Redacción
“Procedimos a solicitar ante la Dirección General de la Policía Nacional el permiso y la autorización para concentrarnos, manifestarnos y movilizarnos de forma cívica y pacífica, el día 24 de enero del año 2019”, informaron los empresarios.
La solicitud fue hecha por las dos principales cúpulas empresariales del país centroamericano, como son el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), así como por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), que aglutina a prestigiosos economistas, y por entidades gremiales del sector.
En septiembre pasado la Policía Nacional declaró “ilegales” las manifestaciones contra Ortega, pese a las críticas de especialistas en derecho, que sostienen que la medida policial no tiene base legal.
Los empresarios afirmaron que su petición se basó en “el artículo 54 de la Constitución Política de Nicaragua, que establece en forma expresa el derecho de los nicaragüenses a la ‘concentración, manifestación y movilización pública de conformidad con la ley’”.
Remitimos a la Dirección General de la Policía Nacional, solicitud para concentrarnos y movilizarnos de manera pacífica el próximo jueves 24 de enero a partir de la 1:30 p.m. pic.twitter.com/LercceMmtI
— AmCham Nicaragua (@AmChamNicaragua) 21 de enero de 2019
Piden protección
El sector privado también solicitó a las autoridades que “brinde la protección policial debida, a fin de garantizar la seguridad e integridad física de todos los ciudadanos que participemos en la actividad”.
Desde abril pasado Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado entre 325 y 561 muertos, y de 340 a 767 detenidos, según organismos humanitarios.
Ortega reconoce 199 muertos y 340 detenidos a los que llama “terroristas”, “golpistas” y “delincuentes comunes”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por crímenes “de lesa humanidad”, y la Organización de Estados Americanos (OEA) estudia la aplicación de la Carta Democrática Interamericana al país centroamericano, por ruptura del orden constitucional.
Ortega rechaza responsabilidades en la crisis, así como los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser víctima de intento de “golpe de Estado fallido”.
