Editorial
El director de la Unidad de Acceso a la Información Pública y el Concejo de San Antonio Aguas Calientes, Sacatepéquez, quedaron ligados a proceso penal anoche, luego que la jueza Primera de Instancia Penal y Delitos contra el Ambiente del departamento, Sherlyn Figueroa, encontrara indicios del delito de retención a la información pública.
En una audiencia de primera declaración, que comenzó a las 17 horas de este jueves y terminó a las 21, Figueroa ligó a proceso a Carlos Arístides Guachín López, director de la Unidad de Acceso a la Información Pública; Víctor Hernández Godínez, síndico primero; Arturo López López, síndico segundo; Oscar Ofelio López Pérez, concejal primero; Alba Yolanda López López, concejal segundo; Raúl Damián Santos Apén, concejal tercero y Macario López y López, concejal cuarto, por retención de información pública.
Según el Ministerio Público (MP), Guachín López negó información solicitada por Jonathan Maldonado Sánchez, a través de un oficio donde se le indicaba que se le entregaría una certificación, en lugar de copias simples como lo había requerido el solicitante.
El sindicado argumentó que los documentos requeridos debían contar con certeza jurídica lo que generaba un costo excesivo al solicitante, medida que fue calificada por el MP como una arbitrariedad debido a que el valor de las actas certificadas ascendían a Q6 mil 625, mientras que las actas extraordinarias a Q3 mil y el total de los contratos de empleados municipales a Q2 mil 450.
Ante esta situación, Maldonado Sánchez presentó un recurso de revisión el 6 de febrero de 2017, pero fue rechazado por el Concejo en pleno con el argumento de que no era una acción de su competencia; sin embargo, el MP lo consideró como una acción arbitraria “en una clara desobediencia a lo estipulado en la Ley de Libre Acceso a la Información Pública”.
La defensa de los sindicados argumentó que en ningún momento se negó la información pública, sino que se trató de cobrar el costo de los documentos certificados, a lo que el denunciante no accedió.
En relación a la actuación del Concejo, los abogados indicaron que la acción del ente colegiado encuadra en una acción administrativa por lo que debió seguirse un amparo para continuar con el debido proceso.
Arbitrariedad
Figueroa calificó el actuar de los funcionarios municipales como arbitraria porque la Municipalidad debió haber entregado la información solicitada en copias simples que implicaría un valor al costo del mercado y no como lo pretendió cobrar porque dicha acción condujo a una negación de la información pública.
La jueza consideró que existe la posibilidad de que los sindicados hayan participado en los hechos imputados por el MP, por lo que ligó a proceso a los sindicados y les impuso una caución económica (fianza) de Q3 mil para Guachín López y de Q1 mil para los concejales; además, deberán firmar el libro de asistencia cada 15 días en el juzgado de Paz de San Antonio Aguas Calientes y no salir del país, sin autorización.
El MP cuenta con dos meses para continuar con la investigación que deberá concluir el 14 de enero de 2019 y la discusión del acto conclusivo se fijó para el 1 de febrero, a las 9 horas.
Según el MP, lo que procede es la solicitud del antejuicio contra el alcalde, Mynor López Hernández, debido a que su Concejo fue ligado a proceso.
