Gobierno quiere volver a centralizar compras del Estado y eliminar el rol del Fiscal

El actual gobierno pretendería volver a centralizar las compras del Estado mediante reformas a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y además intentaría sumprimir el rol constitucional del Fiscal General en los contratos para adquirir bienes inmuebles estatales.

Antes de la vacación de agosto y sin hacer mayores anuncios, el Ministerio de Hacienda presentó a la Asamblea Legislativa un pliego de 12 reformas a la LACAP que buscarían, entre otros cambios, dejar en manos de una dependencia de Hacienda el mecanismo de compras de todo el Estado.

También propone tres nuevas formas de contratar bienes y servicios estatales: Licitación Simplificada para Convenio Marco; Licitación Simplificada por Subasta Electrónica, y Baja cuantía. Las primeras dos formas de contratación no tendrían límite de fondos a utilizar y en la tercera modalidad se podría usar dinero del Fondo Circulante o caja chica para todas las eventualidades que surjan y sólo deberían entregar facturas de los gastos.

Actualmente las formas de contratación que existen son: Licitación o Concurso; Libre gestión; y Contratación directa, las cuales exigen cumplir varios requisitos que evitan el gasto excesivo y sin control de los recursos del Estado. También se utiliza el Mercado Bursátil, mediante el cual se compra en la Bolsa de Productos y Servicios.

Las modificaciones que el Ejecutivo haría a la ley son las primeras de su clase en casi dos décadas de vigencia de la normativa que, de ser aprobadas por los diputados, cambiarían el espíritu de la ley, advierten expertos consultados por El Diario de Hoy.

De acuerdo al documento que ahora está en manos de una subcomisión de la Asamblea, uno de los cambios clave a la LACAP, vigente desde junio del 2000, es que la centralización del proceso de compras estatales estaría en manos de la Unidad Normativa Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (UNAC), una dependencia del Ministerio de Hacienda.

El jefe de esa unidad concentraría facultades como: seleccionaría a los contratistas; aprobaría bases de licitación; realizaría convocatoria pública en Comprasal (sitio donde se publican las compras estatales) y en prensa escrita; daría el resultado de los seleccionados; resolvería recursos de revisión y firmaría “Convenios Marco” con proveedores, entre otras atribuciones, dice en la propuesta.

La forma de contratación que utilizaría el gobierno llamada “Licitación Simplificada para Convenio Marco”, consiste en la selección de proveedores que pondrían a disposición sus bienes y servicios para todo el Estado mediante un “Catálogo Electrónico” donde estarían los productos disponibles y se podrían consultar desde Comprasal, se explica en una presentación colgada en el sitio web de Hacienda.

También se indica que la UNAC realizaría un estudio de mercado y la licitación para seleccionar a los proveedores y luego firmaría un convenio con los que seleccione. Luego cada institución estatal sería la que adjudique la compra del bien o servicio.

“Cada institución selecciona desde el Catálogo Electrónico los bienes y/o servicios, formalizando la obligación con el contratista mediante una orden de compra a través del sistema. La institución conocerá quien es el contratista hasta que ha seleccionado en forma definitiva el bien y/o servicio a adquirir”, dice en la presentación.

Y en el documento que contiene las reformas que presentó Hacienda se detalla que una vez que entraría en vigencia el “Convenio Marco” o contrato que firmaría la UNAC con el proveedor “quedan adheridas al mismo todas las instituciones de la Administración Pública, debiendo adquirir únicamente por este medio los bienes y servicios de no consultoría que se encuentren incluidos dentro de los Catálogos Electrónicos vigentes”.

Es decir, desde ese momento los ministerios, viceministerios, autónomas, alcaldías, además de los órganos Legislativo y Judicial y toda entidad pública debería comprar al mismo proveedor elegido por esa dependencia de Hacienda.

Pero si antes de la firma del Convenio alguna institución ha iniciado un proceso para adquirir los mismos bienes o servicios que estaría contratando la UNAC con algún proveedor, la institución debería continuarlo, y si el proceso es declarado desierto o queda sin efecto, la entidad debería contratar el servicio o bien, a través del Catálogo Electrónico, se explica en la propuesta.

Hacienda destaca que entre los beneficios que habría al implementar el Convenio Marco y el Catálogo Electrónico estaría una “simplificación del proceso de compra (la institución se ahorra el proceso de evaluación y selección del proveedor). Compra en forma inmediata”; “bienes y servicios comunes, estandarizados”; “plazos inmediatos de entrega requeridos por la institución en el momento que emite la orden de compra”; “disminución de costos de almacenamiento y gestión de inventarios”, dice en la presentación colgada en la web de ese ministerio.

Antes de la LACAP, las compras del Estado se hacían bajo la Ley de Suministros de 1940, a través de la desaparecida Proveeduría General de la República que era una dependencia del Ministerio de Hacienda. Esa instancia centralizaba las compras de bienes y servicios del Estado, pero fue un esquema cuestionado por su opacidad, según destacan varios especialistas en esa ley.

