Redacción
La situación en el Istmo es alarmante. En los dos primeros meses de este año, 1,738 adolescentes, entre 10 y 19 años, ingresaron al sistema de control prenatal, según revelan los datos del Ministerio de Salud (Minsa). Esta cifra, que no incluye los datos estadísticos de la Caja de Seguro Social (CSS) ni de las clínicas privadas, representa un incremento de 166 casos respecto a los reportados en el mismo periodo del año 2017.
Para junio, los casos aumentaron a un total de 6,090 jóvenes de entre 10 y 19 años según las últimas cifras reveladas por el Minsa (agosto 2018) que corresponden al primer semestre del año. La cifra representa 308 casos más que los registrados durante el mismo periodo de 2017, cuando se contabilizaron 5,782 adolescentes en estado de gravidez.
La lucha en pro de la educación sexual
La planificación familiar ha sido una necesidad insatisfecha desde principios de la República en Panamá. En la década 1940 era normal que una mujer menor de 20 años fuese al Hospital Santo Tomás a parir su tercer o cuarto hijo, explica Nischma Villarreal, directora ejecutiva de la Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia (Aplafa), quien además es abogada con experticia en género y políticas sociales.
Aplafa, fundada por médicos ginecólogos visionarios en diciembre de 1965, vino a responder una demanda de servicios e información de salud que la institución de salud del Estado no proveía, y que todavía, según la activista y exdiputada Teresita de Arias, no lo hace.
“Los esfuerzos históricos que se han hecho en materia de educación sexual y VIH los han hecho asociaciones no gubernamentales”, explica la exdiputada.
El Gobierno se ha negado, reflexiona. “Aunque la Asamblea Nacional no haya aprobado la ley de educación sexual y reproductiva, el gobierno podría haber dado, a través de los centros de salud, orientación y asistencia a las adolescentes”, enfatiza.
Jessica Pinzón explica que muchas de las chicas que llegan al centro Las Claras cuentan que en el momento en que decidieron cuidarse y fueron a buscar información a los centros de salud se negaron a ofrecerles métodos anticonceptivos, ya que no contaban con la aprobación de un acudiente mayor de edad.
“Estamos tarde. No es cierto que los jóvenes no están recibiendo información. Sí la están recibiendo, pero de fuentes equivocadas”, apunta Teresita de Arias.
“Los proveedores de salud deben estar capacitados para brindar atención adecuada a las adolescentes embarazadas y asesoramiento a las muchachas que no quieren quedar”, expresa la doctora Virginia Camacho, del Departamento de Salud y Desarrollo del Niño y del Adolescente, de la OMS.
“La falta de información y el acceso restringido a una educación sexual integral y a servicios de salud sexual y reproductiva adecuados, tienen una relación directa con el embarazo adolescente”, ilustra Esteban Caballero, director regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) para América Latina y el Caribe. “Reducir el embarazo adolescente implica asegurar el acceso a métodos anticonceptivos efectivos”, advierte.
La discusión del proyecto de ley 61 de Educación Sexual y Reproductiva, que adopta políticas públicas de educación integral, atención y promoción de la salud fue suspendida en enero del año pasado, en primer debate, por el presidente de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, Gabriel Soto. “Tenemos la sociedad partida en dos, y el tema se ha 
polarizado”, había indicado el diputado del oficialista Partido Panameñista. “Hay posiciones extremas y encontradas”, lo que ha impedido que se llegue a consensos, señaló en ese momento.
Retos de frente al futuro
El informe presentado por la OPS, la OMS, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la UNFPA, titulado “Aceleración del progreso hacia la reducción del embarazo en la adolescencia en América Latina y el Caribe”, señala algunas recomendaciones para reducir el embarazo adolescente, que involucran desde acciones para generar leyes y normas hasta trabajos de educación a nivel individual, familiar y comunitario:
- Promover medidas y normas que prohíban el matrimonio infantil y las uniones tempranas antes de los 18 años.
- Apoyar programas de prevención de embarazo basados en la evidencia que involucren a varios sectores y que apunten a trabajar con los grupos más vulnerables.
- Aumentar el uso de anticonceptivos.
- Prevenir las relaciones sexuales bajo coacción.
- Reducir significativamente la interrupción de embarazos en condiciones peligrosas.
- Aumentar el uso de la atención calificada antes, durante y después del parto.
- Incluir a las jóvenes en el diseño e implementación de los programas de prevención de embarazo adolescente.
- Crear y mantener un entorno favorable para la igualdad entre sexos y la salud y los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes.
La tasa mundial de embarazo adolescente se estima en 46 nacimientos por cada 1,000 niñas, mientras que las tasas de embarazo adolescente en América Latina y el Caribe continúan siendo las segundas más altas en el mundo, estimadas en 66.5 nacimientos por cada 1,000 niñas de entre 15 y 19 años. Cifras solo superadas por las de África subsahariana, según indica el informe “Aceleración del progreso hacia la reducción del embarazo en la adolescencia en América Latina y el Caribe”, presentado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), en febrero de 2018.
