Redacción
Tras la visita de supervisión de cumplimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a El Mozote, denunciamos que, a 37 años de la masacre y 6 años de dictada la sentencia, el Estado de El Salvador mantiene importantes deudas en el cumplimiento de las medidas de reparación ordenadas por este tribunal.
Como representantes del caso ante la Corte IDH, desde Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Tutela Legal María Julia Hernández, reconocemos avances con la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, la reapertura de la investigación a nivel interno, el mejoramiento de infraestructura en las comunidades afectadas por la masacre y el seguimiento en la elaboración del Registro Único de Víctimas. No obstante, consideramos que aún persisten importantes obstáculos para garantizar el acceso de las víctimas y sus familiares a verdad, justicia y reparación.
Con respecto a la obligación de investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables por estas graves violaciones de derechos humanos, hasta la fecha ningún autor, material o intelectual, ha sido sancionado. Si bien reconocemos el importante trabajo que ha venido adelantando el juez a cargo de la causa, consideramos que el proceso judicial no ha recibido el apoyo de las más altas autoridades del Estado, pues el mismo se encuentra bajo el conocimiento de un juzgado mixto, que no cuenta con los recursos suficientes para hacer frente a un proceso de esta envergadura.
Además, la Fiscalía ha mantenido un papel pasivo, pues la mayor parte de las diligencias realizadas hasta la fecha han sido impulsadas por la parte acusación particular y el proceso continúa siendo obstaculizado por la negativa del Ministerio de Defensa de revelar información imprescindible para la investigación.
La búsqueda de justicia también se ve amenazada por la conformación de una comisión Ad Hoc en la Asamblea Legislativa cuyo fin es desarrollar un proyecto de Ley de Reconciliación Nacional. Durante la visita. Los representantes informamos a la Corte que nos preocupa que esta Comisión está conformada por diputados vinculados a graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado, lo que genera sospechas fundadas de que la nueva ley que se pretende crear sustituya la Ley de Amnistía en un sentido contrario a estándares internacionales y a lo dictado por la Corte IDH en su sentencia.
Finalmente, durante la visita de supervisión de cumplimiento, habitantes de El Mozote denunciaron que aún existen algunas limitaciones en la atención de su salud, en relación con las diligencias de exhumación, y en la obligación del Estado de garantizar las condiciones adecuadas a fin de que las víctimas puedan retornar a sus comunidades de origen, medidas de reparación ordenadas al Estado desde 2012.
A 37 años de la masacre más grande de América Latina, donde alrededor de mil personas fueron asesinadas, esperamos que la visita de la Corte IDH impulse al Estado de El Salvador a avanzar de forma inmediata en el cumplimiento de las medidas pendientes para garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas de los hechos.
Desde CEJIL y Tutela Legal María Julia Hernández continuaremos acompañando el camino de los y las protagonistas de esta lucha, quienes, día con día, mantienen viva y latiendo la memoria de El Salvador para resistir a la impunidad, el silencio y el olvido.
Una nota del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
