Redacción
Mientras por un lado la mayoría de municipalidades del país cuenta con al menos dos pluses salarialesque se pagan relacionados con el ejercicio liberal de la profesión de sus empleados, muy pocas mantienen premios adicionales al sueldo por el desempeño de sus funcionarios.
Datos tomados a partir de las bases de datos de la Contraloría General de la República, que recientemente recogió en un sitio web la información relacionada con todos los pluses salariales de la administración pública, revelan que ésta es una de las mayores desigualdades del Estado, que se agudiza todavía más en el régimen municipal.
La Contraloría halló que existen al menos 11 categorías de incentivos, entre ellos los relacionados con ajuste de salario, años de servicio, carrera profesional, desempeño, especialidad profesional, incentivos médicos, profesionalización académica, restricción al ejercicio liberal de la profesión, riesgo administrativo, peligrosidad y otros.
Ellos se acumulan para un total de 302 incentivos distribuidos en los 81 cantones del país (se tomó en cuenta la división administrativa vigente al cierre de 2017).
De esos 302 incentivos, prácticamente la mitad-150– tienen que ver con la categoría restricción al ejercicio liberal de la profesión. Esto quiere decir que en la mayoría de municipalidades hay al menos dos incentivos que tienen que ver con esta categoría, como lo son prohibición y dedicación exclusiva.
En contraposición, sólo en tres ayuntamientos se registraba vigente al cierre de 2017 el plus de desempeño: Cartago, Esparza y Escazú.
Así, mientras los 150 pluses pagados relacionados con el ejercicio liberal de la profesión en 2017 generaron un egreso total de ₡121.126 millones a los municipios, el incentivo sobre desempeño apenas significó ₡87 millones en total, 1392 veces menos.
El segundo tipo de incentivo en importancia es el que se paga por años de servicio, para un total de 85 en vigencia a nivel nacional.
Hay más que la totalidad de cantones porque varias de ellas tienen en vigencia un premio doble: el de anualidad y el de quinquenio.
Sin embargo, el desorden imperante en la materia ocasiona que la información que llega a la Contraloría no necesariamente coincida conlo que ocurre en los municipios.
Por ejemplo, según el ente contralor existen al menos cinco municipios con el plus del quinquenio habilitado, pero de ellas, en 2017 solo una reportó pagos, la de Puntarenas, que generó una erogación de ₡99,3 millones. Este gobierno local también pagó por anualidades.
El caso es distinto en Belén, otro de los ayuntamientos locales que según la Contraloría posee anualidad y quinquenio.
Horacio Alvarado alcalde del cantón, confirmó que en el caso de ellos “nunca” han pagado quinquenio, a pesar de que la Contraloría los contabiliza entre los que sí poseen el beneficio (aunque con monto cero en los últimos tres años).
El funcionario enfatizó en que es necesario reformar la legislación para eliminar este tipo de desordenes, incluyendo el salario de los alcaldes.
“Imagínese que a los alcaldes se les paga un 10% del salario más alto que hay de la municipalidad, no es por los ingresos, o por cantidad de población o territorio… imagínese que cualquier vivillo podría llamar por ejemplo a un médico y traerlo a trabajar, con un salario de 10 millones ya ganaría más que eso”, cuestionó.
Parte de estas disparidades son las que se pretenden combatir con una nueva reforma a la ley de empleo público que pretende discutirse en la Asamblea Legislativa. A nivel municipal están conscientes de los desequilibrios.
“Se está de acuerdo con que se ordenen los incentivos para evitar abusos, sin que esto afecte la productividad de los trabajadores y la calidad en la prestación de los servicios”.
Precisamente este ayuntamiento enfrenta una acción de inconstitucionalidad contra 7 artículos que se encuentran en la convención colectiva, mediante la cual se busca eliminar una serie de privilegios como pagos por estudios, becas a familiares de los funcionarios, vacaciones extra y pluses salariales.
“La convención lesiona los principios de igualdad, razonabilidad, racionalidad, proporcionalidad, justicia, moralidad, control efectivo del sano manejo de fondos públicos, rendición de cuentas y la adecuada distribución de la riqueza. Brinda un trato desigual“, señaló al respecto el regidor Danny Ovares, uno de los proponentes de la acción.
Carlos Cascante, alcalde de Tibás, enfatizó que en su caso no están de acuerdo en eliminar todos los pluses porque eso genera desmotivación en el mercado laboral, pero que sí están a favor de eliminar desigualdades, como por ejemplo que el incentivo de anualidad se pague en algunos lugares un 4% en otros un 2% y en otros hasta un 5%.
