Redacción
El jefe de la inteligencia del país, Rolando López, declaró bajo juramento ante el Tribunal de Juicio en el caso que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli por ‘pinchazos’ que en agosto de 2014 prestó su computadora personal a un hombre al que no conocía. Afirmó que la prestó a petición de un subordinado del Consejo de Seguridad Nacional cuyo nombre dijo no recordar, para que el desconocido colaborara con la justicia
Estas declaraciones, que para cualquier experto en inteligencia podrían rayar en lo irónico, las vertió López en la audiencia de este lunes contra el exmandatario, al momento de ser interrogado por la querella y contrainterrogado por la defensa.
La computadora a la que se refiere el exsecretario del Consejo de Seguridad Nacional (CS) Rolando López, alias ‘Picuiro’, es la que el testigo protegido utilizó para grabar la información de los ‘pinchazos’ que se guardó en un disco compacto y que luego fue introducida por la fiscalía en el juicio como parte de la evidencia para probar su teoría del caso.
Sometido al contrainterrogatorio de la defensa, López dijo no acordarse de muchas cosas. Por ejemplo, del nombre del subordinado que le pidió su computadora para dársela a una persona —sin proporcionarle el nombre— que quería colaborar con la justicia con el pretexto de que no utilizaría las computadoras del CS porque, supuestamente, la administración pasada le había implantado un programa.
López, no obstante, nunca ordenó una investigación interna para verificar la versión del desconocido y el equipo porque el edificio 150 donde se hacían los pinchazos estaba vacío. Tampoco hizo una inspección al resto del equipo informático que estaba en el Consejo. El exsecretario de la entidad tampoco recordó la marca ni el color de su computadora, especuló que podría ser negra o gris. Tampoco logró identificar el lugar donde se encuentra su computadora actualmente. ‘Creo que está en mi casa’, manifestó.
Añadió que en su computador, un laptop , no tenía ningún archivo importante, razón por la que antes de prestarla al desconocido no hubo necesidad de borrar su contenido. ‘No sabía para qué la iban a usar, no sé a dónde la llevaron, la facilité para colaborar con la justicia y lo volvería a hacer. Asumo que la persona que aportaría información a la justicia estaba tan nerviosa que tal vez se confundió y sintió miedo y dijo que la computadora que usó era de él, no sé qué pasó’, justificó López ante las inconsistencias vertidas por el testigo protegido en el juicio unas semanas atrás.
Luego López indicó que al pasar unos 4 o 5 días le devolvieron su equipo intacto. López no indagó al mensajero qué tipo de información aportaría el interesado en colaborar con la justicia ni se interesó por conocer su identidad. Añadió que su computadora no tenía una clave de ingreso, y que el mensajero nunca le informó a dónde la llevó ni a quién la entregó.
En junio, el testigo protegido dijo, también bajo juramento y ante el mismo tribunal, que él mismo volcó la información sensitiva que estaba en su correo electrónico ‘[email protected]’ en un disco compacto para luego aportarla a la Fiscalía Auxiliar como parte de las evidencias para la investigación. También indicó que se trataba de su equipo personal, que posteriormente se le dañó, que la pantalla se rompió y que no sabía a dónde estaba.
El abogado defensor Alfredo Vallarino indagó sobre la relación de López con el testigo protegido. Se refirió a una reunión que tuvo lugar en el edificio 150 del CS el día 28 de julio en la que participó el entonces presidente Juan Carlos Varela y el subsecretario del CS, Jacinto Gómez.
López dijo que ese día él no estuvo presente debido a problemas de salud.
López añadió que no conocía al testigo protegido y que tampoco comunicó al entonces presidente sobre el préstamo que hizo al extraño. Mientras respondía las preguntas de Vallarino, el exfuncionario que estuvo a cargo de la inteligencia del país entre 2014 y 2019 volteaba a ver a la querella en reiteradas ocasiones. El testigo expresó que no vio la necesidad de comunicar sobre el hecho al mandatario porque se trataba ‘de algo no relevante’. Esto, a pesar de que unos minutos antes había mencionado que el mandatario conversó en julio con un grupo de funcionarios del CS sobre los hechos ocurridos durante la administración de Martinelli.
A continuación, dijo no recordar si tuvo algo que ver con que el testigo protegido, del cual dijo desconocer su nombre, para que fuera enviado al extranjero como agregado policial ante la Organización de Estados Americanos en Washington, Estados Unidos, una vez culminó su colaboración con la justicia. Cargo que representa casi $8 mil mensuales. Indicó que no existía ninguna prohibición para que un agente, que no tenga el rango para esta posición, fuera enviado a Estados Unidos, al tiempo que manifestó que no recordaba si gestionó la licencia del funcionario para su traslado a Estados Unidos.
Luego la defensa interrogó a López acerca de su participación en algunas diligencias de inspección ocular, y él negó rotundamente que haya sido así.
