Si el gobierno de Carlos Alvarado se ve imposibilitado de sancionar a los huelguistas, es probable que la base de reclamos sindicales aumente, de acuerdo con analistas, empresarios y políticos, que cuestionan el impacto de la Reforma Procesal Laboral.
La ley en materia de trabajo falló en cuanto a la resolución oportuna de la ilegalidad de los movimientos de protesta en diversas instituciones y permitió que los trabajadores se mantuvieran en huelga por más de 50 días, como sucedió con los maestros y profesores.
Sin importar el futuro del plan fiscal en la Sala IV —que originó el conflicto social—, los sindicatos ya salieron empoderados de esta disputa, según varios especialistas.
No solo se aglutinaron en torno a un tema y acabaron con más 20 años de divisiones internas, sino que también le restaron capital político al Presidente en una etapa “muy tierna” de su gestión, de acuerdo con el analista Claudio Alpízar.
Por otra parte, la huelga les sirvió para mandar una mensaje claro al mandatario de que no tolerarían reformas más estructurales en el futuro, como podría ser una ley de empleo público, o incluso el cierre de instituciones públicas con duplicidad de funciones como ha anunciado Rocío Aguilar, ministra de Hacienda.
“Marcaron la cancha para eventuales protestas en contra de iniciativas más estructurales y que podrían venir después del paquete fiscal, sin importar si pasan o no”, dijo Daniel Calvo, analista independiente.
Un total de 37 declaratorias de ilegalidad de huelga fueron presentadas por el gobierno desde el 10 de setiembre, cuando inició la protesta.
Sin embargo, a la fecha el gobierno no ha podido rebajar ni un céntimo del salario a los huelguistas, ni mucho menos, ha despedido a alguien que haya abandonado su puesto de trabajo.
Incluso, los maestros viajeros —más de 500— que aprovecharon la huelga para irse a vacacionar fuera del país, no han sido castigados aún.
La reforma procesal laboral obliga a los tribunales de trabajo a dictar sentencia en dos instancias diferentes, lo que permite que el proceso se extienda más de la cuenta, ya que en el ínterin se pueden presentar apelaciones.
Por otra parte, la ley establece que las notificaciones solo se pueden entregar de manera presencial al encargado del sindicato designado, por lo que los trabajadores en la práctica pueden esconderse durante semanas.
Para colmo, la norma no es clara sobre el momento procesal en que se podría aplicar la sanción.
Esto hizo que el gobierno presentara una acción de inconstitucionalidad, para que se pueda rebajar el salario desde el día número 1 de la huelga a los empleados públicos que participen en una protesta y no hasta que la sentencia quede en firme en segunda instancia.
El evidente fallo en la Reforma Procesal Laboral hizo que Carlos Ricardo Benavides presentara un proyecto para arreglar los problemas de la ley.
HUELGA ES UN PUNTO DE INFLEXIÓN
La huelga del sector público tendrá consecuencias durante los cuatro años del gobierno de Carlos Alvarado, según analistas, empresarios, sindicatos y políticos.
CLAUDIO ALPÍZAR
Analista
Independiente
El Presidente equivocó el camino y en vez concientizar a los trabajadores públicos del problema fiscal, los unió en su contra.
En una etapa muy tierna de su gobierno perdió su caudal electoral y la indisposición que provocó con los burócratas, podría hacer que se le paren sobre la escoba durante el resto de la administración.
Pase lo que pase con el plan fiscal en la Sala IV, la epidermis va a quedar muy sensible y a sabiendas de que no hay sanciones, nuevas protestas podrían surgir.
FRANCISCO BARAHONA
Analista
Independiente
Aún no sabemos si los sindicatos saldrán fortalecidos. Lo que sí es cierto, es que la unión sindical se mantiene. Esto es relevante porque los sindicatos tenían más de 20 años de estar separados.
La ley fiscal ha exacerbado la confrontación ideológica, al meter un capítulo de empleo público que no tiene nada que ver con el IVA.
La justificación al proyecto le ha dado alas a la reducción del Estado e incluso, los medios hablan de privilegios en el sector público y no de derechos.
