Editorial
Luego de las reformas al delito de financiamiento electoral ilícito, la Fiscalía comenzó un análisis de los casos que lleva ante los tribunales, los cuales corren el riesgo de ser suspendidos por la modificación hecha en el Congreso.
El fiscal de delitos electorales, Óscar Shaad, se reunió este jueves con la fiscal General, María Consuelo Porras, para tratar aspectos de los casos que han investigado, los cuales, según algunas fuentes consultadas podrían incluso suspenderse con la disposición de los legisladores.
El fiscal de delitos electorales, Óscar Shaad, se reunió este jueves con la fiscal General, María Consuelo Porras, para tratar aspectos de los casos que han investigado, los cuales, según algunas fuentes consultadas podrían incluso suspenderse con la disposición de los legisladores.
Orlando Blanco, de la UNE
El diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) está señalado por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) desde el 24 de agosto del 2017. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) le retiró la inmunidad a Blanco el 7 de marzo pasado.
La acusación se centra a que la agrupación política usó horas de vuelo con Helicópteros de Guatemala, S.A., pero la investigación determinó que las empresas Maariv, S.A. -Q583 mil 730.01- y Bienno, S.A. -1 millón 332 mil 875.05- no pagaron por ese servicio, como hizo ver ese partido político por concepto de donaciones.
De hecho, Bienno devolvió las facturas a Helicópteros de Guatemala y Maariv no tuvo actividad comercial entre mayo y octubre de 2015, cuando se hicieron los vuelos y la UNE reportó las contribuciones.
En cambio, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) determinó que quienes pagaron el dinero a Helicópteros de Guatemala fueron Jack David y Estuardo Vargas Nuñez, pero no fueron reportados como aportes de financistas sino que recayó en el rubro de aportes anónimos, según la acusación.
Los helicópteros fueron utilizados por Sandra Torres, presidenciable, y Carlos Barreda y Orlando Blanco, candidatos a diputados, entre otros, detalla la investigación del MP y la Cicig.
El antejuicio que fue planteado señala que la UNE hizo pagos por Q1 millón 130 mil 725 en su mayoría en efectivo, que incurró en ilegalidad debido a que el dinero usado en campaña debe tener trazabilidad por el sistema bancario.
Nineth Montenegro, de EG
La legisladora Montenegro, secretaria general de Encuentro por Guatemala (EG), fue señalada en una investigación porque el partido incumplió con el plazo para entregar a la Inspección General del TSE los estados financieros del último semestre de 2015.
El caso fue investigado por la Cicig y fue planteado el 10 de agosto pasado. Una semana después la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le dio trámite a la pesquisa.
La denuncia la interpuso el propio TSE el 13 de diciembre de 2016. Debido a que la información no llegó puntual, no fue posible establecer el origen de Q1 millón 748 mil 232.54 que el partido recibió en aquel año.
La empresa Maximum Financial and Investments Services aportó, a través de la entidad Yeyo, S.A., el arrendamiento de seis pasarelas digitales para la campaña, por Q76 mil 784.30 (o su equivalente a US$10 mil) y no fue reportado ante el TSE, de acuerdo con la investigación.
Además, en la campaña de 2011, EG no reportó al ente electoral Q197 mil 500 que provinieron de Publicidad Avance, S.A., y pagó con un cheque.
Respecto a un cheque por Q197 mil en la campaña de 2011, la diputada ha comentado que, si acaso hubo un error administrativo, fue al momento de registrar en la contabilidad un nombre que no correspondía, pero el monto era el correcto, el cheque estaba endosado e ingresó a la cuenta de las donaciones.
Roberto Villate, Líder
El 14 de febrero pasado la CSJ le retiró la inmunidad al diputado Roberto Villate es investigado por un caso de financiamiento electoral ilícito revelado por el MP y Cicig.
Según la investigación presentada por el MP y la Cicig, el extinto partido Libertad Democrática Renovada (Líder) tuvo un gasto de campaña electoral por Q71 millones 633 mil 650.12, sumados a los gastos de propaganda anticipada, estimados en Q12 millones 206 mil 546.61.
La suma de los montos superó por Q31 millones 433 mil 534.03 el techo de campaña establecido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que era de Q 52 millones 406 mil 662.73.
El partido recibió más de Q21.7 millones que no fueron reportados al TSE ni registrados en la contabilidad interna, dando pie al financiamiento electoral anónimo, según la pesquisa.
Jimmy Morales
El caso más reciente fue el antejuicio que fue archivado esta semana por los legisladores en contra del presidente Jimmy Morales.
De acuerdo con la investigación, Morales, candidato presidencial y secretario general del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) en 2015, recibió aportes que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y que constituyen hasta antes de la modificación del Congreso este jueves, la figura de financiamiento electoral ilícito.
La denuncia fue interpuesta el 26 de febrero de 2018 por Paulina Paz Riera, colaboradora de la Fiscalía. Paz, junto con Olga Méndez López, eran representantes legales de Novaservicios, S.A., empresa que recibió los aportes de campaña electoral de Morales.
