Editorial
Para el experto constitucionalista José Pallais, los jueces orteguistas interpretan de forma “antojadizas” las leyes contra los reos políticos de la dictadura
El operador político del régimen en la Asamblea Nacional, el diputado Edwin Castro, otorgó facultades que no conceden las leyes a los jueces y a la Policía Orteguista (PO) para defender que se mantengan encarcelados a los ciudadanos que han participado en las protestas contra la dictadura orteguista, sin ser acusados formalmente ante un juez por más tiempo de las 48 horas establecidas en la Ley para retenerlos cuando son investigados por un delito.
Organismos de derechos humanos y familiares de más de 600 presos políticos detenidos por participar en las protestas ciudadanas desde abril, han denunciado una serie de violaciones en las detenciones y procesos en los tribunales, como el hecho que la PO secuestró a las personas porque no tenía orden judicial para detenerlos y se les mantienen en las cárceles semanas y hasta meses sin ser acusados.
Las reprogramaciones de última hora de las audiencias, sin avisar a abogados y familiares, así como recibir fallos de culpabilidad fuera del término legal de tres meses cuando hay reo detenido, son parte de los abusos de los jueces orteguistas contra los presos políticos.
Para Castro esas medidas no son violaciones de los derechos humanos ni procesales.
“Para mí no han sido vulnerado (los derechos), aquí lo que hay son juicios de delitos comunes. Si yo te mato a vos o yo te robo a vos, aunque sea un motivo político es un delito común”, dijo Castro ayer al finalizar una reunión de la Comisión Especial de Justicia Constitucional.
Según registros de los organismos de derechos humanos los jueces orteguistas abusan de la figura de figura de tramitación compleja establecida en el Código Procesal Penal para mantener encarcelados a los ciudadanos sin juicios.
Castro igual justificó esas medidas diciendo que “la Ley establece que los jueces de instrucción pueden declarar sistemas de complicidad y alargar los plazos (de los juicios)”.
Interpretan para reprimir
Para el experto constitucionalista José Pallais, no son más que “interpretaciones antojadizas” de las normas legales para justificar el uso del sistema judicial como otro instrumento represor hacia los ciudadanos que han participado en las protestas que exigen la renuncia de la pareja dictatorial.
“La Constitución dice que máximo en 48 horas las personas detenidas deben ponerse a la orden de los jueces competentes, pero eso se viola cotidianamente porque hay reos de este régimen con hasta siete meses en el Chipote u otra de las cárceles sin ser acusado”, cuestionó Pallais.
El jurista Pallais explicó que el artículo 134 del Código Procesal Penal, establece que la duración del proceso “cuando el acusado esté preso debe emitirse una sentencia en un plazo no mayor de tres meses” a partir de la primera audiencia, y hasta seis meses si no hay reo detenido. En el caso de delitos menos grave los juicios deben durar entre uno y dos meses, según el CPP.
“La ley pone límites también en el sentido de que si no hay una sentencia en el tiempo determinado, se debe poner en libertad al ciudadano, porque nadie puede estar indefinidamente preso, es una violación a los derechos humanos”, afirmó Pallais.
Otras violaciones
El jurista José Pallais explicó que los jueces que llevan los casos de los presos políticos también aplican de forma “antojadiza” la figura de tramitación compleja, contemplada en el artículo 135 del CPP, por cuanto refirió que si bien “cuando se traten de hechos relacionados con actividades como el terrorismo”, que es delito atribuido a la mayoría de los reos políticos, los juicios podrían tardar hasta 12 meses. “Pero ese alargamiento del tiempo debe ser sustentado y aplicado previa audiencia al acusado, pero aquí hay ciudadanos que llevan meses detenidos sin acusación lo cual convierte todo el proceso en ilegal”, dijo.
Nueva Ley de Justicia
Hoy miércoles la Comisión Especial de la Asamblea Nacional a cargo de la consulta de la propuesta de la Ley de Justicia Constitucional, que reemplazará a la Ley de Amparo, se reunirá para dictaminarla. El objetivo es que en la última sesión del año, la próxima semana, esa ley quede aprobada. Ayer la Comisión Especial se reunió con los magistrados Alba Luz Ramos y Rafael Solís y el Inspector General de la PO, comisionado general Jaime Vanegas.
Edwin Castro, miembro de la Comisión, refirió que “algo novedoso” es que la Ley Constitucional incorpora el Recurso por Omisión que podrá ser usado por los ciudadanos, para demandar ante la Corte Plena de la CSJ, cuando sientan que sus derechos están siendo vulnerados por la Asamblea.
