Sindicatos piden quitar pruebas FARO a nuevo ministro de Educación

Que no se implementen las pruebas FARO, y que no se hagan exámenes de bachillerato son algunas de las principales demandas que piden los diferentes sindicatos a quien asuma la cartera de Educación, tras la salida de Édgar Mora.

Las pruebas en cuestión son el nuevo formato de bachillerato; estas se aplicarán tras las vacaciones de medio período y antes de finalizar el curso en noviembre.

La razón para eliminarlas es que ya los jóvenes pasan por un proceso de evaluación durante todo el año, insisten los sindicalistas, quienes reiteran el argumento que usaron con las pruebas de bachillerato.

Por el momento, la cabeza del Ministerio de Educación está bajo el cargo de forma interina de Giselle Cruz, viceministra Académica.

Otro de los retos que los representantes de los trabajadores enumeran como prioritario para el nuevo jerarca, será poner al día el pago de salarios por concepto de anualidades, recargas y dedicación exclusiva.

Se trató de obtener un estado de situación sobre estos temas, pero al cierre de edición, el Ministerio de Educación no respondió las consultas de LA REPÚBLICA.

Una tercera prioridad, solicitada por los agremiados, tiene que ver con la infraestructura; particularmente, que se le dé agilidad y más ejecución a proyectos.

En este aspecto, desde que Mora asumió, se invirtieron unos ¢102 mil millones en 120 proyectos de construcción.

Estos fondos fueron destinados a nueva infraestructura educativa, mantenimiento, atención de órdenes sanitarias y adquisición de terrenos.

Otra demanda de los representantes de los trabajadores tiene que ver con cargas laborales y problemas de interinazgo.

Sin embargo, en estos puntos se avanzó con una directriz y un decreto.

En el caso de las cargas laborales, la directriz suspende la creación de nuevas comisiones, grupos de trabajo, convenios, programas o la ejecución de actividades no previstas en el Calendario Escolar.

Mientras que con el tema de los interinos, un decreto benefició con propiedad a unos 15 mil funcionarios, que incluyó docentes, personal administrativo, cocineras y conserjes, quienes se encontraban por dos años o más en puestos vacantes como interinos.