El 25 de marzo pasado, la delegación departamental del Registro de Ciudadanos (RC) del Tribunal Supremo Electoral (TSE) avaló la inscripción de la planilla del partido Prosperidad Ciudadana de Santa Catarina Pinula, pero decidió dejar vacante el cargo de alcalde municipal, en este caso Alvarizaes, por no cumplir con lo establecido en el artículo 113 de la Constitución.
Ese artículo refiere que si bien los guatemaltecos tienen derecho a ser candidatos a cargos de elección popular, deben gozar de méritos de capacidad, idoneidad y honradez.
El Registro justifica que Alvarizaes tiene abierta la causa 01073-205-00499, expedida por el Ministerio Público.
Además, el RC rechazó la inscripción de los candidatos Héctor Augusto Jaime de Paz, síndico titular Uno; Manuel de Jesús Barillas Guzmán, síndico titular Dos, y Pedro Peña Hernández, concejal Quinto.
El Ministerio Público (MP) señala a Alvarizaes, De Paz, Barillas Guzmán y Peña Hernández, de la administración 2016-2020, de haber avalado una indemnización millonaria para su antecesor, Antonio Coro, en 2015. La denuncia de este caso la interpusieron los concejales Sebastián Siero Asturias, Hilda Domínguez y Mynor Cifuentes.
El caso
El MP expone que el Concejo pinulteco firmó en 2015 la entrega de Q330 mil 234 a favor de Coro, que incluían Q291 mil 831 de indemnización.
Por estos señalamientos el MP pidió el retiro de la inmunidad a los cuatro ediles, pero la Sala Tercera de Apelaciones lo rechazó el 4 de marzo último.
El exalcalde se vio obligado a devolver ese dinero por una auditoría de la Contraloría que determinó que el pago era ilegal, pero él posteriormente demandó a la comuna ante un juzgado laboral para cobrar la indemnización, vacaciones, aguinaldo y bono 14 durante los 15 años de función pública, con lo cual obtuvo un pago de Q3 millones 459 mil.
El MP explicó que la indemnización solo tenía lugar si Coro hubiera dejado la alcaldía por supresión del cargo o despido injustificado, lo cual no ocurrió porque él renunció en 2015 por tener aspiraciones a alcalde capitalino con el partido Líder.
Coro estuvo en prisión preventiva del 8 al 15 de octubre de 2018 y pagó la fianza para recobrar su libertad de Q1 millón que fijó Carlos Toledo, titular del Juzgado Sexto Penal.
Alvarizaes se defiende
El equipo de comunicación de Alvarizaes explicó que se interpuso un recurso de nulidad ante el TSE y espera que los magistrados electorales resuelvan esta semana si procede o no la inscripción de la candidatura.
“El Registro de Ciudadanos pidió al Ministerio Público información de los casos de investigación en los que se ha relacionado con el alcalde y, en base a ese oficio, consideraron que no era idóneo para participar, pero no conocieron más y se quedaron en las actuaciones del ente investigador. No corroboraron en el Organismo Judicial si tiene antejuicio y esas solicitudes que buscan retirarle la inmunidad han sido declaradas sin lugar. En el caso de indemnización al exalclade Tono Coro, el jefe edil Alvarizaes no ha sido ligado a proceso y ni siquiera se ha celebrado la audiencia de primera declaración”, justificó el equipo de comunicación.
Según la fuente, los casos con que se relacionó a Alvarizaes tienen “intereses políticos” y fueron impulsados por concejales opositores -a excepción de la tregedia de El Cambray- que “ahora son candidatos a alcalde como el aspirante Unionista, Sebastian Siero”.
Explicó que “si es necesario acudirán a la Corte Suprema de Justicia o la Corte de Constitucionalidad” porque se le está vedando a Alvarizaes su derecho de ser electo y “no se ha demostrado que haya participado en ilícitos porque eso de no ser idóneos es muy subjetivo”.
Fuente: Prensa Libre