Editorial
La ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, cuestionó este jueves el acuerdo anunciado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Según la funcionaria, el gobierno todavía no ha sido informado sobre ese acuerdo, pero indicó que “la conversación se tiene que dar entre ONU y el Gobierno de Guatemala, que son los firmantes del acuerdo”.
“Nosotros no hemos tenido ninguna comunicación con Naciones Unidas sobre esas reformas o qué es lo que quieren hacer”, afirmó Jovel.
El acuerdo, hecho público ayer por la Cicig, consiste en el nombramiento de un comisionado adjunto, fortalecer mecanismos de rendición de cuentas a la secretaría de la ONU a través de auditorías periódicas y hacer reportes trimestrales a los donantes sobre el trabajo de fortalecimiento al Ministerio Público.
Reemplazo
Jovel insistió en que el comisionado Iván Velásquez será reemplazado por el comisionado adjunto que nombre la ONU, pues así se ha conversado con la organización.
La funcionaria dijo que Naciones Unidas “trabaja en el listado” que solicitó el Gobierno de Guatemala la semana pasada, donde se elegirá al sustituto de Velásquez y reiteró que para ello se requiere la aprobación de Guatemala.
El requisito que el país requiere para permitir la designación del sustituto del comisionado, según Jovel, es que “trabaje de forma coordinada” con el Gobierno de Guatemala.
Además, la canciller dijo que se trabaja en la conformación de una mesa de trabajo, a la que se invitará a la ONU, para comenzar con el traslado de capacidades de la Cicig a las instituciones del Estado.
Ilegales
Sobre los funcionarios de Cicig que continúan trabajando en el país, pese a que se les denegó o revocó la visa de cortesía, Jovel indicó que ellos se encuentran de forma irregular e ilegal en el país.
En total fueron 11 visas las que no se entregaron a los expertos de Cicig, y los motivos serán conversados con la ONU, indicó la ministra.
