Redacción
Diputados de la subcomisión que analizan reformas propuestas por el gobierno a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), que buscaría centralizar las compras del Estado y pretenderían apartar al Fiscal General de rol constitucional, aplazaron ayer la discusión de ese pliego de modificaciones.
Las implicaciones que tendría dar más facultades a la Unidad Normativa Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (UNAC) para centralizar el proceso de compras estatales, llamó la atención de los legisladores quienes acordaron ayer dar un plazo de 20 días para discutir con diversos sectores las reformas que presentó el Ministerio de Hacienda antes de la vacación agostina.
Además acordaron que se realice un taller con todas las entidades públicas para que conozcan de qué se tratan las modificaciones que quiere implementar el Ejecutivo.
El gobierno propone tres nuevas formas de contratar bienes y servicios estatales: Licitación Simplificada para Convenio Marco; Licitación Simplificada por Subasta Electrónica, y Baja cuantía. Las primeras dos formas de contratación no tendrían límite de fondos a utilizar y en la tercera modalidad se podría usar dinero del Fondo Circulante o caja chica para todas las eventualidades que surjan y sólo deberían entregar facturas de los gastos.
Todos esos cambios serán enviados por la Asamblea a todas las instituciones públicas donde se especificará en qué consisten y pedirá opiniones sobre los cambios para retroalimentar el proyecto. Asimismo, las instituciones deberán detallar por escrito las compras públicas que tienen planificadas.
Con dicha información, los legisladores elaborarán una tabla para formular un taller con todas las instituciones públicas y se realizará una discusión enfocada en el esquema de compra pública, según el acuerdo de la sucomisión.
Luego procederán a la discusión y análisis de cada artículo que propone reformar el gobierno.
“Cuando recibamos todas esas respuestas vamos a hacer un cuadro comparativo, a ver qué piensan cada una y el 16 de septiembre haremos un foro con todas las instituciones. También se le estará enviando a todas las gremiales y a Conamype para garantizar que las pequeñas y medianas empresas tengan acceso al mismo sistema de compras públicas”, afirmó la diputada de ARENA Margarita Escobar, quien preside la subcomisión.
Escobar, quien hizo un llamado a no regresar a los esquemas centralizados de compras públicas como cuando existía la Proveeduría General bajo la Ley de Suministros de 1940, que se eliminó precisamente cuando se aprobó la LACAP en el 2000, indicó que son unos $1,500 millones los que compra el Estado en bienes y servicios.
Tal como está redactada la reforma propuesta por el gobierno, la UNAC tendría entre sus competencias seleccionar a los proveedores de bienes y servicios para todo el Estado mediante la Licitación Simplificada para Convenio Marco. Y una vez que firme contrato con un proveedor todas las instituciones públicas deberán adquirir el producto con el mismo contratista.
Eso significa que no solo las entidades gubernamentales y autónomas estarán adheridas al contrato, también los órganos Legislativo y Judicial, además de las alcaldías.
Las instituciones públicas deberán elegir a los proveedores de los bienes y servicios a través de un Catálogo Electrónico, el cual será elaborado también por la UNAC.
Ante esas pretensiones, la diputada Escobar cuestiona: “¿Con qué criterio la UNAC va a definir los proveedores de la Asamblea, de la Fiscalía, de la Procuraduría y de la CSJ? ¿Tienen el personal adecuado, parámetros técnicos que definan quiénes sí y quienes no dentro de los proveedores? ¿No se va a entrampar todo esto con la elaboración de dicho catálogo? ¿Si la UNAC misma va a estar técnicamente capacitada para desarrollar ese catálogo de proveedores del Estado?”.
NUEVOS PODERES DE LA UNAC
1. Seleccionará a contratistas “calificados”
Para hacerlo, el jefe de esa Unidad aprobaría “los términos, condiciones y demás requisitos definidos en las bases de licitación correspondientes”, según el texto de las reformas.
