Editorial
El diputado Eduardo Cruickshank, del Partido Restauración Nacional (PRN), aportó uno de los cinco votos que apoyó el avance de un proyecto de ley para incautar bienes injustificados a personas, el cual es más débil que el solicitado por las autoridades que combaten e investigan el crimen organizado y todas sus aristas.
Ahora, una semana después de que ese expediente legislativo se dictaminara en una comisión especial, el restauracionista reconoce que cometió un error al no haber leído a profundidad varios criterios antes de dar su voto y, en particular, uno que aportó el Ministerio de Hacienda.
“Uno comete, digamos, algún error, porque me parece que debí analizar un poco más la posición de la ministra (Rocío Aguilar) y entiendo que no lo hice. Ahora que analizo las cosas como deben ser, hay que enmendar. Seguimos siendo humanos y no hemos alcanzado el nivel de perfección que quisiéramos para no vernos en este tipo de errores, pero lo importante es reconocerlos y hacer las enmiendas que correspondan”, dijo Cruickshank.
La reacción del subjefe de Restauración Nacional se genera luego de que, el jueves anterior, los jerarcas de las tres instituciones que usarán la ley para combatir el crimen organizado y una gran gama de delitos criticaran la versión que promovieron los diputados.
Además del restauracionista, votaron a favor de esa versión debilitada de la Ley de Extinción de Dominio, Pablo Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Gustavo Viales y Jorge Fonseca, de Liberación Nacional (PLN), y Zoila Rosa Volio, del Partido Integración Nacional (PIN).
Walter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ); Emilia Navas, fiscala general, y Guillermo Araya, director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), lamentaron que los congresistas limitaran la lista de actividades ilícitas a las que se podría aplicar la incautación de bienes por origen dudoso.
La principal crítica de los jerarcas es que la corrupción, el contrabando, los delitos tributarios, la pornografía infantil y los ciberdelitos quedarían fuera de la lista de delitos a los que se podría perseguir los bienes obtenidos.
Al limitar la lista de delitos a los que se aplicaría la ley, principalmente para narcotráfico, trata de personas y legitimación de capitales, entre otros pocos, quedarían por fuera una gran cantidad de actividades, consideraron esos jerarcas e, incluso, lanzaron sospechas sobre las intenciones de los diputados al debilitar la iniciativa.
Según Cruickshank, la principal razón para haber dejado la corrupción y el contrabando fuera de la lista de delitos fue haber leído a la carrera el criterio de Rocío Aguilar, quien específicamente solicitaba que a los bienes que se contrabandean no se les aplicara la ley, porque ya se aplica una normativa específica que los persigue.
Pero el diputado asegura que, ahora sí, ya comprende que con la extinción de dominio no se trata de extinguir la propiedad sobre el contrabando incautado, sino sobre los capitales o bienes que emerjan como consecuencia de la “actividad continuada del contrabando”.
La extinción de dominio es un procedimiento especial que permite a las autoridades incautar, luego de sentencia, los bienes y cuentas de personas que no puedan justificarse con un origen lícito. Es una herramienta que se aplica desde hace varios años en Colombia, Guatemala y España, por ejemplo.
“Puede ser que a una persona se le incaute hoy contrabando y tenga años de estar en esa actividad y tenga todo un capital emergido de esa actividad. Hoy, después de recibir mejores y mayores explicaciones, creo que debo enderezar el criterio”, comentó Cruickshank.
El subjefe del PRN añadió que, cuando Gustavo Viales, presidente de la Comisión Especial de Extinción de Dominio, puso a votación el proyecto, se había venido postergando y él había leído los criterios hacía mucho tiempo.
“Me vi sorprendido, saliendo, entonces no pude reaccionar de manera rápida, pero vamos a corregirlo, no hay problema. Creo que hay consenso entre los miembros de la comisión para incluir los delitos que están solicitando las autoridades y a los que se debe aplicar ese instrumento legal”, comentó Cruickshank.
Aún no tiene claro el legislador si la modificación del proyecto se hará con una lista ampliada de delitos a los que se aplicaría la legislación o, por otra parte, se tomaría el concepto general de “actividad ilícita” para aplicarle la extinción de dominio.
En tanto, Gustavo Viales anunció que se reunirá con autoridades del Poder Ejecutivo y del Judicial, para aclarar las posiciones de las instituciones y enderezar el camino de la propuesta.
Entre las reuniones que tendrá el liberacionista, están dos con los ministros de Hacienda y el de Seguridad, así como los directores del OIJ y el ICD, además de la fiscala general.
“Vamos a ver la redacción y unas propuestas que estamos trabajando. Creo que vamos a optar por hacerle modificaciones al texto que tenemos dictaminado”, dijo, pero añadió que aún tiene que aclarar si la fiscala Navas solo buscaría que se cambie el ámbito de aplicación, para ampliarlo, o hacer cambios “más profundos”.
Por otra parte, la visión del jefe de fracción de Acción Ciudadana, Víctor Morales, es que las reuniones serán positivas para construir y, según su opinión, retomar el texto que habían planteado OIJ, Fiscalía e ICD.
“A mí sí me parece que fue un error haber acogido el texto sustitutivo (promovido por Pablo Abarca y Gustavo Viales). La idea ahora es juntarnos y en mociones de fondo presentar un texto sustitutivo que sea el de OIJ, Fiscalía e ICD y sobre ese presentar otras mociones”, comentó el vocero oficialista.
