Editorial
Volcán de Fuego guatemalteco. El coloso, de casi 3.800 metros de altura, entró en erupción con una brutal explosión que lanzó tres ríos de fuego por la ladera y que convirtió el suelo y el cielo en trampas mortales, y centenares de niños, familias, casas y coches quedaron sepultados bajo toneladas de ceniza. Cuatro aldeas fueron, en cuestión de segundos, engullidas por la lava.
130 días después de la catástrofe, casi 3.200 afectados siguen viviendo de la caridad en improvisados albergues en Escuintla, la ciudad más próxima a la montaña, en el más absoluto olvido por parte de las autoridades guatemaltecas. Domingo Rodríguez, de 65 años y residente -hasta la catástrofe- en la población de San Miguel Los Lotes, lamenta el abandono en el que sobreviven. Su angustia está a flor de piel y se entremezcla con un sentimiento de indignación: “No hay ninguna comunicación ni interés de las autoridades hacia nosotros”, se queja. “Si nos dieran un terreno, nosotros, que somos albañiles, construiríamos nuestras viviendas, sin que el Gobierno gaste sumas enormes de dinero para dotarnos de casas que no llenan los requerimientos mínimos”, afirma en el comedor del albergue improvisado. Charla con otros vecinos que también lo han perdido todo. “Solo en estos momentos encontramos consuelo. Después, la soledad nos carcome”.
La frondosa ladera de plantaciones de café, caña de azúcar, legumbres y frutales quedó convertida en un paisaje lunar al paso de la tierra incandescente, que sepultó el vergel y condenó a los vivos a la indigencia y la caridad. Domingo mide menos de 1,60 y mueve lentamente sus manos callosas doradas por el sol mientras lamenta que ni siquiera puede encontrar un empleo, porque la empresa de construcción en la que trabajaba hasta el día de la tragedia suspendió actividad por tiempo indefinido. Su futuro, dice, es incierto porque “en Guatemala no se contrata a mayores de 40 años”. “Nuestro mañana queda reducido a trabajar en chapuzas, en pequeños trabajos en casas particulares y sin derecho al seguro social, ni a otras prebendas que la ley otorga a los trabajadores”, agrega resignado.
En los refugios, cientos de campesinos llevan cuatro meses recluidos en viviendas provisionales, oficialmente “de transición”. Los 24 metros de vivienda de habitáculo les convierten, sin embargo, en afortunados: el resto permanece hacinado en espacios comunes, como el gimnasio municipal, donde 57 familias de cuatro comunidades comparten el suelo durmiendo en camas pegadas entre sí. “Es desesperante. No podemos descansar porque no tenemos intimidad para hacerlo. A esto hay que sumar la desesperación de no tener un lugar a dónde ser trasladados, ni saber cuánto tiempo más permaneceremos en este lugar”, dice Hernán, uno de los dirigentes del grupo de refugiados, creado para hacer de enlace entre las víctimas y las autoridades.
Mientras, los familiares suben cada día al lugar fatal para continuar la búsqueda de los cuerpos de los suyos. Removiendo toneladas de ceniza con palos, azadones o simplemente con las manos ante el más absoluto olvido oficial: el Gobierno parece más preocupado por reabrir la carretera que rodea la zona afectada que comunica con Antigua que por sanar o, al menos mitigar, el dolor de los campesinos. El agravio es evidente a ojos de los damnificados: el presidente Jimmy Morales anunció a bombo y platillo la reapertura del tramo dañado con un costo de 17 millones de quetzales (unos 2,2 millones de dólares), pero la obra quedó inutilizada pocas horas después debido al descenso de lahares provocados por las lluvias de la zona. El derroche de recursos indignó a los afectados, cuyo único consuelo es poder dejar algún día un ramo de flores junto a una tumba.
La indiferencia oficial se traslada a prácticamente todos los ámbitos de su día a día. Aunque los refugiados reciben desayuno, comida y cena, los menús diseñados desde un despacho de la capital ignoran las tradiciones alimentarias de la región. De los frijoles, huevos y tortillas de maíz habituales en el desayuno campesino se ha pasado ahora, a un monótono plato de avena y pan. Muchos niños, hartos de su obligada nueva dieta, empiezan a rechazarla y a presentar pérdida de peso. Ante el hastío, quienes pueden compran la comida tradicional que preparan las lugareños, la única fuente de ingresos de muchas familias.
Al olvido se suma el agravio electoral, igual de doloroso para muchos afectados. En los primeros días tras la erupción, un puñado de políticos locales que buscarán la reelección en las elecciones del año que viene acaparó parte de la ayuda humanitaria desplegada inicialmente para repartirla en las plazas de las aldeas sin más criterio que la búsqueda de votos. Los campesinos de la zona, poco dados a alzar la voz, han encontrado un apoyo esencial en el obispo de Escuintla, Víctor Hugo Palma, que ha exigido al Gobierno de Morales una auditoría sobre la ayuda recibida. “Es necesario que se haga una rendición de cuentas de lo recibido y de cómo se ha invertido hasta la fecha”, subraya.
Discrepancias en la cifra de víctimas
Hasta la fecha, 182 cadáveres han sido identificados, otros 150 cuerpos más esperan en la morgue de Escuintla y los familiares buscan a otras 246 personas de las que no se sabe nada desde aquel fatídico día de junio, según David de León, portavoz de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala. Sin embargo, los cálculos de los vecinos y de la organización Antigua al Rescate -creada por los habitantes de la ciudad colonial para ayudar a los damnificados- elevan con creces esta cifra: solo en el pequeño municipio de San Miguel Los Lotes, una de las cuatro aldeas arrasadas, podría haber bajo la lava más de 2.900 personas.
La historia de Guatemala, uno de los países más pobres del continente americano, es la de un país fundado sobre tragedias naturales. La capital del país ha sido trasladada cuatro veces. Las últimas dos, a consecuencia de un deslave que sepultó la ahora conocida como Ciudad Vieja y del terremoto de Santa Marta, que en 1773 redujo a escombros a la Antigua Guatemala y que obligó el traslado de toda la maquinaria capitalina a su actual ubicación. Guatemala, con sus 38 volcanes -cuatro de ellos con actividad permanente-, es el cuarto país más vulnerable a los desastres naturales del mundo: la lava, los huracanes y la ineficacia de los responsables políticos trabajan de la mano.
Cuando la primavera pasada apuraba sus últimos compases se repitió la maldición. El Volcán de Fuego liberó 30 millones de metros cúbicos de material volcánico en menos de dos horas y los flujos piroclásticos, una mezcla de gas volcánico y material incandescente que pueden descender del cráter hasta a una velocidad de 100 kilómetros por hora, arrasaron todo lo que encuentran a su paso y segaron la vida de buena parte de los pobladores de la zona.