Las preguntas buscaban contrastar la declaración de Luis Rivera Calles, perito informático del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quien ante el tribunal declaró que López había ido al laboratorio de informática a presenciar una diligencia. El exsecretario del CS retó al defensor a buscar un documento en el que aparezca su firma. Exclamó que no entiende por qué Rivera Calles lo acusó de pinchar su teléfono y darle seguimiento. ‘Rivera Calles dijo una serie de infamias, que lo siguen y que le pincharon su teléfono. Yo no me he reunido con él sobre este caso, y si fuera así, estaría mi nombre acreditado en el expediente. No lo he hecho y no lo voy a hacer porque es un delito’, aseveró ‘Picuiro’.
Después acusó a la defensa de satanizar su nombre, pues él no ha presionado a las personas para que declaren en el caso.
Momentos más tarde, recordó que el 4 de julio de 2014, en una reunión en la Embajada de Estados Unidos en Panamá, cuando se celebraba la independencia de ese país, tuvo un encuentro con Martinelli, quien le dijo al oído en tres ocasiones que ‘dejara de preguntar por los equipos de escuchas’ del Consejo de Seguridad. En esa conversación, recordó López, Martinelli le dijo que ‘había tirado el equipo de escuchas al mar’.
Sin embargo, sobre esta conversación López no presentó una denuncia y tampoco aportó la información a la Fiscalía o a los entes a cargo de la investigación en contra del exgobernante porque no tenía pruebas, no le bastaba la confesión de Martinelli.
Afirmó que le es imposible describir los equipos o programas empleados en el CS para los pinchazos porque no los conoce y cuando buscaron los equipos en el último piso del edificio 150 del CS solo encontraron cables. Por el equipo Pegasus se pagaron $8 millones a través de una empresa particular, pero el equipo se recibió en el CS ya que estas empresas solo venden a gobiernos, añadió el exsecretario del CS.
Indicó que varios funcionarios del CS le dijeron que se habían pinchado los teléfonos durante la administración Martinelli, pero no logró proporcionar los nombres de estos. Al mismo tiempo, indicó que ‘no se hace inteligencia violando la ley’.
La defensa cuestionó a López cómo fue que el testigo protegido llegó al Consejo de Seguridad proveniente de Chiriquí en julio de 2014 para colaborar con la justicia, a lo que él dijo no recordar quién lo trasladó a la capital, y tampoco por qué razón no fue sancionado cuando él había participado en los pinchazos. Segundos después, recapituló y mencionó que él llamó al director de la Policía Nacional para que trasladaran al testigo protegido a la capital.
López dijo no comprender por qué razón Rivera Calles y Jaime Agrazal, un exfuncionario del CS, lo atacan.
Enseguida dijo que no había escuchado mencionar el correo electrónico [email protected], al que se refirieron los testigos cientos de veces durante el juicio, a pesar de que antes había dicho que seguía el juicio a través de los medios de comunicación.
A continuación, dijo, a pregunta del abogado defensor, que conoce a Daniel Arroyo porque trabajaba en el CS y que él no lo asignó a la Procuraduría, sino que éste solicitó una licencia y se fue a trabajar con la procuradora Kenia Porcell.
López: ‘No hubo una Procuraduría paralela’
SEÑALAMIENTO
El exsecretario del Consejo de Seguridad Rolando López negó que desde el Consejo de Seguridad se armaron los casos de corrupción como si se tratara de una Procuraduría paralela. Hizo referencia a la publicación de este diario titulada ‘La mano paralela de la Justicia’, en la que se reveló el informe de gestión elaborado por el abogado Rogelio Saltarín (fallecido) contratado por el Ejecutivo de julio de 2014 a junio de 2015. En dicho informe Saltarín dejó por sentado que sostuvo 29 reuniones con el Consejo de Seguridad y ayudó a la preparación de testigos protegidos. López señaló el trabajo periodístico, ganador como la mejor investigación periodística de 2018, como una ‘infamia’ y acusó a la autora de actuar en conjunto con los abogados de Martinelli para hábilmente hacer la publicación. Añadió que el trabajo estaba elaborado en base a percepciones porque la procuradora Kenia Porcell, antes de ser designada en el cargo, formó parte del Consejo de Seguridad cuando López la contrató como asesora legal de julio a diciembre de 2014. Admitió haber conversado con Saltarín en varias ocasiones para que le ayudara a preparar la querella que presentó ante la fiscalía en contra de dos exsecretarios del CS que fueron condenados en primera instancia por el caso de pinchazos. No obstante, ayer también declaró que encomendó a un abogado del Consejo de Seguridad, José Bethancourt, para presentar la querella en mención.
“Jamás he hablado con un fiscal ni he estado en las fiscalías porque jamás ha existido una procuraduría paralela a la cual se le ha dado un premio por esta infamia”, exclamó López. Sus palabras buscaban desmentir a las múltiples fuentes que manifestaron a La Estrella de Panamá que denunció una desviación sin precedentes del Consejo de Seguridad convertido en un instrumento de persecución política y alquimista de casos judiciales puntuales. Arrogándose, además, facultades que solo atañen a la Procuraduría General de la Nación, como son la presentación de testigos protegidos y negociar penas a cambio de cooperación con la justicia.
FUENTE: La Estrella de Panamá
