Diputados y representantes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) así como del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) tuvieron un avance significativo para que la Ley de Extinción de Dominio pueda aplicarse de forma retrospectiva, a solicitud de estas entidades.
De esta forma, los bienes adquiridos a través de delitos como el narcotráfico, el contrabando o corrupción, serían incautados aunque eso haya sucedido años atrás.
Wálter Espinoza, director del OIJ, explicó que la idea es que no haya un límite temporal para la prescripción, pues esto incluso forma parte de compromisos adquiridos en convenios internacionales que obligan al país a tener esta posición.
Espinoza sostuvo que son rangos razonables de 10, 20 ó 30 años.
“Evidentemente, nadie va a pretender extinguir un bien que se inscribió en (la época de) la colonia, esto tiene razonabilidad práctica; pero si se le pone plazos tiene problemas porque si se le pone 10-15 añosquiere decir que todos los bienes mal habidos de 15 años para atrás son legítimos”, dijo.
“Los estudiosos dejan abierto el tema abierto de manera tal que sea la práctica, la razonabilidad, la lógica y la objetividad la que indique cuáles bienes se van a extinguir”, sostuvo.
Pablo Heriberto Abarca, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) explicó que, pese a ser retoractivo, se buscan garantías constitucionales.
Gustavo Viales, presidente de la Comisión Especial de Extinción de Dominio, informó que los días 11, 12 y 13 de diciembre sostendrán los encuentros finales para definir cuáles modificaciones le harán al texto.