Redacción
Obligadas por el flagelo de la extorsión, tres empresas importantes de transporte público de pasajeros a nivel nacional cerraron operaciones de manera indefinida, por el temor a que sus operarios sean ultimados por las bandas criminales, que ya le han quitado la vida a 50 trabajadores del rubro durante 2019.
Desde hace varios días, las empresas de transporte interurbano de servicio ejecutivo, Hedman Alas y Viana, cerraron operaciones en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, porque sus propietarios ya no podían pagar cuantiosas sumas de dinero en concepto del mal llamado “impuesto de guerra” o la extorsión.
A la lista se sumó la empresa Rey Express, que cerró operaciones, de la ruta San Pedro Sula-La Ceiba, sumadas sus oficinas en Tegucigalpa.
El cobro de “renta” lo perpetran miembros de las organizaciones criminales, entre ellas la pandilla 18, la Mara Salvatrucha (MS-13) y otros grupos delincuenciales, que ante el incumpliento del pago de la extorsión le quitan la vida a los conductores, ayudantes y en ocasiones a los ejecutivos o dueños de las unidades.
DESDE CÁRCELES
Asimismo, cuando las víctimas no les entregan las exorbitantes sumas de dinero que exigen, como respuesta les incendian los autobuses, ya que supuestamente son las órdenes que reciben de parte de los líderes que guardan prisión en las diferentes cárceles del país, según las investigaciones policiales.
Haciendo uso de la tecnología, esas empresas de transporte, a través de redes sociales, anunciaron la supensión de labores de manera indefinida, al tiempo que le pedían la comprensión a los usuarios.
Uno de los dirigentes del transporte interurbano, Luis Peña, confirmó que las empresas de transporte de pasajeros, Rey Express, Hedman Alas y Viana, suspendieron el servicio hacia La Ceiba, por la grave situación que enfrentan como resultado de la extorsión.
Los extorsionadores los amenazan por teléfono, llegan a las oficinas en carros, en motocicletas y hasta en bicicletas para exigirles el pago ilícito, por lo que los propietarios han preferido cerrar sus actividades ante el temor que sus trabajadores sean ultimados o la pérdida de unidades.
A NIVEL NACIONAL
“Le pedimos al gobierno que ya ponga cartas en el asunto, porque el problema es a nivel nacional, ya que en la ciudad de Comayagua, la empresa Contreras suspendió el servicio, y en otros sectores del país, porque el dinero ya no alcanza para estar pagando tanto por la extorsión”, señaló.
De acuerdo con el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), durante el 2019 se han contabilizado 50 trabajadores del transporte público ultimados, en su mayoría por la extorsión.
Para contrarrestar el flagelo de la delincuencia y las “maras” y pandillas que asaltan en las unidades y extorsionan a los trabajadores del transporte de pasajeros y a sus propietarios, recientemente el gobierno creó la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano (FNSTU), pero en el rubro interurbano aún no existe una fuerza contra la grave situación.
