Editorial
La Corte de Cuentas de la República (CCR) solo ha tenido acceso a parte de la información del recien inaugurado Hospital El Salvador. La primera magistrada de la institución, María del Carmen Martínez Barahona, dijo esta semana en una entrevista en Canal 33 que son siete paquetes de información sobre la obra ubicada en donde hasta hace unos días era el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO).
“En el caso del Hospital CIFCO, hemos tenido acceso a tres paquetes de siete que comprende el proyecto, específicamente paquete 1,6A y 6B pero del resto no tenemos información”, afirmó.
Sobre esto el titular del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Romero Herrera argumentó que se trata de información sobre etadas de la construcción que se realizarán más adelante y que sí se ha entregado todo a la CCR.
“El proyecto de CIFCO cuenta con diferentes etapas, la fase 1 que es la que ya tenemos el 100 % de avance, la fase 2, que el próximo mes lo vamos a habilitar, y la fase 3, que es el edificio de tres niveles (…) la Corte de Cuentas ha pedido información sobre algunas cosas que, por ejemplo, en este caso, se han considerado para futuro. Entonces no podemos dar información de algo que no vamos a hacer ahorita, sino que vamos a hacer más adelante”.
La Corte de Cuentas también está auditando los $30.9 millones que el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) prestó al Ministerio de Salud y que se utilizó para equipo médico para el Hospital El Salvador, para equipo consumible de protección y para adecuación de infraestructura, adquisiciones de bienes y servicios e incapacidades.
La semana pasada instalaron el equipo auditor para fiscalizar las compras realizadas y verficiar si los insumos han sido trasladado de forma legal.
De acuerdo a Carmen Elena Rivas, presidente de la CCR, solo están facultados a imponer multas, pero pueden dar el aviso a la Fiscalía General de la República (FGR) en caso de encontrar una irregularidad.
En los últimos días han sido expuestos casos en los que el Gobierno ha hecho compras a funcionarios públicos, uno de los funcionarios incluso fue destituido, aunque quien autorizó que se hiciera esa compra fue el ministro de Salud, Francisco Alabi.
Fuente: El Economista
