Editorial
En medio del gran déficit que enfrentarán las finanzas públicas el próximo año, al Consejo Supremo Electoral (CSE) se le siguen asignando partidas millonarias para la elaboración de las cédulas de identidad, incluida la reposición y renovación del documento, a pesar de que a los nicaragüenses se les cobra esos trámites.
El rubro se enturbia más cuando se compara lo destinado este año con lo presupuestado para 2019. El próximo año se destina menos dinero para elaborar más cédulas.
Según la propuesta del Presupuesto General de la República 2019 enviada por el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Nacional, al programa de cedulación ciudadana se le asignan 138.2 millones de córdobas el próximo año.
Ese dinero se usará para elaborar 591,397 cédulas de identidad entre las nuevas (que los ciudadanos pidan por primera vez y que no tienen costo) más las que repondrán y renovarán por daño o pérdida, por las que el ciudadano ya paga 300 córdobas y por lo tanto no debería necesitar fondos del erario.
LA PRENSA/ARCHIVO/O. NAVARRETE
Sin embargo, el presupuesto destinado al programa de cedulación del próximo año es de 9.3 millones de córdobas menos que en 2018, cuando le dieron 147.6 millones de córdobas para la elaboración de 127,497 cédulas nuevas (que la ciudadanía recibe sin costo).
Es decir, el próximo año, el CSE recibirá menos recursos que este año, pero elaborará 363 por ciento más cédulas que este año, la mayoría de ellas en reposición, que son pagadas por los ciudadanos.
En el proyecto presupuestario del CSE no se explica por ningún lado la razón de esta disparidad. Además este poder del Estado tampoco rinde cuenta en qué usa los trescientos córdobas que pagan los nicaragüenses por la cédula, lo que siembra más dudas sobre el manejo de los fondos millonarios que recibe el CSE del Presupuesto General de la República.
Grandes dudas
Sobre la evidente disparidad de la asignación para cédulas el próximo año, Dionisio Palacios, exdirector de Cedulación, cree que los números demuestran que el Consejo Electoral ha venido pidiendo dinero por encima del que realmente se necesita para sufragar sus gastos operativos, “práctica que parece ya no ser sostenible ante los problemas del Gobierno para obtener recursos”.
“No se entienden esos cálculos y levantan muchas dudas porque si usted quiere elaborar más cédulas es lógico que necesite más dinero, pero lo que muestra el Presupuesto es que han estado gastando mucho en la cedulación, pero ahora comprobamos que el costo real de elaborar la cédula en Nicaragua es mucho más barato de lo que en el Consejo se ha gastado todos estos años”, refirió Palacios.
En 2018 cada cédula costó más de mil córdobas
Al calcularse el valor por cédula de identidad conforme el presupuesto y la cantidad de documentos a emitirse, este tendría un costo promedio de 233.68 córdobas en 2019. Es un valor por debajo de los trescientos córdobas que los magistrados del CSE impusieron cobrarle a los nicaragüenses por renovar o reponer su documento de identificación. Sin embargo, en 2018 el costo promedio para elaborar la cédula de identidad fue de 1,157 córdobas, basado en lo asignado al CSE para este fin y el número de documentos emitidos.
Para Palacios, es “terrible que se nos siga cobrando la cédula” a los ciudadanos “y a la vez hayan esos grandes gastos de recursos en un Consejo Supremo Electoral que es ineficiente” y partidario.
“Ahí se sigue actuando por interés político porque mientras estén los actuales magistrados la cédula se seguirá priorizando a los militantes sandinistas, mientras el resto de nicaragüenses encuentra un montón de trabas”, afirmó.
El exdirector de Cedulación consideró que las autoridades del CSE deben explicar las inconsistencias del presupuesto que manejarán. LA PRENSA no logró comunicarse con el vocero de la institución, Félix Navarrete, quien no respondió las llamadas telefónicas.
Presupuestos inflados
Para el analista y exdiputado Eliseo Núñez, las cifras del programa de cedulación “son incongruentes”, pero evidenciarían que “el presupuesto del Consejo Supremo Electoral siempre ha sido una gran caja negra por donde se fuga el dinero público”, porque “ante el gran déficit presupuestario el Gobierno no puede seguir sustentando esos gastos irregulares”.
Núñez, quien fue miembro de la Comisión Económica en la Asamblea Nacional, dijo que los números de 2019 denotan “que en el Consejo los presupuestos son inflados, porque estas cifras de la cedulación son inconsistentes, decir que harás más cédulas, pero pediste menos dinero, es injustificable, no cuadran”.
En marzo del 2019 están previstas las elecciones de los consejos regionales en la Costa Caribe Norte y Sur. Núñez recordó que cuando hay comicios suele darse una mayor demanda de la cédula de identidad. “Y a pesar de que la población de la Costa rechaza que hayan elecciones, podría esperarse que se repita el fenómeno de que la gente quiera que le den su cédula, que es su derecho”, aseveró Núñez.
LA PRENSA/R.FONSECA
El 30 abril de 2019 vence la prórroga de quince meses de la vigencia de las cédulas de identidad vencidas. En enero de 2018, la Asamblea Nacional reformó la Ley de Identificación Ciudadana estableciendo la prórroga. El plazo para renovarlas vencía el 31 de enero pasado.
Los diputados sandinistas se opusieron a que la renovación de la cédula fuese gratuita, por lo que los ciudadanos deben pagar los trescientos córdobas al CSE. Los recursos que obtendrán por ese cobro no se refleja en el Presupuesto 2019.
El CSE siempre ha sido premiado por el Gobierno con grandes partidas millonarias, con destinos no claros. El CSE ha realizado al menos cinco elecciones fraudulentas al hilo desde que Daniel Ortega regresó al poder.
La otra cara de la moneda
La cédula de identidad es gratuita la primera vez que el ciudadano la solicita. Sin embargo, los magistrados del tribunal electoral impusieron un cobro de 300 córdobas para renovar o reponer el documento cada vez que la persona lo requiere.
Y mientras al CSE se le asigna dinero para un documento por el cual deben pagar los nicaragüenses, a la Policía Nacional no se le asigna fondos del erario para la fabricación de licencias de conducir, que también es pagada por los ciudadanos.
