Editorial
En Guatemala hay apoyo para los indios sonrientes y coloridos.
El pasado 9 de noviembre, el líder comunitario Bernardo Caal Xol fue condenado a siete años y cuatro meses de prisión, de los 14 solicitados por el Ministerio Público, por los delitos de detenciones ilegales con circunstancias agravantes y robo agravado. Originalmente la fiscalía lo había acusado de robo agravado, instigación a delinquir, amenazas y detenciones ilegales contra trabajadores de la hidroeléctrica Oxec y de una compañía de cable relacionada a esa empresa, hechos ocurridos en octubre de 2015.
En realidad, el verdadero delito de Caal Xol fue involucrarse y ser el rostro de la organización comunitaria que se opone a las hidroeléctricas Oxec I y Oxec II ubicadas en Alta Verapaz, proyectos que alterarán el caudal del río Cahabón y por ende a decenas de comunidades a su alrededor. Además, el liderazgo de Bernardo fue más allá de su comunidad y departamento porque en la defensa del río y de las comunidades inició una lucha en la Corte de Constitucionalidad, incomodando a empresas y funcionarios que ven en la resistencia un obstáculo para su desenfrenada avaricia y procesos de despojo.
En una audiencia posterior, el juez Walter Fabricio Rosales determinó que Bernardo Caal debe pagar una multa de más de cien mil quetzales como parte de la “reparación digna” de ambos delitos. Pero, ¿cómo hablar de “reparación digna” en un departamento como Alta Verapaz, lugar donde se concentra el mayor número de proyectos hidroeléctricos pero que sigue siendo el departamento con menos acceso a electricidad y el más pobre de toda Guatemala?
¿Qué hay de la “reparación digna” para las comunidades de todo el país que cada día pierden extensiones de su tierra, de su salud y de sus recursos? ¿Quién los reparará? Porque hasta el momento, la reparación digna la siguen pagando hombres y mujeres, en su mayoría indígenas, con su sangre, su vida, sus familias y su tiempo.
Mientras los verdaderos criminales siguen libres, explotando territorios y dividiendo comunidades.
Es indignante que el caso de Bernardo Caal no sea la excepción sino la regla en Guatemala donde la criminalización de líderes comunitarios e indígenas es una constante en la que participan el sistema de justicia, políticos, empresarios y medios de comunicación.
En Guatemala hay apoyo para los indios sonrientes y coloridos, los que salen en la foto y que no arruinan el momento ni el evento con su presencia, los despolitizados, los que hablan de armonía y emprendimiento mientras que los defensores son criminalizados, se violentan sus vidas y sus organizaciones comunitarias que buscan proteger vida, territorio y recursos. Es claro que pueblos indígenas organizados y combativos siguen siendo asumidos como una amenaza, un enemigo interno y un sujeto a destruir.
