Editorial
Cientos de nicaragüenses continúan desaparecidos y sus familias viven una terrible odisea para encontrarlos. Las desapariciones son una de las peores caras del régimen Ortega-Murillo
Hace cinco meses y un día, doña Lorena Centeno está buscando a su hijo. Es un muchacho de ojos enormes y carita de niño. Tiene 22 años y la última vez que su madre lo vio estaba en una pulpería del sector de Linda Vista, haciendo una recarga de diez córdobas para la tarjeta TUC. Faltaban diez minutos para el mediodía.
Ese lunes 11 de junio Xavier no volvió a casa. Eran días de tranques y marchas, de secuestros y de fuerte violencia policial y paramilitar. Y aunque, según sus parientes, el muchacho no participaba en las protestas ciudadanas, su caso se sumó a los de cientos de heridos, muertos y desaparecidos que ha dejado la represión ejecutada por el régimen Ortega-Murillo.
Desde entonces doña Lorena ha acampado en las afueras del Chipote y visitado hospitales, organismos de derechos humanos e incluso el Instituto de Medicina Legal. Los viernes y los sábados vende nacatamales para poder pagar “las vueltas” que da en busca de su hijo, porque a veces también viaja a los departamentos para preguntar si alguien lo ha visto.
Doña Lorena vive “una de las peores y terribles formas de violencia contra las personas. La peor”, sostiene Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
La desaparición de una persona es “terrible” por “la permanente y nefasta zozobra de qué pasó con ella”, dice el abogado. “Sufre el desaparecido, si está vivo. Y sufre la familia porque no sabe si está vivo, si se lo mataron, dónde está, qué le están haciendo”.
Xavier Eduardo Mojica Centeno, 22 años. Desaparecido el 11 de junio de 2018. Foto/ Cortesía
Es muy difícil llevar registros
De acuerdo con la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), la cifra de personas desaparecidas desde el pasado 19 de abril es de al menos 1,303. Ese fue su reporte a finales de septiembre.
Sin embargo, para Carrión la dimensión de la masacre cometida por el orteguismo hace muy difícil calcular cuántas personas podrían seguir desaparecidas.
A lo anterior, dice, hay que sumar que el Gobierno oculta información; que familias enteras han tenido que escapar del país o han sido apresadas y que, ya sea por miedo o por desconfianza, muchas personas deciden no interponer la denuncia ante las autoridades del Estado ni ante los organismos de derechos humanos.
Debido a las circunstancias, impera la desinformación. Y se han visto casos como el de Juan Gabriel Mairena, hermano del líder campesino Medardo Mairena. A él lo dieron por muerto luego de que policías y paramilitares atacaron los tranques de Juigalpa y Santo Tomás; pero hace tres semanas apareció vivo y exiliado en Costa Rica.
A otros los encarcelan
Otros ciudadanos, señala Carrión, han sido calificados como desaparecidos y luego sus familias los han encontrado en las cárceles, donde enfrentan procesos irregulares.
Y en el caso de los campesinos atacados en Lóvago a mediados de julio, muchos no han sido hallados ni presos ni muertos, de acuerdo con las denuncias de la líder campesina Francisca Ramírez.
Aunque se hable más de los asesinados y los presos políticos, la lista de desaparecidos es incalculable. Y el drama que viven sus familias, devastador.
En cinco meses y un día, doña Lorena no ha vuelto a ver a su hijo. Va por todos lados cargando su foto y pidiendo que le avisen “cualquier información” al número 8111-4198. Pero hasta ahora no ha habido avances en el caso, afirma Braulio Abarca, abogado del Cenidh.
Más de un millar
- 1,303 desaparecidos contó la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) durante los cinco meses posteriores al 19 de abril, cuando estallaron las protestas ciudadanas en Nicaragua.
- Hasta finales de septiembre, el organismo contabiliza un total de 1,428 secuestrados y de ese total faltaba que aparecieran 1,303, pues únicamente 125 personas habían sido dejadas en libertad.
