Editorial
Pese a que el martes la fiscal General, María Consuelo Porras, aseguró que el comisionado Iván Velásquez puede regresar al país “cuando quiera”, el vicemandatario Jafeth Cabrera negó que se permitirá el ingreso.
Como un asunto en el que “no hay marcha atrás”, calificó el vicepresidente Jafeth Cabrera la decisión del Ejecutivo de no permitir el ingreso al país al jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez.
El funcionario dijo este miércoles que “ya está establecido que él tiene una restricción para ingresar al país”.
Según el vicepresidente, en la Corte de Constitucionalidad (CC), todavía hay acciones pendientes de resolver por lo que el Ejecutivo está “amparado desde el punto de vista jurídico”.
Esta fue una respuesta a la declaración de la fiscal general, Consuelo Porras, quien aseguró el martes que el comisionado no tiene “ningún inconveniente” para ingresar al país.
La fiscal recordó que la CC emitió una resolución en la que se indica que “se debe regir por el ordenamiento internacional”. Se trata de un amparo provisional otorgado en contra de la decisión de no permitir el ingreso de Velásquez.
Porras dijo que “en ese sentido no habría ningún inconveniente -para el comisionado-, por su calidad, de poder venir a Guatemala cuando él lo considere necesario”.
Se le negó la visa
El 30 de octubre la Cancillería rechazó los documentos que personal de la Cicig llevó para solicitar la renovación de la visa de cortesía del comisionado.
Según la información de la comisión, hecha pública un día después, cuando se acudió a Subdirección de Privilegios e Inmunidades del Ministerio de Relaciones Exteriores “la persona responsable de esa oficina, tras consultar a sus superiores, indicó que no podía recibir la solicitud sin dar razón o justificación alguna”.
Sin embargo, se explicó, la Cicig “continúa sus labores bajo el liderazgo del comisionado Iván Velásquez”.
El Ejecutivo ya había negado y revocado visas de cortesía a expertos de la Cicig. Se trata de 11 documentos a investigadores de la comisión y familiares.
La explicación que dio en ese momento el presidente Jimmy Morales es que no se otorgaron por motivos de seguridad pública, pues se trata de personas “señaladas en otros países por haber puesto bombas en instituciones y edificios del Estado”.
Se impidió su ingreso
La negativa del gobierno guatemalteco para que el comisionado ingrese al país se hizo pública el 4 de septiembre, un día después de que el presidente ordenara a la Dirección General de Migración a impedir su ingreso, aduciendo motivos de seguridad pública.
Según el Ejecutivo, se siguió la recomendación del Consejo Nacional de Seguridad, integrado por el presidente Jimmy Morales, quien lo preside; el vicepresidente Jafeth Cabrera, los ministros de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel; de Gobernación, Enrique Degenhart, y de la Defensa Nacional, Luis Ralda.
Además, conforman ese consejo el secretario de Inteligencia Estratégica del Estado, Mario Andrés Duarte, y el procurador General de la Nación, Jorge Luis Donado.
