Corrupción ha facilitado las extorsiones desde las cárceles

La disposición de teléfonos y las llamadas telefónicas que hacen los pandilleros desde las cárceles para ordenar a sus compinches que están en la calle que maten y extorsionen es un problema que viene siendo abordado desde hace muchos años pero la solución todavía se ve lejana.

Interrumpir esa comunicación sigue siendo un reto grande para cada gobierno en turno. Con ellos llegan nuevos planes de seguridad que contemplan medidas como requisas, bloqueo de señales telefónicas y de internet, control para el ingreso de teléfonos y otros aparatos electrónicos. Pero hasta hoy no se ha logrado romper esa línea de corrupción en los reclusorios.

La prueba está en que se sigue hallando aparatos telefónicos en diferentes requisas, y las órdenes de cabecillas desde la cárcel para la comisión de delitos sigue vigente.

El ex-Fiscal General de la República, Douglas Meléndez afirmó en su momento que desde penales de Izalco y de Ciudad Barrios, seguían saliendo llamadas telefónicas; mientras que fiscales que encabezaron operativos en el penal de Izalco hallaron no solo aparatos telefónicos, sino también mensajes escritos con fines delictivos.

Los últimos reportes de incautación de teléfonos en cárceles que se tuvo del gobierno anterior abarcan desde junio de 2016 a mayo de 2018, en los que suman 1,067 aparatos.

Requisas que el gobierno de Nayib Bukele dice estar impulsando en presidios han revelado que las pandillas siguen comunicándose con sus cabecillas presos. Ayer, el ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, en entrevista de TCS dijo que habían encontrado chips de teléfono pero no los aparatos.

El ministro también habló de haber encontrado un sistema prepago de telefonía dentro de los penales ofrecidos por empresas de Panamá y Colombia.

“Era un negocio completamente”, señaló Rivas. Dijo además que han desmontado las cabinas telefónicas y ha decretado estado de emergencia en los penales.

Rivas sostuvo que con este sistema prepago estarían relacionados altos dirigentes del FMLN pero no especificó qué tipo de participación habrían tenido o tienen. “Ya se están realizando las auditorías sobre este servicio telefónico y posteriormente serán revelados los detalles de la investigación”, añadió.

En cuentas de redes sociales circularon fotografías de tarjetas telefónicas prepago con valores de $3, $5 y $10 de penales como de San Francisco Gotera e Izalco que manejaban reclusos.

Las requisas y los hallazgos

El viceministro de Seguridad y director de Centros Penales, Osiris Luna, publicó en su cuenta oficial de Twitter: “Realizamos requisas completas, desarmamos a delincuentes en los penales y les incautados medios de comunicación con los que dirigían ataques a miembros de la seguridad pública…”.

A la vez hallaron papeles con mensajes escritos a través de los que se ordenaba presuntamente la comisión de delitos, conocidos en la jerga de pandillas como “wila”. Además incautaron cuchillos, punzones y otras armas hechizas.

El gobierno de Bukele ha negado la eficacia de las medidas de seguridad en cárceles implementadas por su antecesor en las cárceles.

Desde el pasado 20 de junio arrancó la implementación del plan de seguridad Control Territorial del nuevo gobierno, el cual no ha variado con respecto a lo que implementó el gobierno anterior de Salvador Sánchez Cerén, pero que en boca del presidente Bukele, con su plan sí le “ganará a la delincuencia”.

En la primera fase del plan, se destaca tres ejes fundamentales: control en los penales, golpear el financiamiento de las estructuras criminales y fortalecer a los cuerpos de seguridad en todas las áreas.

Con respecto a las medidas en los centros penales, el gobierno ha venido realizando traslado de reos de una cárceles a otras más seguras para cortar la conexión con el exterior. Entre el sábado y el domingo trasladaron más de 1,600 reos con lo que, aseguran que están “desarticulando su comunicación para ordenar crímenes”.

Bloquear señal, la polémica

Pero además han ordenado a las compañías telefónicas que bloquearan por completo la señal. El plazo para que cumplieran estaba fijado para la medianoche de ayer.
El gobierno informó que ha sostenido reuniones con representantes de las telefónicas y que estas habían asumido el compromiso de apoyar a este esfuerzo.

Algunas voces desde la sociedad civil han expresado en redes sociales que combatir las extorsiones y otros delitos que ordenan desde las cárceles no solo se limita a exigir a las compañías a cortar el acceso a la señal satelital, sino que el gobierno tiene la obligación de asegurarse de que a los presidios no ingresen celulares u otros ilícitos.

Este debate es viejo. Desde 2015 en que se empezó a debatir acerca de la implementación de una Ley Especial contra las Extorsiones y luego con las medidas extraordinarias de seguridad, siempre resurge el tema de si es suficiente o no con el bloqueo de la señal telefónica.

Lo cierto es que el gobierno ha venido prorrogando la medida del bloqueo y ha defendido la efectividad de la medida, tanto que el exministro Mauricio Ramírez Landaverde aseguró a los diputados que estuvieron probando nueva tecnología para frenar la señal o sin que eso afectara a la población que reside alrededor de los penales.

Estas medida está vigente y establece sanciones económicas para las telefónicas. Ahora el gobierno culpa a su antecesor de no hacer que se cumpliera y les dio 72 horas para que bloquearan todo acceso a telefonía e internet en los penales, de lo contrario las multaría con $3,000 salarios mínimos.

Las telefónicas no se han pronunciado sobre el tema pero sí una de ellas ha respaldado publicaciones del titular de la Siget, Manuel Aguilar, en Twitter en la que dice que con las compañías han “acordado trabajar de la mano, nosotros de nuestra mano dándoles apoyo total y ellos de la misma manera. Trabajaremos en conjunto para brindar seguridad en telecomunicaciones”.

