Editorial
El Ministerio Público (MP) y la presidencia concluyeron la semana pasada con un intercambio de oficios y acciones legales. El ente investigador afirma que cumple con la ley, pero el Ejecutivo considera que se trata de actos intimidatorios.
A criterio de analistas, el MP debe de fundamentar sus requerimientos para evitar una violación al derecho de antejuicio de los funcionarios. Dicho ente puede pedir información que sea necesaria o urgente para formular una posible solicitud de antejuicio, refieren los expertos.
El MP solicitó la semana pasada información a la cartera de Finanzas, el cual dirige Jonathan Menkos. Pero el ministro indicó que los requerimientos buscan generar intimidación y presentó una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El pulso jurídico entre el MP que coordina María Consuelo Porras y la presidencia de Bernardo Arévalo comenzó meses atrás, luego de la primera ronda de las votaciones generales del año pasado, el ente encargado de la investigación penal comenzó a requerir información a la agrupación política.
