Editorial
El Gobierno de Estados Unidos ha sancionado a seis altos funcionarios de la administración de Ortega, a través de tres rondas.
Además de cerrar el grifo a toda ayuda económica al régimen de Daniel Ortega, Estados Unidos prepara una nueva ronda de sanciones contra el dictador antes de que finalice el año y aumentará la presión y el cabildeo con sus aliados.
Rafael Cárcamo, representante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) – capítulo Estados Unidos, afirmó que esa fue la información que recibieron durante una reunión sostenida con funcionarios del Departamento de Estado en días recientes. A ello se sumará la aprobación esta semana de la Nica Act, que constituiría la tercera herramienta de sanciones contra el régimen de Ortega.
La reunión se dio en el marco de una gira de trabajo en Washington, donde organismos de derechos humanos presentaron sus informes sobre la crisis sociopolítica, las graves violaciones a los derechos humanos y la criminalización de las protestas en Nicaragua por parte de la dictadura Ortega-Murillo.
“Se nos dijo que viene una lista de personas del régimen de Ortega que van a ser sancionadas porque están vinculadas con las violaciones a los derechos humanos, y en actos de corrupción no solamente desde abril, sino desde antes que iniciaran las protestas”, reveló.
“Entiendo que antes que termine el año vienen nuevas sanciones para el régimen”, afirmó Cárcamo.
El Gobierno de Estados Unidos ha sancionado a seis altos funcionarios de la administración de Ortega, a través de tres rondas.
El pasado 27 de noviembre fue la última. Ese día el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra la esposa de Daniel Ortega y vicepresidente de Nicaragua, Rosario Murillo, y Néstor Moncada Lau, asesor de la pareja presidencial, luego de una orden ejecutiva que firmara el presidente Donald Trump, en la que declara a Nicaragua una amenaza para la seguridad nacional y autoriza al Departamento del Tesoro a sancionar a los implicados en crímenes.
Las sanciones se dan luego que Ortega ha ignorado los repetidos llamados de Estados Unidos y la comunidad internacional, sobre el cese a la represión y la necesidad de cambios para el retorno de la democracia.
La represión gubernamental ha dejado un saldo superior a los quinientos muertos, más de tres mil heridos y centenares de presos políticos y desaparecidos.
Cárcamo dijo que se espera que la nueva ronda de sanciones sea más amplia. Hasta ahora las sanciones han sido designadas a individuos, ese panorama podría cambiar, de acuerdo con el activista.
“Se nos dijo que no hay excepción para nadie. No hay inmunidad. Hice hincapié (en preguntar) sobre el Ejército de Nicaragua porque considero ha sido cómplice de la represión y la respuesta que se me dio fue contundente, que no hay excepción para nadie, no está inmune”, aseveró.
El Ejército ha incumplido con el mandato constitucional que establece que solo puede haber dos grupos con armas: la Policía y el Ejército. Los paramilitares armados y financiados por Ortega operan con armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, a vista y paciencia del Ejército de Nicaragua.
La Nica Act
Al anuncio de una posible nueva ronda de sanciones se suma la aprobación de la Nicaraguan Investment Conditionality Act (Nica Act), esta semana en el Congreso de Estados Unidos, para aprobar las enmiendas incluidas en el Senado. La congresista Ileana Ros-Lehtinen, coautora de la ley, lo confirmó en su cuenta de Twitter el fin de semana.
Ese proceso estaba previsto efectuarse la semana pasada, pero sufrió cambios producto de los funerales del expresidente George H. Bush.
Una vez que la ley se apruebe, las sanciones estarían dirigidas a personas, instituciones y organizaciones nacionales y extranjeras involucradas en corrupción y violaciones a los derechos humanos.
La Nica Act propone la designación de sanciones a individuos por medio de bloqueo de activos, prohibición de transacciones bajo la jurisdicción de Estados Unidos, propiedades o intereses en una propiedad, negación o revocación de visas, y penalidades económicas.
En el marco de las sanciones, se incluye restricciones a los préstamos que solicite el Gobierno de Nicaragua a las instituciones financieras internacionales, con la excepción del financiamiento para proyectos que promueven la democracia y las necesidades básicas del pueblo nicaragüense.
Ningún dólar para Nicaragua
Cárcamo agregó que el Departamento de Estado les comunicó que el régimen de Ortega no va a recibir ningún centavo por parte del Gobierno de Estados Unidos, excepto se trate de una ayuda humanitaria.
“Estados Unidos tiene voz y voto ante los organismos financieros internacionales con los préstamos, va a cabildear para que se sumen (otros países) y no destinar fondos al régimen. Entiendo que la presión económica viene y Estados Unidos no está jugando, no son decisiones a la ligera para que el impacto no sea sobre las personas más desprotegidas”, indicó.
Expertos han manifestado que la medida afectaría a proyectos futuros, no para los que ya han sido aprobados por la banca internacional. Sin embargo, ubica a Nicaragua en la lista de riesgo país, ahuyentando las inversiones.
Tres herramientas de sanciones
La Nica Act, creada específicamente para individuos involucrados en violaciones a los derechos humanos y corrupción, se sumará a las herramientas de sanciones que ha aplicado la administración estadounidense a través de la Global Magnitsky Act (Glomag), y la orden ejecutiva.
“Nos explicaron que la Global Magnitsky Act es diferente a las sanciones (que se designan) a través de una orden ejecutiva, y de la Nica Act, que se aprobará próximamente. Cualquiera de las tres puede actuar de la manera que (el Ejecutivo) considere necesaria, pero las tres no son administradas por las mismas personas. El objetivo es hacer ver a Ortega que no está haciendo lo correcto con el pueblo de Nicaragua, que quiere libertad, dejar de ser reprimido, y elecciones libres”, manifestó el activista.
La orden ejecutiva es una herramienta administrativa de carácter federal que puede ser empleada por el presidente para asuntos nacionales y en política exterior. Al ser aprobada por el presidente tiene rango de ley, y no precisa de la aprobación del poder legislativo (Senado y Congreso).
La Global Magnitsky es una ley dirigida a ciudadanos, empresarios y funcionarios de gobiernos extranjeros involucrados en actos de violaciones a los derechos humanos y corrupción. Esta impide a los designados el acceso al sistema financiero estadounidense, relaciones comerciales con empresas e individuos, e impide el ingreso a Estados Unidos.
Las dos herramientas anteriores llevan a los sancionados a ocupar un espacio en la llamada “lista negra” de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), la agencia de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro, que se encarga de planificar y ejecutar sanciones económicas y comerciales para apoyar los objetivos de seguridad nacional y de política exterior estadounidense.
Esa misma estrategia también será implementada por la Nica Act, en materia de sanciones individuales.
