Redacción
Desde junio pasado, los jueces orteguistas vienen notificando mediante auto, el archivo de las causas legales contra los presos políticos excarcelados, pero no se pronuncian sobre la entrega o devolución de los bienes que les fueron incautados. Varios afectados tienen prácticamente su capital de trabajo, formado por años, retenido, tal es el caso del comerciante Hugo Arista y la prestamista Kicha López.
Entre estos bienes hay propiedades de gran valor, vehículos, dinero en efectivo, materiales de trabajo, mercadería, computadoras, celulares, entre otros bienes muebles.
Muchos perjudicados han presentado escritos ante el juzgado correspondiente y ante Auxilio Judicial Nacional de la Policía, quienes se encargan del resguardo de los objetos incautados a través de sus dependencias, pero no ha habido respuesta.
En el caso de Hugo Arista, quien fundó su pequeño negocio familiar de ventas de químicos en el 2016, su abogado Elton Ortega presentó un escrito solicitando al juez que lleva la causa que ordene la entrega de los bienes retenidos a Aristas que son cerca de 80 toneladas de diferentes químicos valoradas en 100 mil dólares, aproximadamente.
La causa está radicada y archivada en el Juzgado Segundo Distrito Penal de Juicio de Managua, ante la juez orteguista Adela Cardoza, pero esta no ha respondido.
Allanamientos
El allanamiento a Arista se dio el 20 de octubre de 2018, cuando uno de sus distribuidores trasladaba mercadería por el lado de Catarina y como llevaba clorato de potasio, uno de los químicos que se utiliza para fabricar juegos artesanales de pólvora, lo retuvieron y lo trasladaron a la policía. No les bastó y se trasladaron hasta la casa de Arista y le incautaron todo su producto que estaba en una bodega.
“Mi detención por seis meses y la retención de mi mercadería no tiene razón de ser, porque fue en octubre cuando ya había pasado toda la represión en Masaya y no solo se llevaron el químico que ellos andaban persiguiendo, sino todo mi inventario que no tiene nada que ver con elaboración de pólvora. Se me llevaron químicos para tratamiento de agua residual, para fertilizantes y no solo me afectan a mí sino a una sociedad mercantil”, dijo Arista.
De igual manera Boanerge Fornos, abogado del profesor Ricardo Baltodano, interpuso escrito ante el juzgado y la policía solicitando la entrega de un vehículo, computadoras, cámaras fotográficas, retroproyector entre otros bienes muebles, valorados en 23 mil dólares, y no les han dado respuesta. Baltodano ya recibió su auto donde ordenan archivar su expediente judicial por terrorismo y otros delitos.
Otro caso de bienes retenidos es el del preso político excarcelado Francisco Sequeira Sequeira, de Juigalpa, Chontales a quien la policía le incautó 10 mil córdoba en efectivo, más 600 dólares, dos celulares, una batería recargable y documentos personales, el 5 de septiembre de 2018, cuando lo capturaron en la comarca El Naranjal en San Carlos Ríos, San Juan. A este ya le notificaron también el archivo de la causa.
“La retención de bienes es un daño más que el gobierno y la policía le hacen al pueblo de Nicaragua que protestó”, dijo Sequeira.
Otro caso es el de Kicha Cristelia López, una mujer transgénero de 29 años, originaria de Diriamba, a quien durante la captura y el allanamiento, el 9 de julio de 2018, un día después del ataque a balazos a esa ciudad de parte de fuerzas paramilitares, la PO llegó a su casa, destrozó todo lo que había, incluyendo su salón de belleza y se le llevó 52,652 córdobas y 36,756 dólares, que era todo su capital de trabajo, como prestamista. Kicha fue excarcelada el 20 de mayo de 2018.
FUENTE: Hoy!
