Sanciones de Estados Unidos al régimen orteguista no se detendrán tras elecciones

El cambio en la correlación de fuerzas en el Congreso de Estados Unidos, tras las elecciones esta semana, no descarrilará el avance de la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua 2018, que incluye a la Nica Act, por el contrario se esperaría que la aprobación de esta se acelere en ambas cámaras legislativas antes que finalice este año, señalaron ayer analistas.

Los meses que quedan para el fin de este periodo legislativo 2018 en EE.UU. son clave para la iniciativa, que se encuentra en línea de agenda para ser aprobada en el pleno del Senado para luego retornar al Congreso, donde se aprobarían las enmiendas realizadas en el Senado. Este trámite no representa dificultades porque la Nica Act ya fue aprobada en esa Cámara.

Los actuales legisladores en el Senado y el Congreso tienen dos meses para aprobar la Ley de sanciones y las estimaciones de altos funcionarios estadounidenses apuntan a que será aprobada antes que concluya el 2018. La Ley posteriormente deberá ser firmada por el presidente Donald Trump.

Cambios no detienen sanciones

Aunque la ley no se apruebe en este período legislativo, tanto Jason Poblete, jurista y exasesor del Congreso de Estados Unidos, como Beatrice Rangel, analista política y directora del Instituto Interamericano para la Democracia (IID), coinciden en que el cambio de correlación de fuerzas en el Congreso de Estados Unidos no cambiará la estrategia dirigida a sancionar al régimen orteguista, debido a que las distintas iniciativas de sanciones tienen respaldo bipartidista (republicanos y demócratas).

En las elecciones realizadas el martes, los republicanos mantuvieron el control del Senado, pero perdieron el de la Cámara de Representantes, que quedó en manos de los demócratas.

Poblete sostiene que la situación en Nicaragua es grave debido a las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen de Daniel Ortega, y estima que la política de sanciones no va a variar “el presidente (Donald Trump) va a continuar con la política que ha trazado y va a conseguir apoyo”, dijo.

Desde que se iniciaron las protestas en abril pasado en Nicaragua, se contabilizan 528 muertes producto de la represión, más de tres mil heridos y más de quinientos presos políticos.

Sanciones ya se han visto

Hasta ahora el Gobierno de Estados Unidos ha sancionado a cuatro altos funcionarios orteguistas con la Ley Global Magnitsky Act, ha revocado visas a funcionarios sandinistas y sus familias, y ha emitido alertas a la banca estadounidense sobre las transacciones de altos funcionarios orteguistas con el fin de prevenir el uso del sistema financiero estadounidense para actividades ilícitas.

Rangel sostiene que los demócratas no están en contra de las sanciones, “están en contra de una intervención militar, que es otra cosa”. Estados Unidos ha manifestado que, en el tema de Venezuela al menos, todas las opciones para enfrentar a esas dictaduras están sobre la mesa.

“La Cámara de Representantes no tiene facultades fuertes en política exterior, esas facultades en política internacional las tiene el Senado. El Congreso puede proponer lo que quiera, pero quien define la política exterior es el Senado, que sigue en manos republicanas de manera que no van a modificar para nada el curso de la administración de la Casa Blanca”, acotó la analista.

Congresistas comprometidos con la libertad

Para Poblete, la Ley de sanciones para Nicaragua no va a variar. “Es una Ley que ha sido manejada en ambas cámaras, tiene respaldo bipartidista y eso va a continuar, no tengo ninguna duda que el enfoque continuará siendo el mismo”, añadió.

“Los líderes de ambos partidos se han comprometido con la libertad y eso va a continuar. La estrategia política va a seguir siendo la misma, no creo que va a haber ajuste ideológico en la batalla por la libertad de los países afectados por dictaduras en el Hemisferio Occidental”, aseveró el experto.

Críticos reelectos

Los senadores Bob Menéndez (demócrata), Ted Cruz (republicano), los congresistas Albio Sires (demócrata) y el republicano Mario Díaz-Balart, patrocinadores de la Ley de sanciones contra el régimen de Ortega, patrocinadores y copatrocinadores de la Nica Act, fueron reelectos en sus escaños.

Díaz-Balart se convierte en el congresista federal más influyente y con más años en la Cámara de Representantes, por el estado de la Florida. Tras conocer su victoria, el congresista dijo sentirse satisfecho y anunció que seguirá luchando en el Congreso por el bienestar de Estados Unidos y por los pueblos que sufren represión.