Redacción
Hasta el último día de su gobierno, la administración del presidente Juan Carlos Varela negó haber incrementado el déficit fiscal más allá de lo que permite la ley, así como también la falta de transparencia en las finanzas públicas, pese a que el gobierno entrante del presidente Laurentino Cortizo afirmó que estaban dejando un ‘hueco’ en las finanzas y les exigió ‘cuentas claras’.
En este contexto, el presidente de la Asamblea Nacional, Marcos Castillero, citó al ministro de Economía y Finanzas (MEF), Héctor Alexander, para el próximo lunes 5 de agosto de 2019, a las 4:00 p.m., a comparecer ante el Pleno a fin de que responda un cuestionario de preguntas sobre la situación de las finanzas públicas y el déficit fiscal del país, entre otros temas, heredados por la administración Varela.
Previo a su comparecencia ante el Pleno legislativo, fuentes del MEF revelaron a La Estrella de Panamá cómo encontró la administración Cortizo las finanzas públicas, tras la culminación del periodo de gestión Varela.
En esa línea, explicaron que lo primero que hallaron fue un ‘presupuesto mal elaborado y estructurado por la administración pasada, tanto en los gastos como en los ingresos, lo cual impactó adversamente los resultados, no solo hasta junio sino a diciembre del año 2019, e incluso tendrá impactos en el presupuesto del año 2020′.
Las fuentes señalaron que sumado a lo anterior, la administración pasada dejó una cuantía importante de obligaciones por pagar, recaudaciones de ingresos en descenso y un fuerte aumento de los gastos operacionales, principalmente de la planilla y los subsidios.
Respecto al saldo de la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF), las fuentes indicaron que al cierre de junio de 2019, ascendió a $26,612 millones. Adicional, hay otras obligaciones por pagar que no fueron registradas por la administración pasada.
Destacaron que sumado a lo anterior, están los compromisos financieros de las empresas que fueron separadas del SPNF, que ascendieron a $2,797.0 millones a junio de 2019. ‘Se refiere a los compromisos financieros de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa) y el Aeropuerto Internacional de Tocumen (Aitsa)’, sustentaron.
Adicionalmente, agregaron, se encuentran otras obligaciones contractuales en concepto de proyectos llave en mano.
Por otro lado, las fuentes del MEF también se refirieron a la situación de los ingresos del Gobierno, señalando que hasta junio de 2019, la recaudación de los ingresos corrientes del Gobierno Central están significativamente ‘por debajo’ de lo presupuestado.
De acuerdo con la entidad, en el periodo acumulado de enero a junio de 2019 se había programado recaudar ingresos corrientes del Gobierno Central por $4,338 millones y se obtuvieron $3,377 millones; es decir, $960 millones menos de lo presupuestado, equivalente a un incumplimiento de 22.1%.
Sobre por qué se realizó un ajuste tan fuerte al presupuesto de la nación, respondieron que si no se hubiera realizado, el déficit del SPNF hubiera cerrado en $2,640 millones o 3.8% (relativo al PIB) al final de 2019, siendo el más elevado de los últimos quince años, superando ampliamente el límite establecido para este año por la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.
Señalaron que los ajustes al Presupuesto de la Nación suman un total de $1,483.7 millones, de los cuales $495.3 millones corresponden al programa de funcionamiento y $988.3 millones conciernen al programa de inversiones.
Aunado a lo anterior, añadieron que para afrontar importantes obligaciones del Estado, recientemente el Gobierno Nacional logró el financiamiento de $2,000 millones al más bajo costo de la historia, lo que servirá para el pago de las obligaciones, amortizaciones de deuda pública que vencen este año y el financiamiento de inversiones públicas que se están ejecutando este año.
Según las fuentes, entre las principales obligaciones por pagar se encuentran las siguientes: $39.1 millones a los productores nacionales, $39.3 millones por servicios personales por vigencia expiradas al Ministerio de Educación (Meduca), $41.2 millones por obligaciones del Meduca y la Caja del Seguro Social (CSS), $83 millones por el subsidio eléctrico, $348.1 millones a los bancos por el subsidio del interés preferencial, $453.5 millones a la CSS y el Ministerio de Salud, $31.7 millones por transferencias municipales, $29.4 millones por compromisos con el Ministerio de Seguridad y la CSS, $2.2 millones por cuentas por pagar de arrendamientos sin contrato y $885 mil a Cable & Wireless.
Además de éstas, hay otras obligaciones o cuentas por pagar.
FUENTE: La Estrella de Panamá
