Redacción
La Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó al Juzgado Decimocuarto que resuelva el amparo que presentó la diputada Nineth Montenegro, por los cobros ilegales y excesivos que realizan las alcaldías por el servicio de alumbrado público.
El fallo de la CC revocó la decisión del juzgado de suspender el trámite presentado a finales del año pasado por Montenegro, y ahora se ordenó que de inmediato evalúe, analice y verifique si hay ilegalidades en el cobro que realizan las alcaldías y que trasladan las distribuidoras en la facturación mensual que reciben los usuarios.
Según Montenegro, luego de varias denuncias de vecinos de Petén, Huehuetenango, San Marcos, Cobán y Salamá, se investigó la situación por la que el cobro de alumbrado público es más alto incluso que el consumo de algunos hogares. En Petén se tiene un cobro fijo de Q80 por alumbrado público y en Baja Verapaz es de Q65 mensuales, refirió la diputada.
El pago de alumbrado público que fijan las alcaldías basados en la autonomía municipal no es una tasa, sino un arbitrio y los arbitrios solo el Congreso los puede establecer, dijo Montenegro al explicar la ilegalidad en la que incurren las municipalidades al fijar el cobro.
El monto que trasladan las distribuidoras por el servicio de alumbrado público ha sido uno de los motores de la conflictividad social, principalmente en las áreas que atienden las distribuidoras de Energuate. Situación que ha llevado a enfrentamientos, robo de energía e interminables mesas de diálogo para encontrar soluciones.
Otra situación que denunció la congresista es que el 95 por ciento de las comunas no han solicitado una autorización a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) para imponer la tasa por alumbrado público. En el Artículo 96 del reglamento de la Ley General de Electricidad se indica que la CNEE “podrá autorizar la inclusión (en las facturas) de la tasa por alumbrado público cuando haya un acuerdo en este sentido entre el Distribuidor y las municipalidades”.
OPORTUNIDAD
Dimas Carranza, gerente de Planificación de Energuate, comentó que a partir de esta decisión de la CC se puede dar el momento de encontrar una solución de fondo a la problemática.
Mientras que Montenegro indicó que la CNEE, las municipalidades, Energuate y el Congreso deben encontrar una solución para beneficio de la población y reducir la conflictividad social en que ha derivado el cobro de este servicio.
Para el gerente de la firma X’agon, Melvin Quijivix, en las mesas de diálogo anteriores se ha cerrado la discusión en la metodología para fijar el cobro de cada alcaldía. En esta oportunidad se deberían abordar los temas de fondo, que además de cómo realizar el cobro, incluya la asignación de los recursos que perciben por el servicio las alcaldías, dijo.
Quijivix añadió que la calidad y eficiencia del servicio es otro de los aspectos pendientes de resolver.
“Usan como caja chica lo que reciben por alumbrado público y no se traduce en beneficio social para la población”.
Nineth Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala.
Fuente: elPeriodico
