Editorial
La orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que declara a Nicaragua una “amenaza para la seguridad nacional” y autoriza al Departamento del Tesoro a sancionar a los implicados en crímenes, no solo está relacionada con las graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, desatadas desde abril pasado por el régimen de Daniel Ortega, es también por sus vínculos con gobiernos y organizaciones radicales en el mundo, afirmó el ex subsecretario de Estado Adjunto de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Otto Reich.
El Departamento del Tesoro designó sanciones el pasado 27 de noviembre contra la número dos de la dictadura, Rosario Murillo, en lo que se consideró un golpe al corazón del orteguismo.
Ese castigo se expresó también con las sanciones impuestas el mismo día que a Murillo contra Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad nacional del régimen y cercano a los Ortega.
El peso de Murillo
La designación de sanciones para Murillo fue una medida que no se esperaba tan pronto, después que congresistas en meses pasados habían solicitado sanciones para altos funcionarios del Estado y para hijos de la pareja presidencial.
Según Reich, existen informes que señalan a la designada vicepresidenta de ser pieza clave en las acciones represivas.
“Ella es responsable de las acciones adoptadas por el régimen desde que iniciaron las protestas. Eso no quiere decir que no van a haber otras personas sancionadas si continúa la violación de derechos humanos en Nicaragua”, dijo el diplomático.
Las razones del castigo
El sistemático desmantelamiento de la institucionalidad, el Estado de derecho, y la corrupción galopante de la dictadura sandinista son otros de los argumentos que, según la Casa Blanca, motivaron la orden ejecutiva que firmó el mandatario estadounidense en el caso de Nicaragua.
“No solo se trata de la conducta interna (de Daniel Ortega y Rosario Murillo) y de las violaciones a los derechos humanos, sino también las relaciones de la familia Ortega y del gobierno que ellos dominan, y de sus nexos con otros gobiernos y movimientos radicales antidemocráticos del mundo”, precisó Reich.
Las graves violaciones a los derechos humanos se intensificaron en abril pasado cuando la ciudadanía salió a las calles para exigir un cambio democrático tras las reformas fallidas del Ejecutivo a la seguridad social. La respuesta del régimen fue la represión que dejó entre 325 y 535 muertos.
Están “en la mirilla”
Para el ex alto funcionario del Departamento de Estado, la orden ejecutiva es un reconocimiento legal de la administración Trump que hay una crisis en Nicaragua, pero también indica que Estados Unidos ve con malos ojos lo que está haciendo la dictadura de Daniel Ortega, y toma acciones para sancionar a la vicepresidenta y a su asesor de seguridad nacional.
“Es un buen paso. Es un comienzo, esto es para darle una señal a la familia gobernante, al presidente y su vicepresidenta (Ortega y Murillo) de que están en la mirilla, por lo menos de Estados Unidos y de otros países democráticos que han comenzado una serie de acciones que tienen el fin de esas actividades (la represión) que han emprendido y que han causado tantos muertos, sufrimientos y daños en Nicaragua”, agregó.
Ortega, sin embargo, mantiene el discurso de señalar que fue víctima de un golpe de Estado, mientras rechaza cualquier posibilidad de adelanto de elecciones tal como le piden varios sectores.
El silencio de la dictadura
Tras el anuncio de las últimas sanciones, que tocan directamente a su esposa, Daniel Ortega ha guardado silencio, dejando atrás su discurso agresivo contra países como Costa Rica.
Aunque guardó silencio esta vez con el Ejecutivo de Donald Trump, en discursos previos a la medida de sanciones, Ortega ha acusado de “injerencismo”, y de “irrespetuoso” a EE.UU.
Para Reich, ese discurso de Ortega es propio de los dictadores. “Nadie espera que después de esa acción que se tomó (orden ejecutiva de Trump), ellos van a decir que reconocen que son culpables. En ningún caso de dictadores como ellos, admiten que lo son y dicen sí vamos a cambiar. Lo que siempre dicen es que no han violado ningún derecho humano y que están haciendo todo por el pueblo”, sostuvo.
“Es el mismo discurso de todos los dictadores. Pero si ellos continúan (violando derechos humanos), hay muchísimas otras sanciones y acciones que tiene Estados Unidos en su arsenal”, advirtió Reich.
La legislación de Nica Act
Ortega se enfrenta también a presiones provenientes del poder legislativo estadounidense. Reich se refiere a la posibilidad de más sanciones tras la aprobación de la Ley Nica en el Senado.
Esa legislación, creada específicamente para sancionar los abusos de la dictadura de Ortega y Murillo, y que se espera se convierta en Ley antes que finalice el año, después que regrese al Congreso y luego sea enviada adonde Trump para que la firme.
Reich sostiene que el blanco de la legislación no es el pueblo de Nicaragua, y que el objetivo de la política de Estados Unidos es ayudar al pueblo nicaragüense a salir de la dictadura que gobierna en ese país.
“Lo dijo el embajador (John) Bolton (asesor de Seguridad Nacional) en su discurso, lo dice la orden ejecutiva del presidente Trump, que todas las acciones están dirigidas a ayudar al pueblo de Nicaragua a librarse de una dictadura que francamente cada día se parece más a la de la familia Somoza, es una triste repetición para el pueblo de Nicaragua, es lo que ha ocurrido en los últimos 50 o 60 años, y quisiéramos ver una democracia, una Nicaragua libre, soberana, un gobierno que no requiera sanciones para obligarlo a respetar los derechos humanos de sus propios ciudadanos”, aseveró el ex subsecretario de Estado, Otto Reich.
Los abusos del dictador
El régimen de Daniel Ortega se ha caracterizado, en los últimos 11 años, por su irrespeto a la institucionalidad y el Estado de derecho.
El proyecto de una dictadura familiar inició a partir del sometimiento de las instituciones a la voluntad del caudillo, pero también con las denuncias por fraude electoral contra el Consejo Supremo Electoral, que iniciaron en 2008 en el caso de las municipalidades
Fue entonces, cuando Estados Unidos adoptó las primeras acciones contra el Gobierno, al suspender la cooperación de la Cuenta Reto del Milenio.
Sin embargo, los atropellos a la legalidad fueron in crescendo, al punto que Ortega consiguió postularse en 2011, después que la Corte Suprema de Justicia lo habilitó a través de una sentencia firmada por magistrados de su partido.
Así logró sortear la prohibición constitucional de la reelección y logró seguir en el cargo, pese a las acusaciones de fraude que le permitieron mayoría en la Asamblea. Así las cosas, en 2013 y 2014, inició un proceso de reformas a la Constitución con las cuales borró la prohibición de reelección y en 2016, cuando ya se pensaba que no había más con lo que pudiera sorprender, eligió como su candidata a vicepresidenta a su esposa, Rosario Murillo, y fueron a los comicios sin competencia.
Vida en la diplomacia
Otto Reich es de origen cubano, miembro del Partido Republicano de Estados Unidos. Ha sido funcionario de los gobiernos de Ronald Reagan, George H. Bush, y George W. Bush. Fue embajador de Estados Unidos en Venezuela en el período de 1986 a 1989. Fue secretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental de 2001 a 2004. Desde entonces, dirige su empresa de consultoría internacional Otto Reich Associates, LLC, con sede en Washington DC, y es uno de los analistas políticos más consultados en los medios de comunicación en Estados Unidos.
