Editorial
El Consorcio de Salud en Control se encargará de automatizar el almacenamiento y entrega final de los medicamentos a la población cubierta.
El director de la Caja de Seguro Social (CSS) adjudicó un contrato que le permitirá a la institución actualizar, implementar e integrar los procesos de almacenamiento y dispensación final de medicamentos a nivel nacional por un periodo de 4 años.
Ello ayudaría a mejorar la disponibilidad de medicamentos a favor de miles de panameños que recurren a diario a la entidad.
Luego de un proceso de licitación que se inició en diciembre pasado, la CSS dejó este servicio en manos del Consorcio Salud en Control, integrado por la mexicana Intercontinental de Medicamentos S.A. y PMG Logistic Corp, que presentó una oferta de 168 millones de dólares.
El consorcio estuvo por debajo del precio de referencia que estableció la CSS para esta contratación de 200 millones de dólares, a razón de 50 millones de dólares por año. El Consorcio Control y Salud dará el servicio a razón de 42 millones de dólares por año, de acuerdo con la información publicada ayer en el sitio web Panamá Compras.
En su resolución de adjudicación, Lau dijo que el Consorcio Control y Salud fue el único proponente, que según la comisión evaluadora, cumplió con los requisitos y exigencias del pliego de cargo, obteniendo un total de 97 puntos de la metodología de ponderación establecida.
Precisamente, en enero pasado, la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) autorizó disponer de $278.2 millones en la adquisición de medicamentos agotados.
El representante de los servidores públicos en la junta directiva, Roberto González, detalló que con este dinero adquirirán medicamentos agotados en 108 renglones de la compra de precio único que debió abastecer a la institución hasta septiembre próximo.
La distribución de estos medicamentos deberá ser más eficiente con el nuevo servicio de automatización, almacenamiento y entrega final a los asegurados de la CSS, el cual asciende a casi 3 millones de personas.
El pasado 24 de marzo, la comisión evaluadora determinó que una de las dos empresas que participaron del proceso no cumplió con todos los requisitos no subsanables por lo que tuvo que descalificarla.
Se trató del consorcio Disur & Motion Health Care, integrado por la empresa mexicana Distribuidora Disur y la panameña Sistemas Neumáticos de Envíos S.A., que según la comisión evaluadora incumplió con al menos dos requisitos no subsanables como no presentar una carta de la Superintendencia de Bancos de México que certificara que el Cibanco está reconocido para operar, el primer requisito no subsanable.
Otra de las razones expuestas por la comisión evaluadora para descalificar al consorcio Disur & Motion Health Care es que no cumple con el requisito de experiencia, otro punto no subsanable. “La experiencia proporcionada está enfocada en la distribución mejorada por medio de logística de medicamentos, mas no al uso de herramientas tecnológicas por medio de sistemas automatizados”, estableció la comisión evaluadora en su informe.
Distribuidora Disur causó revuelo esta semana en Panamá, cuando se conoció que en su país sede mantiene un historial marcado por supuestas irregularidades que ya han sido tema de publicaciones en medios de comunicación.
De acuerdo con publicaciones reconocidas en México como La Silla Rota, Distribuidora Disur formó parte de un grupo de empresas que concentraron la compra de medicamentos participando, ilegalmente, hasta con dos compañías distintas en las licitaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de los sistemas de salud estatales, de acuerdo con datos encontrados por La Silla Rota.
El 13 de marzo de 2019, La Silla Rota señaló que Distribuidora Disur fue vinculada con el exgobernador de Morelos, Graco Ramírez en 2016. “De acuerdo con información que dio a conocer El Financiero en ese año, Víctor Sánchez Ayala, dueño de la empresa, se vio beneficiado por ser su amigo. La Secretaría de Salud de Morelos compró medicamentos a esa compañía por 570 millones de pesos mexicanos, cuatro veces su valor original”, señaló La Silla Rota en su artículo.
Se conoció que Disur SA de CV inició operaciones el 11 de octubre de 1993 cuando se constituyó como proveedor de medicamentos del entonces Distrito Federal.
El propietario de la empresa, Víctor Sánchez Ayala, ha sido vinculado con supuestos actos irregulares en varios estados de México. En 2014 fueron dados a conocer audios en los que supuestamente Sánchez Ayala y un hijo del entonces gobernador de Michoacán, arreglaron una licitación pública de proveedores de medicamentos para el sector salud.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, sección Morelos, denunció en 2015 que el gobierno estatal había comprado a la empresa de Sánchez Ayala vacunas fuera de la fecha de expiración o vencidas.
Fuente: Panamá América y El Diario de Ciudad Victoria
