido por el reclamo que realizó un costarricense debido al rechazo del Comité Central de Farmacoterapia a una solicitud de compra institucional de un fármaco prescrito por un médico tratante.

En el recurso de amparo se detalla -según indicaron en la Sala- que el cobro de los medicamentos es un mecanismo de intimidación hacia los doctores.

Consultados en el Colegio de Médicos, rechazaron el documento emitido por la CCSS, al que califican como una clara violación a la libertad del acto médico. Además, consideran que se viola el principio de autonomía y la libre prescripción médica y que lesiona el derecho a la salud de los pacientes por amedrentar a los médicos a la hora de emitir una receta.