Editorial
En al menos dos ocasiones, el Poder Judicial ha solicitado a la Caja Costarricense del Seguro Social los números de cuenta a los cuales debe transferir cerca de ¢13.500 millones que se encuentran empantanados en las cuentas de depósitos judiciales sin que a la fecha haya recibido respuesta.
La transferencia es una orden que debe cumplir el Poder Judicial ante la sanción -el 22 de junio pasado- de la ley 9578, la cual establece utilizar los recursos no utilizados ni reclamados que se han venido guardando en las cuentas de depósitos judiciales domiciliadas en el Banco de Costa Rica (BCR). Dichos recursos deben utilizarse exclusivamente para fortalecer el régimen no contributivo de pensiones de la CCSS, el cual beneficia directamente a los adultos mayores más necesitados.
“Se han realizado reuniones con funcionarios de la CCSS para coordinar el proceso de traslado. No obstante, en dos ocasiones, mediante notas formales se les ha solicitado el número de cuenta para el traslado de los recursos sin que tengamos respuesta”, afirmó la directora Ejecutiva del Poder Judicial Ana Eugenia Romero.
Consultados en la Dirección de Pensiones de la Caja, su vocera Olga Camacho señaló que las consultas del caso debían remitirse al Poder Judicial, aunque confirmó que “personeros de la Caja se mantienen en contacto desde setiembre con el Poder Judicial” para coordinar el traslado de recursos.
Romero señaló que esperan realizar los traslados de dinero para enero, lo cual está dentro del plazo otorgado por la ley.
El proceso comprende consolidar y registrar toda la información de cada uno de los circuitos judiciales por expediente. Dicho plazo límite establecido en la ley se cumple el 20 de enero de 2019.
Según Romero el proceso es difícil. Demanda una adecuación de los sistemas informáticos y labor operativa de los diferentes despachos judiciales consistente en revisar la condición de cada uno de los depósitos, para finalmente aprobar su traslado al Régimen no Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social.
“Luego de una análisis de cómo llevar a cabo el proceso, mediante acuerdo del Consejo Superior tomado en sesión No. 79-18 celebrada el 5 de setiembre del 2018 se aprobó el plan de trabajo para el cumplimiento de la referida ley, que entre otros autorizó realizar ajustes al Sistema de Gestión y al Sistema de Depósitos Judiciales”, indicó la funcionaria.
Los ¢13.500 millones son recursos que se han acumulado desde el 2000. Ese año la entonces defensora de los Habitantes Sandra Piszk acudió a la Sala Constitucional para reclamar la ilegalidad de varios artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Una de las normas impugnadas era la que establecía que los recursos después de 4 años de mantenerse ociosos, pasaban al régimen de pensiones de la Corte Suprema de Justicia. La Sala Constitucional falló en favor de Piszk. Pero en ese momento los recursos quedaron sin un destino específico.
Por ello se tramitó recientemente una ley para otorgar como destino el régimen no contributivo, en donde hay más de 114 mil adultos mayores como beneficiarios de una módica pensión que asciende a alrededor de ₡74 mil mensuales.
