Redacción
Un total de 421 privados de libertad fueron trasladados a centros penitenciarios de máxima seguridad y otros recintos penales, como parte de las medidas de seguridad y reordenamiento del sistema carcelario del país, informó el presidente Juan Orlando Hernández.
También denunció, que tanto es la necesidad de ordenar muertes y extorsiones, que tienen denuncias de que algunos hasta pagan medio millón de lempiras por tener un celular dentro del recinto carcelario.
Con el traslado se busca que esos privados de libertad no continúen enviando órdenes de extorsión y asesinatos desde el interior de esas cárceles, indicó Hernández en comparecencia de prensa en las instalaciones del Servicio de Emergencias 911.
“Desde tempranas horas hemos iniciado una operación para movilizar a 421 privados de libertad entre diferentes cárceles, principalmente donde tenemos máxima seguridad”, añadió el gobernante, quien coordinó la operación junto a autoridades penitenciarias, militares y policiales.
Hernández explicó que “esta reubicación obedece a ser mucho más precisos y a endurecer el mecanismo de máxima seguridad”.
“Y yo quiero adelantarme a las críticas que van a venir de los parientes, de los abogados, inclusive de organismos de derechos humanos: nosotros tenemos que cuidar y proteger a la ciudadanía”, subrayó.
El exitoso traslado fue ejecutado por la Fuerza Nacional de Control de Centros Penitenciarios, la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional, Policía Militar del Orden Público, Policía Nacional y otros órganos de seguridad, que ingresaron a los establecimientos carcelarios para extraer de los diferentes módulos a cabecillas de maras y pandillas, considerados de máxima peligrosidad y que pertenecen en su mayoría a la Pandilla 18, y los llevaron a otros recintos.
“MÁS DUROS”
Al menos 21.288 personas privadas de libertad conviven en los centros penitenciarios a nivel nacional; de estos reos, unos 3.500 son miembros de maras y pandillas.
El mandatario adelantó que los próximos días enviará al Congreso Nacional una reforma a la ley del Instituto Nacional Penitenciario, para profundizar los servicios penitenciarios y concentrarse en la clasificación de los privados de libertad.
“Tenemos que adelantarnos e inclusive llevar al Congreso Nacional reformas a toda la normativa penitenciaria, porque si alguien está privado de libertad y se califica de alta peligrosidad, no podemos permitir que tenga el espacio de seguir operando desde la cárcel o aprovechando la relación con el abogado” para hacerlo, argumentó Hernández.
Indicó que se solicitarán al Congreso esas reformas “para ser más duros y contundentes en el concepto de cárceles de máxima seguridad. Esta es una primera etapa y la otra semana se va a seguir con otro tipo de medidas”.
Hernández señaló que el uso de tecnología desde las cárceles le ha hecho un gran daño al país, pues los privados de libertad las aprovechan para ordenar extorsiones y asesinatos en el país.
“Hemos detectado durante todo este tiempo cómo el mundo criminal aprovecha una visita para mandar un mensaje, sea verbal o por escrito, cómo utilizan llamadas y cómo, cuando salen a pedir atención médica o cuando salen a una audiencia, son formas que ellos utilizan para ordenar” delitos, explicó.
“Las empresas telefónicas que brindan el servicio de wifi o los cables, recuerden que son licencias del Estado y si están prestándose a ese tipo de actividades delincuenciales tiene que haber una consecuencia y en Honduras ya existe para las telefónicas una sanción muy severa”, advirtió Hernández.
“Tenemos que ser fuertes y mucho más duros en el uso de los mecanismos que tenemos del concepto de alta peligrosidad y eso significa estar aislado”, ahondó el titular del Ejecutivo.
“Este es un mundo complejo, difícil, porque todos los días ellos están buscando cómo avanzar y nosotros tenemos que salir adelante”, apuntó Hernández.
Exhortó a la población a que “si alguien está utilizando una forma de mandar señal o facilitar el ingreso de aparatos a estos centros penales llamen al 911 y al 143 para poder ayudarle a las fuerzas de seguridad”.
En la reunión con el mandatario también participaron el canciller, Lisandro Rosales; el viceministro de Seguridad, Luis Suazo; el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general René Orlando Ponce Fonseca; el director general de la Policía Nacional, comisionado José David Morán, y otras autoridades.
FUENTE: La Tribuna