2. Evaluará a los proveedores del Estado
“La evaluación de las propuestas se realizará en un plazo máximo de sesenta días hábiles por la Comisión nombrada para tal fin, remitiendo la recomendación al Jefe de la UNAC quien emitirá el resultado mediante resolución razonada”, dice el documento.
3. Resolverá recursos de revisión pero no habrá apelación
El jefe de la UNAC también resolvería recursos de revisión tras los resultados de selección de los proveedores o cuando se deje sin efecto la licitación simplificada. Además, podría excluir a proveedores por tres años de participar en la licitación simplificada, en caso que incumplan los términos y condiciones durante el proceso.
Se encienden alertas
Otro punto de la propuesta del gobierno que ha encendido las alertas de los legisladores es que en la reforma al artículo 18 de la LACAP se plantea que el Fiscal General ya no representará al Estado en contratos sobre adquisición de bienes inmuebles, es decir propiedades.
“Por eso estamos analizando una reforma a la LACAP para darle tecnología, que significa ahorros para los contribuyentes y debe ir de la mano con la transparencia y con el rol que tienen las instituciones como la Fiscalía General de la República”, afirmó Escobar.
También el diputado del PDC y abogado Rodolfo Parker señaló que la propuesta va en dirección de centralizar las compras, a través de una entidad que tendrá a cargo unas 1,500 proveedurías y además quitándole contrapesos porque una de las reformas sustrae la participación del Fiscal General de la República.
“Nosotros no vamos a estar a favor de las centralizaciones, vamos a llamar opiniones de las diferentes gremiales en particular de la Bolsa de Productos, cuáles son sus reacciones y tratar de tener la mayor ilustración”, dijo Parker.
Acotó que este tipo de reformas van en ruta a abonar “niveles de alta discrecionales” por parte de algunos funcionarios públicos.
Para Parker se debe generar el mayor debate posible y por eso se buscará una variedad de opiniones.
“Que nos vamos a dejar meter gol para que se sigan cometiendo actos de corrupción, que se sepa que no lo vamos a hacer”, aseveró.
La centralización de compras a través de la UNAC conlleva a altos niveles de discrecionalidad, sobre todo cuando se estarían suprimiento los contrapesos actuales que deben existir en las unidades de contrataciones, apuntó Parker.
“Las reformas que están no son pasos en dirección a corregir los males que están sufriendo”, remarcó.
Con los legisladores coincidió Roberto Rubio, director de Funde (Fundación nacional para el desarrollo), quien opinó que “esta reforma va en sentido inverso y le mete retroceso a la LACAP. Primero porque lo que debería haber es mayor descentralización, porque mientras más ojos vean, más difícil es hacer las cosas torcidas y mientras más ojos vean, más descentralizado es y se evita la discrecionalidad”.
Rubio dijo que otro retroceso que ve en la reforma es que mientras la ley busca que haya mayores niveles de fiscalización “con esto al quitarle ciertas facultades al Fiscal me parece que es inadecuado. Es una mala combinación, por un lado descentralizar, y por otro desfiscalizar”.
Rubio indicó que Funde elaboró un índice en el que se detalla que el 90% de las licitaciones se hacen por Libre Gestión, es decir que son muy pocas las que se hacen por Contratación Directa. “Esto justamente es lo que debería corregir la reforma, no aguadar el proceso. Es sospechoso que estén buscando hacer retroceder la LACAP cuando lo que se debe buscar es más bien reforzarla”, consideró.
Gobierno defiende reformas
Sin embargo, la directora de la UNAC, Jasmin Arteaga, defendió ayer en la reunión de la subcomisión que con las reformas no están retrocediendo y tampoco van a regresar a la extinta figura de la Proveeduría General.
“La UNAC no va a comprar, va a hacer la preselección de los posibles oferentes que cada institución va a tener a su disposición para poder comprar desde el Catálogo Electrónico”, aseguró la funcionaria.
La entidad que dirige Arteaga depende directamente del Ministerio de Hacienda.
FUENTE: elsalvador.com
