Redacción
En el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) se prepara un proyecto de reformas a la Ley 50, que en 2006 reorganizó la institución, y que responde a una realidad muy distinta a la actual.
El documento busca instalar una independencia absoluta en la institución. Una vez sea aprobado por los miembros de la junta directiva, se presentará ante la Asamblea Nacional para convertirlo en Ley de la República.
Esta acción contrarrestaría cualquier intención de someter al Imelcf bajo la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), como se plantea en el Plan de Seguridad de la Policía Nacional 2019-2024. El plan de los uniformados justifican que el Imelcf actúe bajo el paraguas de la DIJ recordando los tiempos de la Policía Técnica Judicial, cuando los agentes realizaban estas tareas supuestamente agilizando las investigaciones.
Sin embargo, la propuesta policial tendría que acompañarse de un presupuesto económico y redistribución de las responsabilidades en la dirección. Esta idea también forma parte de un segundo anteproyecto, por lo que enciende el debate en la opinión pública sobre el lugar que debe ocupar la medicina forense en la investigación criminal.
Hasta el momento, el Imelcf se encuentra adscrito al Ministerio Público, pero de acuerdo a su director, José Vicente Pachar, con la reforma a la ley se intenta consolidar la independencia absoluta y modernización de la entidad, ejes plasmados en el Plan Estratégico Institucional 2018-2023.
En esta entidad laboran 1,500 funcionarios, entre administrativos, peritos, ayudantes de peritos (639) y trabajadores sociales. Una de las condiciones primordiales para una eficiente cooperación con la justicia se recarga en la independencia de los peritajes.
La medicina legal ha sido un aporte vital para la administración de justicia, pero siempre ha sido un desafío la asignación de recursos para este propósito y demostrar a la sociedad en general que la ciencia forense no se trata solo de muertos, sino de una asesoría en la materia para los jueces y los investigadores del delito.
Humberto Mas, exdirector de la institución, señala que la proyección para operar la institución asciende a $79 millones, pero en 2018 se le asignó solo la mitad, a pesar de que entró en vigencia el Sistema Penal Acusatorio, que exige atención las 24 horas, por lo que acarrea costos de transporte, personal e insumos.
Pachar manifiesta que en la vista presupuestaria de este año se aprobó el 94% de los $54 millones solicitados. No obstante, una vez que el monto pasa por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, o cuando arriba al Ejecutivo, sufre recortes significativos, lo que fomenta el círculo vicioso de la falta de recursos para operar en forma óptima.
Compromiso salarial
La ausencia de un salario digno motivaba a los especialistas, que son exclusivos del Imelcf, a solicitar una licencia sin sueldo para trabajar en el sector privado. Mas recuerda que logró pagar a médicos el derecho al 50% del sueldo además del salario como lo dicta la Ley. Pachar completó el pago para los peritos de criminalística y los laboratoristas.
Dos de los laboratorios del Imelcf cuentan con estándares norteamericanos: ADN y documentología.
Este proceso de certificación se inició dos años atrás y recientemente se formalizó, luego de un acompañamiento de la Embajada de Estados Unidos en Panamá que siguió el procedimiento para lograr la verificación de la calidad de las pericias realizadas en los laboratorios mencionados. No obstante, la continuidad para mantener la acreditación depende del presupuesto del instituto. Entre las deficiencias halladas en la institución, se identificó que no existe un presupuesto para la compra de ensayos de aptitud externos, en los que deben participar los laboratorios y sus secciones.
Morgues en mal estado
Uno de los grandes desafíos del Imelcf es la adecuación y modernización de las morgues judiciales.
La infraestructura principal, ubicada en el antiguo HHospital Gorgas, ha topado el límite. Su infraestructura, según Mas, resulta obsoleta y enferma. Con capacidad para 80 cadáveres, en ocasiones es necesario colocar dos en una sola nevera. El recinto resulta pequeño, como consecuencia se registra hacinamiento en los despachos. Con cierta frecuencia se daña el ascensor y el personal se ve en la necesidad de subir los cadáveres por la escalera, ya que las autopsias se realizan en el nivel superior.
Además de la sede de Ancón, se dispone de morgues en Panamá Oeste, Coclé, Darién, Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro.
El exdirector mencionó que recientemente se adquirió un terreno en Chivo Chivo, cerca de la ciudad hospitalaria, en el cual se planea construir una morgue para desahogar el hacinamiento en Ancón.
Amenazas y fortalezas
La institución ve como una amenaza el incremento de los actos delincuenciales que a su vez incrementan los servicios periciales. De igual forma, en el diagnóstico de la institución se plasma que los plazos para la emisión de pericias no toman en cuenta la complejidad de las solicitudes ni los tiempos que se requieren, según el área científica. Aunado a esto, se solicitan pericias no incluidas en el Directorio de Servicios Periciales.
Otro factor que retrasa el trabajo de los peritos, aunque es prácticamente inevitable, es la asistencia a las audiencias, y el tiempo de espera en las mismas. Existe también desconocimiento de las autoridades gubernamentales y de la sociedad sobre los cambios que han ocurrido en la institución.
Entre las fortalezas, se refieren la credibilidad de los servicios periciales gracias a la independencia con la que trabajan los profesionales y la cooperación de la institución con otras entidades estatales.
El reto de lograr la autogestión
PLAN INSTITUCIONAL
La visión de una institución independiente, moderna y profesional, que pueda incluso generar fondos por autogestión, se plasma, en teoría, en un documento que busca mostrar los principios que debe obedecer el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Una de las principales debilidades de la institución es la dependencia del presupuesto del Estado. En el Plan Estratégico Institucional se plantea la posibilidad de fortalecer el presupuesto por medio de la obtención de fondos de autogestión destinados a la compra de equipos. El modelo estatal de asignación de recursos es visto como una deficiencia para quienes laboran en la entidad. Este año, por primera vez, presentaron el presupuesto anual sin el Ministerio Público, como siempre se acostumbraba.
FUENTE: La Estrella de Panamá
