Editorial
A menos de 24 horas que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) brindara su informe sobre la investigación acerca de los asesinatos ocurridos en el período del 18 de abril al 30 de mayo, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo los expulsó del país junto con los miembros del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El régimen argumentó que los organismos se han caracterizado por una actitud injerencista. Pero también usaron otros calificativos como, intervencionista y aseguraron que se han constituido como “una plataforma de divulgación de información falsa para promover en el ámbito internacional sanciones en contra de nuestro país (…)”.
Ana María Tello, coordinadora del Meseni de la CIDH, expresó que de forma oficial el “Gobierno de Nicaragua ha expulsado a la CIDH”, pese a que en su comunicado, leído por el mismo canciller orteguista Denis Moncada, afirmó que se trataba de una suspensión temporal.
Salida es de inmediato
Tello relató que de forma oficial no se estableció en cuánto tiempo tendrían que abandonar el país, sin embargo de manera informal les dijeron que tendría que ser de inmediato. Este jueves los expertos viajarán a Washington, Estados Unidos, desde donde mantendrán su vigilancia y monitoreo sobre las recomendaciones que emitió la CIDH en su primer informe, además de la situación de los derechos humanos en el país.
Gobierno bloqueó
Frente a los “argumentos” del oficialismo, Tello indicó que siempre han constatado la información que contienen sus comunicados, así como sus informes.
“Nosotros no publicamos nada que no tengamos absoluta certeza que es así, en todo caso tenemos un número superior a las setenta notas diplomáticas enviadas al Gobierno solicitando información, solicitando reuniones, solicitando un intercambio para que pudiéramos exponer los puntos de vista y así esclarecer las situaciones”, indicó.
En la nota de cancillería también establecen que los organismos no siguieron el Protocolo de Actuación, pero Tello es clara en argumentar que el Gobierno es soberano de expresar lo que le parezca, pero ellos en todo momento han cumplido con el procedimiento que corresponde a los pedidos de información y que han sido establecidos por la CIDH. “No tuvimos diálogo con el Gobierno”, indicó Tello.
Asimismo señaló que la CIDH tuvo acceso a una de las cárceles, pero eso solo sucedió en la primera visita de trabajo, la visita “in loco” y posteriormente eso no volvió a ocurrir. Ella misma ha estado frente a los portones de la Cárcel de Mujeres La Esperanza y el ingreso le fue negado. También resaltó que no tuvieron acceso a ningún expediente judicial, ni siquiera les permitieron estar presentes en algunos de los juicios a los presos políticos.
En definitiva, no lograron mantener reuniones con la Fiscalía para conocer los expedientes.
Amérigo Incalcaterra, miembro del GIEI, explicó que los argumentos emitidos para justificar su expulsión no lo satisfacen de ninguna manera y considera “que han sido construidos”, en el caso concreto del GIEI para evitar la presentación del informe que realizarían este jueves en Managua.
Incalcaterra lamentó la situación, en especial por las víctimas y sus familiares, ya que habían depositado en el GIEI una gran esperanza de conocer, de alguna forma, lo que pasó a partir del 18 de abril, cuando inició el estallido social contra el régimen orteguista.
Tello también señaló el perjuicio que de alguna forma se le ocasiona a las víctimas y familiares, en virtud que el informe del GIEI y el trabajo del Meseni no va a poder continuar en el terreno.
“Nosotros entendemos que ese es el valor principal de nuestro trabajo: el poder acercar a las víctimas a la verdad, la justicia y es el pesar más profundo que uno tiene ante estas situaciones”, expresó Tello.
Incalcaterra dijo que ellos son un grupo de trabajo independiente y que están en el país por un acuerdo con tres instancias: la CIDH, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Gobierno de Nicaragua, en ese sentido la decisión que tomó el Gobierno es de forma unilateral, es decir no se ha hecho en consulta con las otras dos partes.
Incalcaterra indicó que en cancillería les sugirieron no presentar el informe sobre las muertes de la represión en territorio nacional. Por esa razón no pudieron adelantar ningún tipo de información sobre los aspectos más relevantes del documento. “Sostuvimos dos reuniones con las autoridades al inicio de nuestro mandato, de ahí nunca más nos han abierto la puerta para recibirnos a pesar de las numerosas comunicaciones que nosotros hemos enviado para solicitar reuniones”, enfatizó Incalcaterra.
Dictadura contra Almagro
Como parte de los argumentos del régimen orteguista para expulsar al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) señaló al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, por haber dado unas declaraciones en las cuales criticó lo que ocurría en Nicaragua, Cuba y Venezuela.
Pero además expresamente por haber mencionado en un evento en Estados Unidos que se debía asfixiar a la dictadura de Nicaragua.
“Usted violó la carta de la Organización de los Estados Americanos (…) Sus palabras mentirosas y violentas demuestran no tiene la capacidad ni los méritos para continuar desempeñando el cargo de secretario general (…)”, le escribió el canciller orteguista Denis Moncada a Almagro.
La Secretaría General de la OEA, a través de una nota de prensa, indicó que “la decisión tomada por el régimen de Ortega-Murillo hoy adentra aún más a Nicaragua en el terreno del autoritarismo”.
A la vez, el organismo aseguró que la expulsión de investigadores y defensores institucionales de los derechos humanos es característico de quienes pretenden que no se haga justicia y perpetuar la impunidad.
Población indefensa
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, manifestó que con la expulsión del Meseni y GIEI la población queda más indefensa y desprotegida, sin instancias donde denunciar los crímenes y sin fiscalización de lo que pasa en el país. Sin el Meseni y la GIEI las víctimas se quedan sin instancias que al menos les daba la satisfacción de escucharlos y registrar sus casos, según la defensora de derechos humanos. Núñez calificó de “muy grave” la expulsión de estos organismos.
