Editorial
En la ley General de Migración y Extranjería se establecían multas para personas en condición irregular, donde debían de pagar $100 por cada mes que estuvieron de esa forma en el país.
Sin embargo, actualmente no se efectúan esos cobros por varios decretos ejecutivos que impiden la aplicación del numeral 33 inciso 3) de esa ley.
Daguer Hernández quien estuviera en la dirección general a.i. de la Dirección General de Migración y Extranjería el 12 de diciembre anterior, respondió en un escrito al legislador Gustavo Viales, que entre las razones para no realizar el cobro, se encuentra la falta de recursos materiales y humanos.
Pese a admitir que el no cobro “significa una permisibilidad injustificada y un incumplimiento de las obligaciones que el ordenamiento jurídico impone a las personas extranjeras y a esta Administración”, también justifica que el eventual cobro de la multa podría llevar al Gobierno a procesos judiciales.
“Tales como recursos de hábeas corpus (cualquier persona extranjera que considere que, con la imposición de la multa en cuestión, se le lesiona su derecho al libre tránsito); recursos de amparo(personas que puedan sentir cercenados sus derechos económicos, sus derechos humanos por ejemplo el de igualdad entre nacionales y extranjeros, el derecho a la no discriminación entre otros)”, señala el documento firmado por Hernández.
El jerarca agrega que además, podrían haber procesos ante el Tribunal Contencioso Administrativo, por lo tanto, afirma que, primer se deben perfeccionar todos los aspectos tecnológicos necesarios para iniciar el cobro.
Pese a esto, para Viales esto sólo incentiva a las personas en condición irregular a continuar en el país sin restricción, incluso recordó que en Panamá sí se le cobra a costarricenses por estas situaciones.
Sobre la ausencia de tecnología para su implementación, el legislador comparó que el impuesto de salida lo cobran en “vagones”, por lo cuál, para él eso no es de recibo.
19 de abril vence el próximo
El decreto ejecutivo vigente para posponer ese cobro, bajo el número 41.033-MGP vence el 19 de abril de 2019. Por eso, el liberacionista envió una carta a Rodolfo Piza, Ministro de la Presidencia donde le solicita no enviar una nueva prórroga pues en su criterio, incentiva el no cumplimiento de la ley por parte de personas extranjeras.
“En virtud de lo anterior, le solicito informar las acciones que Casa Presidencial se encuentra ejecutando para que se aplique lo que dispone la Leydesde hace ya varios años y que a la fecha, sigue sin acatarse por parte del Poder Ejecutivo”, indica la misiva dirigida a Piza el 20 de diciembre.
Deportaciones
Raquel Vargas, directora en la Dirección de Migración y Extranjería.
La intervención de Viales surgió a raíz de lo sucedido con Carla Stefaniak, turista venezolana asesinada en apariencia, por un trabajador extranjero en condición irregular en el país.
A su criterio, hay controles migratorios muy débiles que deben ser subsanados, así como una verdadera aplicación de la ley vigente por parte de las autoridades.
Raquel Vargas, directora de Migración y Extranjería reconoció en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico que, desde el inicio de labores en mayo, se han deportado aproximadamente 1.000 personas de nacionalidad nicaragüense, ella solo dio el dato de migrantes de ese país.
Es decir, se trata de tres personas por día, pese a que la policía de Migración no llega ni a 500 oficiales.Vargas apuntó a la necesidad de robustecer este cuerpo policial para el próximo año, con tal de continuar con operativos.
“Casos como el de Carla (Stefaniak) esperamos que no vuelvan a suceder, esa es nuestra meta”, expresó la jerarca.
Mientras el Ministro de Seguridad, Michael Soto aboga porque el país debe definir su política migratoria, el congresista Enrique Sánchez es claro en que, de darse, debe de ser de forma progresiva en cuanto a derechos de migrantes y no de regresión.
“En este caso en particular, ocurren 2 femicidios (Arantxa Gutiérrez y Carla Stefaniak) presuntamente a manos de extranjeros, no son la mayoría de los que ocurren, la causa es el machismo no es la migración,ni la condición migratoria de las personas, no convertirlo en la causa porque no lo es, el responsable es el machismo y violencia estructural contra las mujeres”, indicó.
Datos del Ministerio de Justicia, cedidos a Seguridad Pública, indican que, de los privados de libertad, sólo el 11% son extranjeros.
