Editorial
La Policía Orteguista (PO), considerada la institución más represiva del país y señalada de estar detrás de la masacre de más de 500 nicaragüenses, será una de las entidades encargadas de implementar “la Política de la Cultura de Paz y Reconciliación” que el régimen diseña y que será presentada en diciembre tras ser expuesta a la base fuerte del orteguismo.
De esa política nacerá la Ley de Reconciliación Nacional que deberá ser aprobada por la Asamblea Nacional, dijo el jueves pasado Rosario Murillo.
Según el proyecto de la política de promoción de una cultura de paz y reconciliación, que difundió el régimen Ortega Murillo esta semana, el trabajo comunitario y de seguridad ciudadana será impulsado a nivel nacional por la Policía junto con otros ministerios que integrarán una comisión interinstitucional.
La política, escrita con una alta dosis de retórica sobre los valores de la familia, la paz y la reconciliación propia de Murillo, apela a que se creen medidas preventivas de “una cultura de violencia” en los hogares y comunidades en todo el país, y por eso trabajarán en todos los niveles de la sociedad: hogares, escuelas, iglesia, juventud, entre otros.
En ese supuesto esfuerzo, la Policía Orteguista deberá impulsar a nivel nacional “espacios y oportunidades para el diálogo y el reencuentro de las personas, familias y comunidades en función de la cultura de paz”, expresa el documento gubernamental distribuido a los secretarios políticos del partido gobernante a nivel municipal y departamental.
En el plan no se deja claro cuáles son las políticas que implementará el régimen para alcanzar la paz y la reconciliación en Nicaragua, aunque existe un cronograma donde establece que este será presentado el 3 de diciembre tras ser expuesto a las alcaldías, Consejos de Liderazgo Sandinista y delegaciones de las instituciones públicas.
Según el régimen, la política que implementará busca “incidir en la prevención de todas las expresiones de desencuentro entre las personas, las familias y las comunidades” en Nicaragua.
Y aunque hasta ahora el Gobierno se niega a regresar a la mesa de diálogo para resolver la actual crisis sociopolítica, este mecanismo será promovido en su plan de reconciliación nacional.
A juicio del analista político, Eliseo Núñez, la propuesta orteguista tiene un objetivo que es el sometimiento de la reconciliación por las armas. “Este plan es terminar de redondear el Estado policiaco, donde el que tiene las armas controla todo lo demás. Es decir, ponen a la Policía a controlar la educación, a controlar familias y controlar comunidades”, advierte Núñez.
De hecho, habrá un permanente monitoreo de la aplicación de dicha política en todos los niveles y para ello se crearán equipos de trabajo en todo el país, que incluirá a funcionarios estatales.
Según Núñez, la presencia policial dentro de este grupo interinstitucional que será coordinado, según el documento por el Ministerio de la Familia, es el sometimiento de la población. “Poner a la Policía a controlar todo, es sustituir lo que generalmente buscás en la gobernanza, que es el convencer para lograr acuerdos sociales, eso es lo que realmente se hace, pero ellos lo que van a hacer con esta política es someter por la vía de las armas; entonces, esto se trata de una reconciliación por la vía armada”, reiteró el analista político.
Orientación a padres, madres y tutores
Según el documento, el plan también contempla que el Estado se inmiscuya en la intimidad familiar bajo el argumento de orientar a los padres de familia. “Trabajar desde las Consejerías de las Comunidades Educativas procesos de orientación a padres, madres y tutores para dotarlos de herramientas de comunicación, entendimiento y orientación a los hijos e hijas, durante los encuentros mensuales y bimestrales en los centros educativos, a cargo del Ministerio de Educación”, cita el documento de 25 páginas.
Según Núñez, la propuesta orteguista no va a calar en la ciudadanía. “Esta reconciliación sometida por la vía armada tiene el mensaje o te reconciliás o te mato. Sin embargo, este será un experimento social condenado al fracaso”, afirma.
No existe reconciliación por decreto
Mauricio Díaz, también analista político, fue categórico al sostener que no existe una reconciliación bajo leyes o decretos. “Lo primero es que Nicaragua necesita un proceso genuino de reconciliación nacional que no nace por decreto ni a través de leyes sino del cumplimiento de los compromisos que nunca se cumplieron desde que se firmó la paz en 1987, en los Acuerdos de Esquipulas, donde se habló por primera vez sobre la reconciliación nacional”, opinó Díaz, experto en temas de integración.
Para Díaz, la propuesta de reconciliación del régimen orteguista es una maniobra para promover la impunidad. “El Gobierno pretende una maniobra a todas luces que tiende a tratar de cubrir los delitos, los crímenes que se han cometido en este largo y doloroso camino que explotó en abril”, explicó el también exdiplomático.
Otra consideración de Díaz es que con el planteamiento el Gobierno pretende vender la imagen de reconciliador.
“Quieren tratar de vender la imagen que este es un gobierno que quiere reconciliarnos y que no importa la manera que lo quieran hacer, porque ahora resulta que es vía norma; el mecanismo efectivo para una verdadera reconciliación es el diálogo, sin diálogo no hay entendimiento”, aseguró Díaz.
Sin moral para reconciliar
Marcos Carmona, director ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), es de la opinión que el actual gobierno es el menos indicado para promover una cultura de paz y reconciliación.
“La reconciliación viene de lo más profundo del alma y de la buena voluntad de las personas y aquí lo que tenemos es un gobierno que no promueve la paz social sino que lo que promueve es violencia”, asevera Carmona.
El defensor de derechos humanos exhortó al régimen Ortega Murillo a dar muestras de querer reconciliación.
“Si quieren dar una imagen de querer la paz social y de reconciliar que comiencen a liberar a los presos políticos, deberían de empezar a permitir que los ciudadanos se manifiesten, porque además es un derecho constitucional; que dejen de reprimir, eso sería dar pasos de reconciliación”, dijo Carmona.
Peraza: pura propaganda
“Yo lo que veo es una política de pura propaganda en la que pondrán en marcha la liberación de algunos presos políticos, eso no funciona así. Aquí y en cualquier parte, la reconciliación está basada en el respeto al soberano en primer lugar y en la aplicación de la justicia, por allí debemos comenzar y desde luego vendrá la reconciliación que Nicaragua urge para su paz social”, recomendó el analista y politólogo, José Antonio Peraza.
Fuente: www.laprensa.com.ni
