Redacción
En 2017, el Estado tuvo que desembolsar ₡2.145 millones para pagar las anualidades a los empleados del Servicio Nacional De Salud Animal (Senasa).
La entidad cuenta con 524 funcionarios; es decir, en promedio se repartió ese año el equivalente a unos de ₡4 millones por persona.
Ese mismo año, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), una entidad del gobierno central con una cantidad similar de empleados (501), destinó ₡983 millones entre sus trabajadores para pagar exactamente el mismo incentivo. Esto representa un promedio por trabajador de ₡1,9 millones.
¿Cómo se explica esta diferencia en dos instituciones del Estado con una cantidad similar de empleados?.
La respuesta no está solo en la posible cantidad de años que acumulan los trabajadores, sino en el porcentaje al cuál tienen derecho de aumento. Mientras en Senasa equivalía al 5,5% del salario base, en el Minae era de apenas un 1,94%.
Este ejemplo es tan solo uno de las decenas de disparidades que existen en el Estado para otorgar este y otros incentivos, y que a partir de la aprobación del plan de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas debió desaparecer para los nuevos cálculos salariales de este 2019.
La reforma aprobada, en su transitorio XLV estableció que a partir de su publicación en la Gaceta, el monto será nominal fijo, no porcentual y va a equivaler a un 1,94% del salario base para los profesionales y 2,54% para no profesionales.
El hecho de que sea nominal lo amarra al salario base reportado por cada trabajador en enero de 2018. Ya no se calculará sobre el salario actual. Esto hace desaparecer la bola de nieve que se venía creando, con un crecimiento constante en el pago de este plus.
Para el momento en que entró en vigencia el plan fiscal solo 30 de un total de 189 entidades del Estado contaban con un tope del 1,94%.
Otras 17 lo tenían en un 2%, 74 más entre 2% y 4% y las restantes con cifras que varían o incluso representaban montos no porcentuales.
La ley pone a todos en el Estado a calcular los topes por igual, no importa si se trata del gobierno central instituciones descentralizadas o universidades estatales, pese a su declarada autonomía.
Así lo hizo ver el viceministro de Egresos, Rodolfo Cordero.
“Por lo que he estado revisando de la ley entendería que es a todo el sector publico porque es la administración central, lo que está en el presupuesto general de la República y adicionalmente al sector descentralizado, autónomo, semiautónomo y municipalidades, todo, incluyendo universidades”, dijo Cordero.
Para aplicar los cambios, las entidades del gobierno no deberían realizar ajustes en sus presupuestos. Según Cordero basta con que se “subejecute” lo que correspondía a aumentos más allá del 1,94%, de modo que a final del año se ver´reflejado como superávit en la cuenta de remuneraciones.
De lo que no existe claridad, es qué pasará en caso de que surjan discrepancias sobre la aplicación de la ley; es decir, si alguna entidad decide por su cuenta seguir pagando con lo vigente antes del plan fiscal.
En ese caso Cordero aseguró que esas eventuales divergencias tendrían que ser dirimidas posiblemente por la Contraloría General de la República. Solo en el caso del gobierno central, se espera reducir costos en unos ₡15 mil millones de colones, según Hacienda.
El tope en anualidades es solo uno de los elementos de mayor disparidad dentro del presupuesto de remuneraciones y de los que causa mayores distorsiones. De acuerdo con la Contraloría equivalen a cerca del 11% del total de los salarios.
Otro de los rubros que vendría a corregirse con el plan fiscal es el de la dedicación exclusiva y las prohibiciones. Se genera una tabla entre el 10% y el 35% del incentivo para los empleados, según sus especialidades, con la salvedad de que queda sujeto a que se pague solo en los casos en que los títulos y experiencia estén estrechamente vinculados con el puesto que desempeña.
De acuerdo con la Contraloría existían hasta ahora 356 beneficios directos relacionados con prohibiciones y dedicación exclusiva, tan dispares como en el caso de las anualidades.
Por ejemplo, mientras los Bomberos reciben un adicional del 20% por dedicación exclusiva no profesional, y esto gracias a una sentencia de los Tribunales de Justicia de Trabajo, un auditor o jefe de suministros en la Universidad de Costa Rica (UCR) puede obtener hasta un 65% .
