Editorial
El monto asignado representa 152.42 millones de córdobas más que en 2018, según el presupuesto general de ambos años.
Las seis instituciones que conforman el aparato represor del régimen de Daniel Ortega le cuestan a los nicaragüenses 7,716.95 millones de córdobas de manera global en 2018 y para el próximo año este aumentará a 7,869.37 millones de córdobas, según un análisis realizado por LA PRENSA.
A pesar de la disminución de las recaudaciones debido al hundimiento de la economía como consecuencia de la crisis sociopolítica, en 2019 el régimen afectará lo menos posible a sus órganos represivos; incluso la Policía y Fiscalía orteguistas tendrán más presupuesto salido de los impuestos.
La PO, el Ministerio Público, la Unidad de Análisis Financieros (UAF), la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Asamblea Nacional y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos integran el brazo fuerte represivo de la pareja dictatorial, Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Entre esos seis órganos se distribuirán 7,869.37 millones de córdobas de manera general el próximo año, provenientes de las rentas del tesoro obtenidas por el régimen en la recaudación de los impuestos a los ciudadanos.
El monto asignado representa 152.42 millones de córdobas más que en 2018, según el presupuesto general de ambos años.
Las tres instituciones represoras a las que la dictadura aumentará sus presupuestos son la PO, Fiscalía y la UAF, los incrementos andan entre uno, seis y siete por ciento.
En el caso de la CSJ, la Asamblea y la Procuraduría de los Derechos Humanos si bien tendrán una reducción en sus recursos anuales, la baja es del dos por ciento en promedio, inferior a las reducciones que sufrirán otras carteras vinculadas al combate de la pobreza o la misma inversión pública.
Violeta Granera, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB); Marcos Carmona, director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y el político opositor Eliseo Núñez, coincidieren en señalar que la redistribución del presupuesto público refleja la política de un gobierno, por lo que el hecho que los órganos represores no sufran mayores afectaciones es congruente con la radicalización de Ortega.
“Es lamentable que se alimente a estos organismos que solo saben darle dolor, luto y encarcelamiento a los nicaragüenses, porque la Policía, la Fiscalía y el poder judicial son instituciones paramilitares pues a quien defienden es a este gobierno, cuando las leyes les mandan a que defiendan al pueblo de los abusos del poder”, expresó Carmona.
Sobre la PO recae la mayoría de los crímenes perpetrados durante la represión en contra de las protestas ciudadanas, que cumplen siete meses. Más de cuatrocientos muertos, cuatro mil heridos y unos seiscientos presos políticos deja la represión.
Y de las entidades represivas es precisamente la Policía Orteguista quien recibirá más dinero para operar en 2019. El régimen propone un presupuesto de 3,586 millones de córdobas para la Policía, significando un aumento de 238 millones de córdobas con respecto a los 3,348 millones de córdobas de 2018.
La Fiscalía es otro brazo represor de la dictadura pues, según organismos de derechos humanos es quien acusa con base en pruebas fabricadas a los campesinos, estudiantes, profesores, expolicías y todo los presos políticos de la dictadura orteguista.
La Fiscalía dispuso en 2018 de 303.3 millones de córdobas, monto que se incrementará a 306.27 millones de córdobas el siguiente año.
Carmona, de la CPDH, dijo que “el pueblo de Nicaragua está en un estado de indefensión total” porque “desgraciadamente la Contraloría y la misma Asamblea, a los que corresponde fiscalizar que los fondos destinados a la seguridad ciudadana sean correctamente usados a favor del pueblo”, también tienen “obediencia política” a Ortega.
En tanto, Granera, de la UNAB, refirió que la Asamblea le aprobó a la dictadura en julio pasado, durante los momentos más fuertes de la represión contra las protestas, una nueva Ley contra el terrorismo y la Ley creadora de la UAF en donde se criminalizan las protestas ciudadanas, “dándole las armas legales que el régimen usa en contra de los presos políticos” a los que acusa de “terrorismo”.
Granera dijo que el papel de la UAF es de espionaje financiero, otra manera en que Ortega puede perseguir a sus adversarios políticos. “Por eso no es sorpresa que les vayan a dar más dinero”, dijo.
Según la propuesta presupuestaria, la UAF recibirá un aumento de casi tres millones de córdobas el próximo año con respecto a 2018.
En el caso de la Procuraduría de los Derechos Humanos, pese a las constantes violaciones contra los nicaragüenses, esta ha callado y no protege los derechos, por ejemplo, de los presos políticos que han denunciado múltiples barbaries sufridas en las celdas.
En tanto, la Corte Suprema de Justicia permanece muda ante las aberraciones legales y mediante el aparato de jueces orteguistas condenan a los presos políticos, según han denunciado distintos sectores.
Núñez: Repiten medidas de los 80
El régimen de Daniel Ortega estima que la economía del país se contraerá en uno por ciento debido a la extensión de la crisis económica, previsión en la que concuerdan los organismos financieros internacionales. Sin embargo, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) apunta que en 2019 la tasa de contracción de la economía oscile entre 5.2 y 8.7 por ciento, superior al 4 por ciento que se prevé para 2018.
Eliseo Núñez, exdiputado y político opositor, dijo que el dictador Daniel Ortega “reconoce que su prioridad para 2019 es la represión” al evitar afectar a sus órganos represores contra la población. “Ortega no tiene voluntad de buscar una salida negociada a la crisis sociopolítica y por eso encontrás una Policía que sigue violando los derechos humanos de la población”.
“Básicamente les pagamos para seguir secuestrando, golpeando a la gente y evitando que el pueblo se manifieste en rechazo a Ortega y Murillo”, dijo Núñez.
Según el político, Ortega replica las políticas de cuando gobernó en la década de los años ochenta, “entonces el 70 por ciento del Presupuesto General de República era para defensa. Estamos viendo lo mismo, el presupuesto obedece a la decisión de crear un estado policial”, afirmó Núñez.
