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Posible convocatoria a una consulta popular reaviva el debate en Honduras

El debate sobre la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente en Honduras, lo que ha exigido el expresidente Manuel Zelaya y sus seguidores, se ha reavivado por una eventual propuesta del oficialismo para llamar a una consulta popular.

La discusión surgió el lunes cuando el titular del Parlamento hondureño, Mauricio Oliva, escribió en Twitter que “no hay que tenerle temor a la consulta” y pidió “entenderla como el instrumento idóneo (para) llevar todos juntos a nuestra Honduras por la senda del desarrollo (y) alcanzar la paz y la tranquilidad”.

Oliva, diputado del gobernante Partido Nacional, dijo que una consulta popular es el “mejor vehículo para encontrar, en medio de las diferencias, los puntos en común” entre la sociedad, ya que a través de ese mecanismo los hondureños “vamos a descubrir que son muchas más las ideas que nos unen que las que nos dividen”.

Además, pidió a la sociedad y diputados de la bancada del Partido Nacional que vean la consulta popular como “salida más efectiva a todos los problemas que nos mantienen enfrentados y encontrar así la reconciliación nacional que tanto necesitamos”.

El exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras Romeo Vásquez, implicado en el golpe de Estado de 2009 contra Zelaya, considera que esos temas “polarizan y dividen” a la sociedad.

“Hay que establecer una diferencia entre lo que le interesa al pueblo y lo que les interesa a unos cuatro políticos ambiciosos”, subrayó hoy Vásquez,

Señaló que a los políticos lo único que les interesa es consultarle al pueblo sobre la reelección y la instalación de una Asamblea Constituyente para “cambiar la Constitución”, que data de 1982, incluidos algunos artículos “pétreos”, como se denominan en Honduras a los considerados inamovibles.

Aseguró que “no es momento” para consultarle al pueblo sobre esos dos temas, ya que la gente necesita empleo, seguridad y vivienda, entre otros temas.

Vásquez estuvo implicado en el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 contra Zelaya, quien impulsaba un referendo, no previsto en la Constitución, sobre la reelección presidencial.

La actual Constitución de Honduras no permite la reelección presidencial bajo ninguna modalidad, aunque un fallo de la Corte Suprema de Justicia, de 2015, dejó abierta esa posibilidad, que es rechazada por la oposición política.

Ese fallo permitió que el 26 de noviembre de 2017 el presidente Juan Orlando Hernández ganara su segundo periodo consecutivo.

Para la expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) Juliete Handal, la Constituyente “no es la solución” a los problemas que afectan al país.

Honduras afronta “tremendos” problemas de corrupción y un éxodo de migrantes que salieron en caravana el 13 de octubre con rumbo a Estados Unidos, dijo Handal hoy a los periodistas.

La empresaria considera que para instalar una Constituyente en Honduras primero se debe recuperar “la confianza” del pueblo hacia los políticos.

“¿Quiénes van a formar parte de esa constituyente?”, se preguntó Handal, quien aseguró que esas personas son los que siempre se ponen de acuerdo para elegir a los que “hacen los mandados” a los políticos.

Dijo, además, no creer en la “gran bondad” de los políticos al querer consultarle al pueblo, ya que siempre han hecho “lo que han querido”.

La Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras (Fedecámara), por su parte, expresó en días recientes su “desacuerdo” con la convocatoria a una Constituyente, ya que considera que “no es la solución” a los problemas del país.

Señaló en un comunicado que la Constituyente puede provocar “más daños irreversibles a la débil economía” de Honduras, y aseguró que velará y exigirá “el respeto de la Constitución”.

Fedecámara indicó que los políticos deben “alejarse de intereses personales y partidarios” y afirmó que el país requiere un nuevo marco normativo electoral que garantice “la transparencia” en las elecciones de 2021, para “fortalecer la democracia”.

La consulta popular, según autoridades hondureñas, costaría unos 800 millones de lempiras (más de 32 millones de dólares).

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