Editorial
A partir de este lunes 26 de noviembre tras la publicación en el diario oficial La Gaceta empieza a correr el tiempo para que se apruebe el matrimonio igualitario en el país, el cual tiene un plazo de 18 meses dado por la Sala Constitucional.
Geovanny Delgado, representante de Movimiento Diversidad, aseguró que celebran la publicación de la sentencia, pero que también están seguros que el proceso será “fuerte” en la Asamblea Legislativa.
“Estamos muy felices porque a partir de hoy empiezan a correr los 18 meses para la aplicación del matrimonio igualitario en Costa Rica. Tenemos claro que no se podrá hacer ninguna figura menor al matrimonio igualitario y eso nos llena de alegría, sabemos que en estos meses el sector conservador de la Asamblea va a tratar de proponer una figura diferente pero la sentencia es muy clara, igual como la opinión consultiva número 24″, afirmó el especialista en derechos humanos.
Delgado dejó claro que lucharán para que la sentencia se respete íntegramente en las diferentes instancias.
“Se escribe una página nueva para la historia de Costa Rica y para los derechos humanos a nivel centroamericano, pero sobre todo para la población LGBTI porque esta historia viene a recordar la lucha de aquellos que por muchos años han sacrificado su vida para el reconocimiento de sus derechos patrimoniales, civiles, sus relaciones y trae un nuevo comienzo y esperanza para la sociedad costarricense”, citó.
El pasado 8 de agosto la Sala Constitucional dio un plazo de 18 meses para que queden sin efecto los artículos de la legislación costarricense que impiden el matrimonio entre 2 personas del mismo sexo, entre ellos el artículo 14 y 234 del Código de Familia, también el artículo 4 de la Ley de Persona Joven.
La sentencia de la Sala Constitucional invitaba a los diputados a generar leyes sobre la unión de dos personas del mismo sexo en un plazo máximo 18 meses. Si no hay acuerdo y se vence el tiempo la unión será legal automáticamente, es decir no se hará diferente entre el sexo de las personas para celebrar e inscribir los matrimonios.
Los magistrados acordaron que los diputados deben legislar apegados a la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de enero anterior, que establece que el Estado debe garantizar los mismos derechos a las parejas heterosexuales y homosexuales.
Antes de esto 3 generaciones de diputados ignoraron la recomendación de la Sala Constitucional de regular las uniones entre dos personas del mismo sexo. Desde el 2006 los magistrados emitieron una resolución que hasta hoy sigue desatendida en Cuesta de Moras.En el 2006 el abogado Yashín Castrillo interpuso una acción de inconstitucionalidad contra el Código de Familia y el Código Penal, con el fin de que 2 personas del mismos sexo pudieran contraer matrimonio sin sanciones legales. La acción fue declarada sin lugar, pero los magistrados reconocieron que era necesario crear leyes que regularan estas uniones.