Uno de ellos es el exdiputado Jorge Villacorta, uno de los impulsores de la LACAP hace casi dos décadas. También los abogados Francisco Bertrand Galindo, exministro de Seguridad y constitucionalista; y Javier Castro, abogado y director del Departamento de Estudios Jurídicos de Fusades.

Los tres opinaron la semana pasada que la LACAP modernizó y transparentó el sistema de compras del Estado, además de que lo descentralizó.

“Lo que la ley LACAP hizo fue que existiera un sistema eficiente, transparente y ordenado en las contrataciones de bienes y servicios del Estado. Teníamos un sistema que venía de 1940 que era ineficiente, inoperante, borroso, opaco; era un sistema altamente cuestionado por la opacidad que permitía corrupción”, opinó Castro días atrás.

Villacorta remarcó que la nueva ley llegó para “eliminar esos abusos” que existían en aquella época.

La Proveeduría fue sustituida por un sistema descentralizado de compras que, desde el 2000, funciona mediante oficinas en cada institución llamadas UACI (Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional).

En este caso, la UNAC no hará las compras, pero sí concentrará el proceso de selección de los que proveerán los productos a todo el Estado.

Los tres especialistas destacaron que si se hacen reformas a la ley debe ser para dotarla de mayor transparencia, no para retroceder ni para cambiar el esquema descentralizado que existe. “Lo que no puede pasar es que quieran aprobar reformas orientadas a debilitar la institucionalidad que tiene la LACAP”, acotó Castro anteriormente.

Los nuevos poderes de la UNAC

La pretensión de Hacienda es que la UNAC concentraría más atribuciones en el proceso de compras estatales. Para ello, propone intercalar cuatro artículos entre el 40 y 41 de la LACAP, en cuyos textos se detallan las nuevas facultades que tendría esa unidad.

La UNAC seleccionaría a los “contratistas calificados” y para hacerlo el jefe de esa Unidad aprobaría “los términos, condiciones y demás requisitos definidos en las bases de licitación correspondientes”, dice en el texto de las reformas.

Las licitaciones iniciarían cuando lo indique la UNAC o cuando lo solicitaría alguna institución a esa instancia.

Tras la convocatoria pública para la licitación, a través de Comprasal y en medios escritos de circulación nacional, daría un plazo mínimo de cinco días hábiles para que los interesados descarguen las bases de licitación de forma gratuita, y luego daría un plazo mínimo de 15 días hábiles para que presenten sus propuestas.

La evaluación de los proveedores también lo haría esa unidad.

“La evaluación de las propuestas se realizará en un plazo máximo de sesenta días hábiles por la Comisión nombrada para tal fin, remitiendo la recomendación al Jefe de la UNAC quien emitirá el resultado mediante resolución razonada”, detalla el documento, aunque no se explica quién elegiría a los miembros de la comisión que se nombre ni quiénes la integrarían.

Podría además dejar sin efecto el procedimiento de licitación “por razones de interés público, caso fortuito o fuerza mayor” y su decisión no es apelable. “Con este resultado se agota la vía administrativa y no se admitirá recurso alguno”, dice la propuesta.

El jefe de la UNAC también resolvería recursos de revisión, tras los resultados de selección de los proveedores o cuando se deje sin efecto la licitación simplificada.

Y una de las atribuciones clave que tendría quien dirija esa Unidad es que firmaría el Convenio Marco con los proveedores que esa misma instancia seleccionaría y definiría el plazo.

“La UNAC definirá el plazo de vigencia de cada Convenio Marco, los Catálogos Electrónicos vinculados a éstos, la forma de renovación, modificación, entre otros, y eliminará los lineamientos para implementarlo y desarrollarlo”, dice la propuesta de Hacienda, aunque no se especifica en el texto cuál será el plazo de vigencia del convenio, pese a su importancia para la seguridad jurídica.

Además podría excluir a proveedores por tres años de participar en la licitación simplificada, en caso que incumplan términos y condiciones durante ese proceso sin justificación comprobada, o que ya como contratista incumpla el Convenio Marco.

Esa instancia también establecería los lineamientos para el registro de potenciales “oferentes” en el sitio de Comprasal.

Pero además esa unidad de Hacienda tendría facultades sobre la Licitación Simplificada por Subasta Electrónica, ya que “emitirá los lineamientos normativos y técnicos necesarios para la implementación de esta forma de contratación, criterios de evaluación, adjudicación, asimismo de la utilización de fichas técnicas que contendrán las especificaciones de bienes y servicios estandarizados a utilizar por las instituciones”.

Y aunque la contratante de proveedores sería la UNAC, la propuesta de Hacienda indica que sería cada institución estatal la que daría seguimiento a la ejecución de los contratos de los bienes y servicios adquiridos por “Catálogo Electrónico” en la Licitación Simplificada y también los contratos por Subasta Electrónica.

FUENTE: elsalvador.com