CARLOS RICARDO BENAVIDES
Jefe de fracción
PLN
Más de 50 días después aún no hay sentencia de primera instancia para calificar la huelga en diez instituciones.
De segunda instancia no hay sentencia firme en ningún caso. La reforma procesal, en materia de huelgas, resultó un fiasco, injusta para trabajadores, patronos y ciudadanos. Para evitar que esto se vuelva a dar, he presentado, una ley para agilizar las declaratorias de ilegalidad y además, que se deba reponer el tiempo o reintegrar el salario percibido.
DANIEL CALVO
Analista
Independiente
Los sindicatos salen fortalecidos de este proceso de huelga, ya que aunque su objetivo principal era derrotar el plan fiscal, lograron de manera colateral restarle capital político al Presidente.
Esto es importante porque marcan la cancha para eventuales protestas en contra de iniciativas más estructurales, como podría ser el cierre de instituciones o empleo público.
Si así se comportaron con el paquete fiscal, ¿qué pasaría con otros proyectos?
Asimismo, salieron impunes después de más de 50 días de protestas.
VANESSA CALVO
Analista
Independiente
El movimiento sindical se empodera por un fraude discursivo del PAC y está unido totalmente alrededor de un tema.
Se habló de impuestos, sí; pero se dio la esperanza de que no se iba a tocar el tema del empleo público y reducción del gasto.
Si este proyecto se cae en la Sala IV, es probable que la base de reclamos se amplíe y ahí no sabremos qué hará el Presidente, quien ha sido monotemático. Otro tema por considerar es que no ha habido sanción en su contra pese a las protestas.
YOLANDA FERNÁNDEZ
Presidenta
Cámara de Comercio
Ningún sector sale fortalecido después de una huelga nacional de tanto tiempo y en la que aún no se consigue algún acuerdo.
Aquí lo que debe primar es la aprobación de un plan fiscal que venga a contener el déficit que tiene nuestro país en esa materia.
Lamentamos mucho la resolución tomada por los magistrados pero más que discutir las motivaciones que ellos han tenido para tomar esa resolución, lo que importa es que se agilice la aprobación de un plan fiscal.
JOSÉ SALAS
Asesor en materia laboral
Cámara de Industrias
Con esta huelga del sector público que ya suma más de 50 días, ha quedado claro que la reforma procesal laboral no es clara.
La falta de claridad en cuanto al momento en que empiezan a regir las sanciones hace que el gobierno esté prácticamente incapacitado, para castigar a los empleados públicos con el rebajo de los días no laborados.
No se sabe si es a partir de la declaratoria en primera o segunda instancia o incluso, si el castigo puede ser retroactivo.
ALBINO VARGAS
Secretario
Patria Justa
La Reforma Procesal Laboral hizo realidad el derecho democrático a la huelga para la clase trabajadora.
Lo más importante es que esta norma rige también para el sector privado. Los plazos otorgados para que los jueces resuelvan en primera y segunda instancia, son los correctos, para que haya tranquilidad, no haya presiones externas y ellos puedan actuar de manera objetiva.
No creo que se requiera una reforma, jamás de los jamases. Esta ley fue avalada por el sector empresarial.
¿RECLAMO VÁLIDO?
Un alto porcentaje de costarricenses apoyó la huelga del sector público, sin importar que tuvo fuertes consecuencias en los servicios de educación y salud (cifras en porcentaje).
Variable | Setiembre | Octubre |
---|---|---|
Apoyo a huelga | 52 | 46 |
Desaprueba | 26 | 36 |
NS/NR | 21 | 18 |
Fuente: Centro de Investigación y Estudios Políticos, UCR
¿SIN DEFINICIÓN
La huelga del sector público lleva más de 50 días; sin embargo, todavía no se ha logrado sancionar a ninguna institución, ni funcionario público. El Estado no ha recuperado un solo colón..
37 | La cantidad de solicitudes para declarar la ilegalidad de una huelga. |
---|---|
25 | Casos fueron ilegales en primera instancia. |
3 | Huelgas en segunda instancia son ilegales (Correos de Costa Rica, Comisión de Emergencia y Municipio de Santa Ana). |
¢0 | Lo rebajado por el Estado hasta el momento. |
Fuente: Ministerio de Trabajo