Redacción
El fin de semana, varios diputados se reunieron y no precisamente para celebrar las festividades del Día del Padre, sino para analizar la posibilidad de juzgar al presidente Juan Carlos Varela por ‘extralimitación de funciones: por tomarse la atribución de crear una institución mediante un decreto ejecutivo’.
Una fuente de entero crédito, miembro de este órgano estatal, indicó que el nacimiento del Centro Nacional de Operaciones de Seguridad y Emergencias (C5) Panamá viola el artículo 159 numeral 12 de la Constitución Política de la República de Panamá, que establece que toda estructura administrativa del Estado debe crearse por medio de una ley de la Asamblea Nacional (AN).
El 10 de junio de 2019, se consolidó el Decreto Ejecutivo 236, que instaura la entidad. El documento está firmado por el presidente Varela y el ministro de Seguridad, Jonathan Del Rosario.
El abogado constitucionalista Juan Carlos Araúz ha confirmado esta premisa. El jurista indicó que el Ejecutivo debió presentar su propuesta de creación de la entidad a la AN, a través de un proyecto de ley, y que dicha propuesta debió experimentar los debates requeridos para cumplir con los requisitos establecidos en la Carta Magna .
Diferencias políticas
Araúz es tajante. ‘El nacimiento de la entidad (C5) está viciado de inconstitucionalidad por haberse creado mediante un decreto ejecutivo y no una ley de la República’.
El tiempo juega a favor del presidente. A tan solo trece días de que concluya su periodo, no existiría la posibilidad de que esta Asamblea Nacional confronte su exceso por no presentar la iniciativa como proyecto de ley. Sin embargo, una denuncia podría tomar cuerpo si un diputado o un civil interpone la queja ante las autoridades competentes.
Las diferencias entre los diputados y el presidente se han intensificado en los últimos días. Las presiones del mandatario para que se ratifique sus designaciones a la Corte Suprema de Justicia, a la Junta Directiva del Canal de Panamá, entre otros, han causado escozor entre ambos.
El presidente ha cuestionado la falta de voluntad de los diputados para ratificar una serie de nombramientos que ha efectuado por situaciones que no tienen que ver con el Ejecutivo sino con la Contraloría General.
Están pendientes de ratificación, el nombramiento del abogado Luis Fernando Tapia como magistrado de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia y el de la abogada María Eugenia Pérez de Preciado como fiscal General Electoral, entre otros.
También, las ratificaciones de otros dos directivos del Canal de Panamá, Roberto Roy y Marietta Jaén.
FUENTE: La Estrella de Panamá
