Editorial
El presidente Carlos Alvarado aseguró sentirse indignado por la declaratoria de legalidad de la huelga que sostuvieron los empleados de Recope en setiembre.
El mandatario incluso se refirió a los tribunales luego de que uno falló favor del sindicato de la Refinadora, el cual, durante la huelga, entorpeció la distribución de combustibles.
“No puedo ocultar que a mí me genera molestia cómo, y ustedes como medios de comunicación públicamente lo comunicaron, las acciones flagrantes de personas que hicieron todo lo posible para que Costa Rica no tuviera combustible, para que Costa Rica no tuviera gas, para que Costa Rica no tuviera asfalto y todo lo que hicimos para poder dar esos servicios a la ciudadanía semanas atrás”, fustigó el gobernante.
Alvarado también reprochó que no se les impongan sanciones a los huelguistas, quienes devengan sus salarios en las mismas condiciones que los trabajadores que nunca cesaron sus labores.
“Todas y todos somos testigos de eso, de cómo día a día la gran mayoría de costarricenses va cada día a su trabajo, a ganarse la vida, y sacar este país adelante, mientra otras personas casi que celebran un un día más de huelga. Y la mayoría de aquellos que lo celebran pagos, pagos, porque los tribunales así lo establecen, o no son raudos y rápidos en hacer una declaratoria y, cuando hacen una declaratoria, hacen esto. Yo me uno a la indignación mayoritaria de las y los costarricenses como presidente de la República, porque así no va a avanzar un país”, cuestionó el mandatario.
El Tribunal de Apelación de Trabajo del II Circuito Judicial dejó sin efecto la declaratoria de ilegalidad que emitió el juzgado de primera instancia el pasado 28 de setiembre, por considerar que el juez incurrió en errores de precisión. El tribunal, además, concluyó que no existe evidencia de que la protesta de los empleados de Recope no fuera pacífica.
Este martes, en conferencia de prensa, el presidente anunció que le solicitó a la Procuraduría apelar el fallo de segunda instancia ante la Sala II, la máxima instancia judicial en materia laboral.
El mandatario solicitó acudir “a efectos de agotar todos los mecanismos legales disponibles para garantizar el resguardo de los bienes públicos ante la afectación y daños provocados por la huelga”.
Para hacerlo, Casa Presidencial le solicitará a la Procuraduría General de la República que acuda al artículo 600 del Código de Trabajo, el cual permite que el procurador general, el contralor, el defensor de los habitantes, la Dirección Nacional de Inspección, las confederaciones sindicales y las cámaras empresariales presenten recursos de casación contra una sentencia en firme, si se considera que la misma violenta el ordenamiento jurídico.
Según estimaciones reveladas por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), solo en Recope las afectaciones provocadas por la huelga ascienden a ¢4.600 millones.
La entidad incurrió en gastos adicionales por medidas de contingencia y tardanzas en el suministro de carburantes en general debido a que, por al menos 10 días, la entidad sólo vendió combustibles en el plantel de El Alto (Ochomogo) mientras los huelguistas mantuvieron bloqueos en los planteles de Barranca (Puntarenas) y La Garita (Alajuela).
Alvarado acusó a los gremios de actuar en defensa de intereses propios, mientras el país se enfrenta a una crítica situación fiscal que ya causa estragos en la economía nacional.
“Hay un interés superior en Costa Rica, la salud de sus finanzas públicas para protegernos a todas y a todos y eso es un interés ulterior y, en este proceso, hemos encontrado una y otra vez, que muchos sectores ponen el interés particular en frente al interés superior y eso es lo que ha quedado manifiesto en cada momento de este proceso”, dijo el presidente.
Las autoridades de Hacienda advierten desde hace meses de que, de agravarse aún más la situación fiscal, el gobierno se podría ver obligado a tener que recortar las transferencias para los programas sociales que sostienen a las familias en pobreza. El faltante de recursos también pone en aprietos al Ejecutivo para el pago de los salarios públicos.
Hoy, Alvarado reconoció que el gobierno experimenta una “presión importante” para conseguir los recursos que necesita para pagar los aguinaldos.