La disposición de teléfonos y las llamadas telefónicas que hacen los pandilleros desde las cárceles para ordenar a sus compinches que están en la calle que maten y extorsionen es un problema que viene siendo abordado desde hace muchos años pero la solución todavía se ve lejana.

Interrumpir esa comunicación sigue siendo un reto grande para cada gobierno en turno. Con ellos llegan nuevos planes de seguridad que contemplan medidas como requisas, bloqueo de señales telefónicas y de internet, control para el ingreso de teléfonos y otros aparatos electrónicos. Pero hasta hoy no se ha logrado romper esa línea de corrupción en los reclusorios.

La prueba está en que se sigue hallando aparatos telefónicos en diferentes requisas, y las órdenes de cabecillas desde la cárcel para la comisión de delitos sigue vigente.

El ex-Fiscal General de la República, Douglas Meléndez afirmó en su momento que desde penales de Izalco y de Ciudad Barrios, seguían saliendo llamadas telefónicas; mientras que fiscales que encabezaron operativos en el penal de Izalco hallaron no solo aparatos telefónicos, sino también mensajes escritos con fines delictivos.

Los últimos reportes de incautación de teléfonos en cárceles que se tuvo del gobierno anterior abarcan desde junio de 2016 a mayo de 2018, en los que suman 1,067 aparatos.

Requisas que el gobierno de Nayib Bukele dice estar impulsando en presidios han revelado que las pandillas siguen comunicándose con sus cabecillas presos. Ayer, el ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, en entrevista de TCS dijo que habían encontrado chips de teléfono pero no los aparatos.

El ministro también habló de haber encontrado un sistema prepago de telefonía dentro de los penales ofrecidos por empresas de Panamá y Colombia.

“Era un negocio completamente”, señaló Rivas. Dijo además que han desmontado las cabinas telefónicas y ha decretado estado de emergencia en los penales.

Rivas sostuvo que con este sistema prepago estarían relacionados altos dirigentes del FMLN pero no especificó qué tipo de participación habrían tenido o tienen. “Ya se están realizando las auditorías sobre este servicio telefónico y posteriormente serán revelados los detalles de la investigación”, añadió.

En cuentas de redes sociales circularon fotografías de tarjetas telefónicas prepago con valores de $3, $5 y $10 de penales como de San Francisco Gotera e Izalco que manejaban reclusos.

Las requisas y los hallazgos

El viceministro de Seguridad y director de Centros Penales, Osiris Luna, publicó en su cuenta oficial de Twitter: “Realizamos requisas completas, desarmamos a delincuentes en los penales y les incautados medios de comunicación con los que dirigían ataques a miembros de la seguridad pública…”.

A la vez hallaron papeles con mensajes escritos a través de los que se ordenaba presuntamente la comisión de delitos, conocidos en la jerga de pandillas como “wila”. Además incautaron cuchillos, punzones y otras armas hechizas.

El gobierno de Bukele ha negado la eficacia de las medidas de seguridad en cárceles implementadas por su antecesor en las cárceles.

Desde el pasado 20 de junio arrancó la implementación del plan de seguridad Control Territorial del nuevo gobierno, el cual no ha variado con respecto a lo que implementó el gobierno anterior de Salvador Sánchez Cerén, pero que en boca del presidente Bukele, con su plan sí le “ganará a la delincuencia”.

En la primera fase del plan, se destaca tres ejes fundamentales: control en los penales, golpear el financiamiento de las estructuras criminales y fortalecer a los cuerpos de seguridad en todas las áreas.

Con respecto a las medidas en los centros penales, el gobierno ha venido realizando traslado de reos de una cárceles a otras más seguras para cortar la conexión con el exterior. Entre el sábado y el domingo trasladaron más de 1,600 reos con lo que, aseguran que están “desarticulando su comunicación para ordenar crímenes”.

Bloquear señal, la polémica

Pero además han ordenado a las compañías telefónicas que bloquearan por completo la señal. El plazo para que cumplieran estaba fijado para la medianoche de ayer.
El gobierno informó que ha sostenido reuniones con representantes de las telefónicas y que estas habían asumido el compromiso de apoyar a este esfuerzo.

Algunas voces desde la sociedad civil han expresado en redes sociales que combatir las extorsiones y otros delitos que ordenan desde las cárceles no solo se limita a exigir a las compañías a cortar el acceso a la señal satelital, sino que el gobierno tiene la obligación de asegurarse de que a los presidios no ingresen celulares u otros ilícitos.

Este debate es viejo. Desde 2015 en que se empezó a debatir acerca de la implementación de una Ley Especial contra las Extorsiones y luego con las medidas extraordinarias de seguridad, siempre resurge el tema de si es suficiente o no con el bloqueo de la señal telefónica.

Lo cierto es que el gobierno ha venido prorrogando la medida del bloqueo y ha defendido la efectividad de la medida, tanto que el exministro Mauricio Ramírez Landaverde aseguró a los diputados que estuvieron probando nueva tecnología para frenar la señal o sin que eso afectara a la población que reside alrededor de los penales.

Estas medida está vigente y establece sanciones económicas para las telefónicas. Ahora el gobierno culpa a su antecesor de no hacer que se cumpliera y les dio 72 horas para que bloquearan todo acceso a telefonía e internet en los penales, de lo contrario las multaría con $3,000 salarios mínimos.

Las telefónicas no se han pronunciado sobre el tema pero sí una de ellas ha respaldado publicaciones del titular de la Siget, Manuel Aguilar, en Twitter en la que dice que con las compañías han “acordado trabajar de la mano, nosotros de nuestra mano dándoles apoyo total y ellos de la misma manera. Trabajaremos en conjunto para brindar seguridad en telecomunicaciones”.

FUENTE: elsalvador.com