Editorial
El Ministerio Público (MP) pidió al Tribunal de Mayor Riesgo “A” que los siete sindicados en el caso de corrupción de presidios, conocido como Caso Botellas, sean condenados por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero y tráfico de influencias, entre otros.
La Fiscalía solicitó para Édgar Josué Camargo Liere, exdirector del Sistema Penitenciario, una condenada de siete años con seis meses por asociación ilícita, ocho años por cohecho pasivo y diez años por lavado de dinero. Para un total de 25 años con seis meses.
Asimismo, para el exsubdirector del Sistema Penitenciario, Edy Fisher Arbizú, se pidió una pena de seis años por incumplimiento de deberes.
En este mismo sentido, para Wiliam Estuardo Salguero Tobar, excuñado del reo Byron Lima Oliva, se solicitaron condenas por asociación ilícita, 6 años; tráfico de influencias, 2 años; y lavado de dinero, 8 años. Haciendo un total de 16 años de cárcel.
Se pidieron penas de seis y ocho años respectivamente para Martín Arévalo Godoy y Christian René Picón Cifuentes, por lavado de dinero.
Así pues, para José René Ávila Mazariegos el MP solicitó una condena de cuatro años para tráfico de influencias y seis años por asociación ilícita, para un total de 10 años en prisión.
Finalmente para Fernando de León Amézquita, por cohecho activo, se pidieron cinco años conmutables a Q30 por día.
El caso
El recluso Byron Lima Oliva realizaba cobros ilegales en las cárceles para permitir que los reclusos ingresaran objetos ilícitos como bebidas alcohólicas o electrodomésticos, según la acusación del MP y la Cicig.
En complicidad con Lima Oliva, Édgar Josué Camargo Liere, exdirector del Sistema Penitenciario, y Edy Fisher Arbizú, exsubdirector del Sistema Penitenciario, coordinaban el traslado de reos a diferentes centros cancelarios si se pagaba una determinada suma de dinero. El exfuncionario habría favorecido por lo menos a cuatro personas, dijo la Fiscalía.
La investigación concluyó que se conformaron poderes paralelos que utilizan como intermediarios o gestores a las propias autoridades del Sistema Penitenciario. En este sentido, el grupo de personas se concertaban con el objeto de ejercer control e influencia en el Sistema Penitenciario.
Los operativos para desarticular la red fueron realizados en septiembre de 2014.
