Editorial
Otros organismos se encuentran bajo la lupa del régimen, entre ellos la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) y el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM).
El régimen de Daniel Ortega intensificó su represión contra los Organismos No Gubernamentales que han denunciado la represión contra las protestas ciudadanas, que desde abril dejan más de quinientos muertos. Este jueves se canceló la personería jurídica y se ordenó la confiscación de los bienes del organismo que dirigía Ana Quirós.
Se trata del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas) en una semana difícil para Quirós, quien fue despojada por la dictadura de la nacionalidad nicaragüense y además expulsada del país, con destino a Costa Rica.
La medida contra Cisas se concretó en la Asamblea Nacional con el voto a favor de los setenta diputados orteguistas, y se opusieron 16 del PLC, Yatama y el conservador.
Quirós se ha manifestado públicamente contra la dictadura a lo largo de años y fue una de las primeras víctimas de la represión iniciada por las turbas de Ortega, el 18 de abril pasado.
Ordenan confiscar
En el decreto legislativo, en el cual la Asamblea canceló la personería a Cisas, además se dio un plazo de diez días al personal de la organización para que entregue los documentos y el sello al Ministerio de Gobernación (Migob), y se ordenó su liquidación y “si pena de responsabilidad penal” el dinero resultante pase al Estado de Nicaragua.
El documento del Parlamento además ordena a “las instituciones financieras abstenerse de autorizar cualquier movimiento a las cuentas que manejan a nombre” de Cisas.
Medidas de represión similares estarían preparando las autoridades del Ministerio de Gobernación hacia otras organizaciones sin fines de lucro críticas a la dictadura Ortega-Murillo, informaron fuentes legislativas.
Se conoció de manera extraoficial que hay un listado de organismos, entre los que se menciona al Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), Hagamos Democracia, y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).
LA PRENSA intentó conocer con Juan Sebastián Chamorro, director de Funides, qué información tenía al respecto, pero fue imposible localizarlo.
Un par de horas después que la Asamblea actúo contra Cisas, la junta directiva del Ieepp debió explicar sus fuentes de financiamiento al director del Departamento de Registro y Control de Organismo sin Fines de Lucro, Gustavo Sirias. El funcionario advirtió a la directiva del Ieepp sobre las acusaciones de terrorismo contra su presidente, Félix Maradiaga, entendiéndose como una amenaza hacia el instituto.
Inventan “delitos”
Precisamente Sirias, como director de Control de Organismos sin Fines de Lucro, fue quien solicitó a la Asamblea cancelar la personería jurídica a Cisas, la que tenía desde marzo de 1990. El decreto legislativo lo presentó con carácter de urgencia el diputado orteguista Filiberto Rodríguez, quien acusó al personal de Cisas de haber violado sus estatutos por “andar participando en asonadas y en acciones que desestabilizan” al país.
Durante la discusión en el plenario, los diputados liberales Adilia Salinas y Maximino Rodríguez señalaron que era ilegal el procedimiento porque debía ser en la Comisión de Paz y Gobernación donde se debería constatar los argumentos del Migob contra Cisas, y, que con base en un informe de esa comisión es que correspondía proceder luego.
La aplanadora orteguista se impuso pese a la oposición de sus colaboradores.
“Basta con el informe que nos manda el Ministerio de Gobernación y la solicitud que hace para la cancelación por los motivos que ya están fundados”, dijo el orteguista Filiberto Rodríguez, diputado que es señalado de haber dirigir la represión de los huestes orteguistas a las protestas en León.
Migob acusó al organismo de Quirós de actuar contra los objetivos para los que se creó, señalándole de “gestionar, recibir, canalizar y facilitar fondos para alterar el orden público y realizar acciones para desestabilizar al país”.
Ana Quirós fue expulsada de Nicaragua este lunes. LA PRENSA/U. Molina
Recrudecimiento
La directora del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), Juanita Jiménez, y el jurista y especialista fiscal Julio Francisco Báez consideraron arbitraria la acción de la Asamblea Nacional.
Juanita Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres. La Prensa/Jader Flores
“Es la continuidad de la represión y la persecución política contra las ONG y todos los críticos que hemos denunciado la barbarie que ha sucedido en Nicaragua”, aseveró Jiménez.
Ilegalidades
Báez dijo que la actuación de los parlamentarios roza con la ley por cuanto no tendrían facultades para confiscar los bienes si en el estatuto de la organización no se establece que pasen al Estado. Esto no fue aclarado en el documento del Migob ni por los legisladores.
Báez explicó que el artículo 25 de la Ley General de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro (147) “preceptúa que una vez cancelada su personalidad jurídica, sus bienes y derechos pasan a quien se estableció en el Acta Constitutiva o en sus Estatutos”.
“Solo en el caso de que no hayan precisado nada respecto de la transmisión a un tercero, es que pasaría a manos del Estado. Si el decreto de la Asamblea Nacional dice que pasan al Estado, es porque ya verificaron que en el acta constitutiva ni en sus estatutos de Cisas se previó el destinatario. ¿Ocurrió así? Nadie lo sabe”, señaló Báez.
El jurista Báez refirió además que el artículo 24 de la Ley 147, si bien se otorga a la Asamblea “la facultad exclusiva de cancelar la personalidad jurídica de un ONG”, igual “establece condiciones taxativas para hacer efectiva dicha cancelación”.
“No es por capricho ni al arbitrio de la Asamblea Nacional. ¿Se cumplieron en este caso dichas condiciones? Nadie lo sabe”, dijo Báez sobre la decisión emanada desde las altas esferas del poder.
Navarro amenaza al Ieepp
El segundo secretario de la junta directiva de la Asamblea, el orteguista Wilfredo Navarro, anunció que el Ieepp —que dirige el académico opositor Félix Maradiaga— podría ser el próximo ONG al que quitarán la personería jurídica.
“Que ponga su barba en remojo el Ieepp, que miren si han cumplido con la ley, que si no están defendiendo intereses foráneos y que si no se están prestando al manejo de los que organizaron este golpe de Estado”, dijo Navarro.
Maradiaga, exiliado en Estados Unidos, es acusado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de estar involucrado en el supuesto intento de golpe de Estado, como explica la dictadura la rebelión ciudadana surgida en su contra.
“Hay una saña particular (de la dictadura) por todo lo que implica la coherencia que hemos tenido de la defensa de los derechos humanos como organizaciones. Es la persecución del liderazgo”, dijo Juanita Jiménez, directora del MAM.
