La posibilidad de que Guatemala sea un tercer país seguro ha sido rechazada en el país, sobre todo porque el Estado no ha tenido la capacidad de ofrecer seguridad a sus habitantes, 262 mil 593 de los cuales huyeron hacia EE. UU. en los últimos 10 años, precisamente a pedir la protección que su patria no les brindó.
De acuerdo con las estadísticas de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), el incremento de los guatemaltecos que pidieron asilo en EE. UU. fue gradual desde el 2010 cuando apenas solicitaron ese alivio migratorio 362 personas, un año antes lo habían hecho ocho mil 528.
Sin embargo, fue en el 2013 cuando hubo una fuerte aumento de más de 750% en las solicitudes que cerraron en ocho mil 168. Luego, en el 2017 se registró otro importante aumento cuando 71 mil 443 guatemaltecos pidieron asilo.
El año pasado, Guatemala fue el tercer país del mundo (84 mil 848), detrás de El Salvador (101 mil) y México (85 mil 596), con más solicitudes de asilo que sus ciudadanos presentaron en EE. UU., y aventajó a países como Venezuela, China, Honduras, India, Ecuador y Haití.
Preocupación
Al tomar en cuenta que, en una década, más de un cuarto de millón de guatemaltecos han huido a EE. UU. a pedir asilo, el cual se le otorgó a 83 mil 601 en el mismo periodo, alarma el bloqueo a las solicitudes de ese alivio migratorio que anunció este 15 de julio el gobierno de ese país.
La administración de Donald Trump informó que impedirá otorgar el asilo a los migrantes que no lo soliciten antes en un “tercer país seguro”, en un nuevo intento de reducir el flujo migratorio en la frontera con México, procedente principalmente de Centroamérica.
La normativa fue presentada por el Departamento de Justicia y el de Seguridad Nacional.
La orden se da a conocer el mismo día en el que estaba previsto que el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, se reuniera con Trump en la Casa Blanca, entre rumores acerca de la posibilidad de que firmara un acuerdo para convertir a Guatemala en tercer país seguro para los migrantes que buscan el asilo en EE. UU., convenio que la Corte de Constitucionalidad quitó la posibilidad de que cobre vigencia al otorgar la noche del domingo un amparo provisional para evitar que se concrete.
En un comunicado, el secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, expuso que esta medida reducirá las “abrumadoras cargas” sobre el sistema nacional “causadas por los solicitantes de asilo que no buscan protección urgente en el primer país disponible y migrantes económicos que carecen de un miedo legítimo a ser perseguidos”.
Todo será más complicado
Francisco Moreno, director ejecutivo de la Federación de Confederaciones Mexicanas, organización que funciona en EE. UU., no duda en que la situación para los migrantes “va a cambiar mucho” y se tornará mucho más difícil obtener asilo político, puesto que la intención de la administración Trump es que sea México el país que reciba a los solicitantes.
En ese sentido, Moreno considera que es muy difícil que México pueda ser un país de acogida, cobijo y trabajo para los migrantes ya que “tiene una infraestructura muy débil y hay un gran porcentaje de desempleo y subempleo” que afecta, incluso a los mismos mexicanos. Citó como ejemplo que “hay ciudades y pueblos donde ni siquiera hay atención médica”.
De acuerdo con Moreno, para mermar la migración irregular es preciso evitar la corrupción y la impunidad que derivan en la violencia por la cual huyen hacia EE. UU. cientos y miles de centroamericanos. “Esto no se va a acabar si en estos países de origen no se pone un hasta aquí a todas estas situaciones”, enfatizó.
Sin embargo, México descartó este lunes convertirse en tercer país seguro para los migrantes centroamericanos que buscan refugio en EE. UU. e incluso, condenó la norma emitida por Trump que restringe las peticiones de asilo.
“Es una limitación al derecho de asilo con la cual México no está de acuerdo. Nosotros tenemos un principio totalmente opuesto: es muy improbable que México le niegue asilo a una persona que lo solicite por persecución política”, dijo el canciller Marcelo Ebrard, quien insistió en que su país no será “tercer país seguro” ya que no existe un acuerdo “bilateral” en ese sentido, además, esto requeriría la aprobación del Congreso de la Unión.
Deportaciones
Guillermo Castillo, representante de la organización Cooperación Migrante que por años ha ayudado a centroamericanos en EE. UU., reconoció que la nueva disposición afecta directamente a aquellas personas que soliciten asilo en ese país porque automáticamente ya no calificarán, con lo cual se podría remover a las personas de una manera expedita.
No obstante, añadió que se esperan acciones legales para revertir la decisión de Trump con lo cual estos migrantes quedarán en un limbo legal, en el que no se sabrá si pueden quedarse en EE. UU. o deben retirarse lo cual generará “caos”.
Explicó que la reciente disposición se suma a la impuesta a los jueces de Inmigración en octubre del 2018, mediante la cual, para mantener su puesto deben negar al año por lo menos 700 solicitudes; además, a que en los centros de detención no hay traductores para apoyar a aquellos solicitantes que no hablan español, mucho menos inglés.