Editorial
Propietarios señalan al exdiputado Luis Chávez, quien se declaró culpable en un caso de corrupción, y a un magistrado de la Sala de Apelaciones Regional de Retalhuleu por una invasión a la finca San Francisco Miramar, Colomba, Quetzaltenango.
Los representantes y propietarios de la finca San Francisco Miramar junto con representantes de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y la Cámara de Finanzas denunciaron estafas millonarias a las personas que invadieron los terrenos este año.
El pronunciamiento se hizo este jueves en una conferencia de prensa en la Asociación Nacional del Café (Anacafé) a la que asistió el expresidente Óscar Berger (2004-2008).
Carlos Torrebiarte, representante de la finca San Francisco Miramar, dijo que Luis Adolfo Chávez Pérez, exdiputado elegido por el extinto partido Libertad Democrática Renovada (Líder), es uno de los artífices de las estafas a los pobladores.
También hizo un señalamiento al magistrado presidente de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones, Edwin Alberto Miss Ávila, debido a que aún no ha fijado fecha para conocer la petición de derogatoria del amparo otorgado a los pobladores. La solicitud fue realizada por el Ministerio Público. También señalan al magistrado Miss Ávila de haber sido mandatario legal de la condenada exvicepresidenta Roxana Baldetti.
“Solicitamos a la Fiscalía contra el Crimen Organizado que realice una investigación”, mencionó Torrebiarte.
Las estafas
A los vecinos que llegaron a invadir la finca productora de hule y café del kilómetro 211 de la ruta al Pacífico les cobran Q500 para que sean inscritos en un cuaderno y que un topógrafo haga la medición de un terreno.
Después les cobran Q4 mil 500 para realizar la escritura y otros Q4 mil 500 cuando les entregan el documento. “Esto es una estafa. El terreno tiene dueño. Les dicen que pertenece a (la exvicepresidenta, sentenciada por corrupción) Roxana Baldetti y nos hemos enterado que hasta piden dinero a sus familiares que viven en Estados Unidos”, denunció Torrebiarte.
Las estafas, según Torrebiarte, ya suman hasta Q15 millones y ante eso pide que sea investigado.
Camino legal
La finca fue invadida a mediados de este año. Ante eso los dueños interpusieron una acción legal y el Juzgado de Primera Instancia Penal de Coatepeque ordenó el desalojo de 300 familias el 30 de agosto pasado.
No obstante, la Sala de Apelaciones de Retalhuleu otorgó un amparo el 13 de septiembre pasado a favor de los pobladores que viven en la finca, por lo cual se mantiene detenida la investigación.
En la actualidad los terrenos están invadidos. Los vecinos tienen carpas de plástico y vigilan constantemente el lugar.
El abogado de la finca, Mario Mazariegos, informó que una denuncia del 5 de julio pasado fue destimada debido a que aún no habían invadido los terrenos. La segunda denuncia del 16 de julio último fue aceptada.
“Los hechos se concretan en la invasión a Finca San Francisco Miramar propiedad de Agroindustrias San Francisco Miramar, S. A.”, informó Mazariegos.
Una acción legal promvida por Adoldo Isaías Santizo Solís, Basilio Vásquez Vásquez y Félix Raymundo Gabriel, ante la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones constituida en Tribunal Constitucional de Amparo, al cual se le dio el trámitey se decretó el amparo provisional el 13 de septiembre pasado.
El 21 de septiembre pasado los pobladores volvieron a invadir la finca con el argumento de un amparo que detiene en proceso.
Sin pronunciarse
En la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones evitaron pronunciarse así como el exlegislador Chávez Pérez.
Daños
Las personas que viven en la finca talaron árboles de hule, robaron más de tres mil equipos para recolectar latex, robaron café y han matado ganado para consumo y venta de la carne, explicó el abogado Enrique Cruz, quien tiene más de 40 años de laborar para la finca.
Pide al Ejército
Ricardo Arenas, presidente de Anacafé, solicitó que el presidente Jimmy Morales saque al Ejército para “defender los intereses de la población”.
Por su parte, Berger se solidarizó con los dueños de la propiedad. “Hay mucha contradicción y mucha tardanza en los esfuerzos legales que los representantes de la finca San Francisco Miramar han puesto para hacer valer su propiedad”.
En la conferencia también estuvieron Otto Becker, de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y Ana Amalia Barrios, de la Cámara de Finanzas, quienes apoyaron la petición de los representantes y dueños de la finca.
